El Ministerio Público reconoce que uno de los mayores desafíos es ganarse la confianza para que la población afectada denuncie las extorsiones.
Desde la Fiscalía Contra la Extorsión del Ministerio Público y la División Nacional Contra el Desarrollo Criminal de las Pandillas Dipanda de la Policía Nacional Civil hacen los esfuerzos, aunque a veces los supera el temor que existe para denunciar este delito.
La ola de criminalidad vinculada con este delito, afecta emprendimientos y el patrimonio de miles de guatemaltecos, como lo reveló el último informe del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales Cien. Mientras la autoridades continúan con operativos.
Los casos han ido al alza en la Ciudad de Guatemala, Mixco y Villa Nueva, en el departamento de Guatemala y también en las cabeceras departamentales de Quetzaltenango, Escuintla y Suchitepéquez.
Son más de 3 mil casos los que registró el Centro de Investigaciones Económicas Nacionales en su informe y que llamó a las autoridades a ponerle atención a este flagelo que incluso en las últimas horas se ha cobrado la vida de pilotos de taxis y trabajadores de camiones recolectores de basura.
El delito de extorsión ha afectado de manera directa a la población guatemalteca, según las autoridades se han enfocado en fortalecer la respuesta a este delito a través de la creación de agencias fiscales en los lugares donde se registra un mayor índice delincuencial,
Guatemala registró durante los últimos tres años un total de 17.457 denuncias por extorsiones, de acuerdo a datos de la organización humanitaria Grupo de Apoyo Mutuo (GAM).
Las principales víctimas de este delito son los propietarios de tiendas, comerciantes y el transporte de pasajeros, quienes, en muchos casos, son asesinados si no pagan, según un informe divulgado este año por la misma fuente.
