El juzgado de primera instancia penal de San Benito, Petén decidió ligar a proceso a la ex directora B del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social de esa localidad al determinar que podría haber incurrido en actos de fraude en la contratación de servicios para atención de pacientes con covid-19.
El juzgado de primera instancia penal de San Benito Petén, decidió ligar a proceso penal a Sandra Melina Vaides Rivera, directora B del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social de dicha localidad así como a la representante legal de la entidad mercantil Negocios Alimenticios El Petén, S.A., Ingrid Janeth Valdez Alvarado señaladas de los delitos de fraude.
Según señala la investigación de la fiscalía contra la Corrupción, Vaides avaló el pago de 2 millones 280 mil quetzales a la entidad representada por Valdez, para así pagar el servicio de hotelería y albergar a pacientes leves o asintomáticos de COVID-19 durante los meses de noviembre y diciembre de 2020.
Dicho monto cubría el servicio de 100 camas, no obstante al revisar los registros durante esos meses únicamente fueron atendidas 25 personas, pese a esto el monto fue pagado en su totalidad.
Además también se constato que aunque se ofreció el servicio del hotel San Vicente, este solamente constaba con servicio de 21 camas y no de 100 como lo ofrecían por lo que finalmente el servicio fue dado a un turicentro denominado Santa Isabel, mismo que no esta habilitado para ser contratado por el estado.
Por su parte, las autoridades del Instituto Guatemalteco de Seguridad social indican que se realizaron las gestiones necesarias para la protección del patrimonio, integridad y probidad de la institución por lo que quedará a cargo de las entidades de justicia el esclarecimiento del caso.
Mientras tanto tanto Vaides como Valdez fueron ligadas a proceso penal por el delito de fraude, así también se les otorgó medida sustitutiva que consiste en arresto domiciliar, arraigo, obligación de firmar el libro de asistencia cada 15 días, no acercarse a sujetos procesales y una caución económica de 60 mil y 100 mil quetzales respectivamente.
Para completar la investigación, el juzgado otorgo un plazo de 3 meses al ministerio público
