Tras la captura de 18 personas vinculadas a un caso de corrupción en el Instituto de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología, Insivumeh, el Ministerio Público analiza la posibilidad de solicitar dos levantamientos de antejuicio.
Derivado de las investigaciones preliminares que llevo a la captura de 18 personas vinculadas a un caso de corrupción dentro del Instituto de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología, Insivumeh, así como la espera de la ejecución de 10 ordenes de captura más, las primeras indagaciones señalan a dos diputados de la actual legislatura del congreso de la república.
Aunque de momento, la fiscalía contra la corrupción, afirma que no ha presentado alguna petición de antejuicio en contra de los parlamentarios, los señalamientos enmarcan al quinto secretario del congreso, Jorge Adolfo de Jesús García Silva, y al ex ministro de comunicaciones y actual diputado Josué Lemús.
De acuerdo a la explicación dada por el ente investigador, el 21 de noviembre de 2020, se recibió una denuncia donde se indica que un diputado, siendo este posiblemente García Silva, facilito contratos de servicios de asesoría a personas vinculadas a su partido y familiares para beneficios en la adjudicación contratando a una entidad mercantil por 21 millones de quetzales, vinculada a él y a su esposa, Mirtha Trinidad Monterroso, quien al momento es prófuga de la justicia, asi como un contrato por un millón 980 mil quetzales con otra entidad comercial vinculada al esposo de una asesora de la bancada Prosperidad Ciudadana.
Supuestamente, aprovechando influencias políticas y de poder la abogada Sabrina María Veliz Castañeda, quien es asesora de la bancada y que también es asesora del Insivumeh, en conjunto con el director del instituto Yeison Samayoa, habrían logrado obtener una modificación presupuestaria a través del decreto 20-2020, para que se incluyera una asignación de 30 millones de quetzales para la compra de un radar para tecnificar la red meteorológica, como parte de los gastos prioritarios para combatir la pandemia de COVID-19.
La empresa que proporciono dicho radar, se encuentra ligada al parlamentario García Silva.
Según el Ministerio Público, para lograr dicha adjudicación, se utilizaron diversas artimañas, contratando así a las empresas mercantiles, sin contar con la experiencia necesaria, las capacidades técnicas y las especialidades afines para prestar los servicios, situaciones que fueron avaladas por el entonces ministro de comunicaciones y ahora diputado al congreso, Josué Lemus.
Aunque de momento no se han presentado solicitudes de levantamiento de antejuicio, el ente investigador asegura que se accionara conforme a lo que establezca mediante las investigaciones.
