El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) publicó este jueves directrices sobre quién debe ser priorizado para la aplicación de la ley de inmigración, siguiendo un conjunto de indicaciones provisionales publicadas a principios de la administración Biden.
El DHS está volviendo a las medidas de aplicación de la inmigración de la era de Obama, basadas en un sistema de prioridad en lugar del enfoque más agresivo adoptado bajo la administración de Trump. Ese enfoque, argumenta el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, tiene en cuenta los recursos limitados del departamento y el hecho de que un “no ciudadano removible no debe ser por sí solo la base de una acción de aplicación de la ley contra ellos”.
Mayorkas se comprometió a publicar pautas tras asumir la dirección del departamento. Al igual que las directrices publicadas en febrero, las de este jueves se centran en la seguridad nacional, la seguridad pública y la seguridad fronteriza, pero hacen mayor hincapié en la discreción de los agentes.
El departamento dará prioridad a ciertos inmigrantes indocumentados para su detención y deportación, incluidos los sospechosos de terrorismo, alguien con una conducta delictiva grave o personas que hayan cruzado recientemente la frontera de forma ilegal.
“Estas directrices no adoptan un enfoque categórico. Exigen una determinación individualizada en cada caso. Hay que evaluar al individuo, investigar los hechos, comprender la totalidad de los hechos y circunstancias y luego determinar si el individuo representa de hecho una amenaza para la seguridad pública”, dijo Mayorkas a los periodistas este jueves.
Un enfoque “específico”
En el memorando emitido este jueves, Mayorkas escribe que se estima que hay 11 millones de personas indocumentadas en Estados Unidos. “No tenemos los recursos para detener y expulsar a cada uno de estos no ciudadanos”, escribió al director en funciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, Tae Johnson.
En el ejercicio de la discreción para las detenciones y deportaciones de inmigrantes, Mayorkas dice que el departamento se guía por el hecho de que la mayoría de los inmigrantes indocumentados en EE.UU. han sido “miembros contribuyentes de las comunidades durante años”, incluyendo a las personas en la primera línea de la lucha contra covid-19.
Las nuevas directrices abogan por un enfoque “específico” de la aplicación de la ley de inmigración.
Por ejemplo, un inmigrante indocumentado sospechoso de terrorismo o espionaje es una prioridad para su detención y expulsión, según el memorando. Al igual que alguien que suponga una “amenaza actual para la seguridad pública, normalmente debido a una conducta delictiva grave”.
El memorando reconoce que las amenazas a la seguridad pública no se determinarán mediante “líneas claras o categorías”, sino que se requiere una evaluación del individuo y de la totalidad de las circunstancias.
Los factores agravantes pueden ser los antecedentes penales graves o el uso de un arma. Por su parte, los factores atenuantes pueden ser la edad, la salud mental o una larga estancia en Estados Unidos.
¿Qué se considera una amenaza?
Se considera que un inmigrante indocumentado es una “amenaza para la seguridad fronteriza” si se le detiene en la frontera o en un puerto de entrada intentando entrar ilegalmente en Estados Unidos. También si se le detiene dentro de Estados Unidos después de haber ingresado ilegalmente después de noviembre de 2020.
La nueva orientación entra en vigor en 60 días, el 29 de noviembre de 2021, y sustituye a la orientación provisional publicada en las primeras horas de la administración Biden.
La administración Trump amplió el alcance de las detenciones, eliminando la aplicación selectiva y prometiendo repetidamente que cualquier persona que viole las leyes de inmigración puede ser objeto de arresto, detención y deportación.
Desafíos legales por la inmigración
Pero las prioridades de aplicación ya son objeto de litigio. En septiembre, un tribunal federal de apelación ha paralizado en gran medida la orden de un juez que bloqueaba las prioridades de aplicación de la administración.
El caso, presentado por Texas y Louisiana, impugnaba un memorando emitido a principios del mandato del presidente Joe Biden que ordenaba al Servicio de Inmigración y Aduanas centrar sus detenciones en determinados inmigrantes indocumentados, especialmente en aquellos que suponían un riesgo para la seguridad nacional o tenían antecedentes penales graves.
El Tribunal de Apelaciones del 5º Circuito de EE.UU. consideró que las disposiciones no eliminan la “amplia discreción” de los funcionarios de inmigración para decidir quién debe enfrentarse a las medidas de aplicación de la ley, según el fallo. La parte de la orden judicial que no quedó en suspenso ya se ajusta al protocolo general de aplicación de la ley.
“Por estas razones, no vemos una fuerte justificación para concluir que los estatutos de detención (de la Ley de Reforma de la Inmigración Ilegal y Responsabilidad de los Inmigrantes de 1996) anulan la arraigada tradición de la discreción en la aplicación de la ley cuando se trata de decisiones que ocurren antes de la detención, como quién debe ser objeto de arresto, detenciones y procedimientos de expulsión”, dice el fallo, escrito por el juez Gregg Costa.
“Esto significa que Estados Unidos ha demostrado la probabilidad de prevalecer en la apelación en la medida en que el requerimiento preliminar impide que los funcionarios se basen en las prioridades de aplicación de los memorandos para las decisiones no relacionadas con la detención”, añadió Costa.
El panel estaba formado por dos personas nombradas por Obama y una por George W. Bush.
Con la decisión del 5º Circuito, la orden del tribunal inferior quedará en gran medida en suspenso mientras se resuelve el caso en cuanto al fondo, a menos que los estados rojos consigan que intervenga el 5º Circuito en pleno o el Tribunal Supremo de EE.UU.
*Con información de CNN
