El Gobierno de la República amplió el Estado de Calamidad por lo que se prevé que Guatemala sufra consecuencias económicas por la emergencia sanitaria por el COVID-19. Hugo Maúl de CIEN, nos comparte su perspectiva al respecto.
Para juzgar las consecuencias económicas es importante poner en la balanza las consecuencias en términos de Salud Pública, por ello no se puede hablar únicamente del impacto en términos de empleo perdido, producción sacrificada o inversiones no realizadas, sino también el valor que tendría que muchas personas se contagien y que un número importante muera, señaló el investigador del CIEN.
Maúl indicó que hay que mencionar utilizando las cifras del IGSS que aproximadamente unos 900 mil empleados privados deberían estar trabajando, hay aproximadamente laborando en las industrias unos 300 mil, es decir que 600mil no están trabajando regularmente.
De lado de la economía informal rural agrícola la gran mayoría continúan sus labores típicas. Y en la economía informal urbana, pequeños negocios como tiendas, talleres y locales comercial cada vez abren más y operan de una manera casi normal, indicó.
Maúl señaló que dos retos a los cuales deberá enfrentarse Guatemala: primero el paro productivo con el toque de queda y la cuarenta, el cual no es recuperable pues es producción y consumo que se dejó de hacer. A esto siguen los efectos de una crisis económica internacional fuerte, una recesión global ante la cual Guatemala tendrá que poner el pecho y ver qué se logra hacer.
