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Agrupaciones convocan a paro nacional para frenar corrupción

16 septiembre, 2017 Agence France-Presse

Grupos sociales de Guatemala lanzaron este sábado una convocatoria para llevar a cabo un paro nacional el miércoles 20 de septiembre, con esto buscan exigir la renuncia del presidente Jimmy Morales y la depuración del Congreso. Esto ocurre luego de una convulsa noche de protestas contra la corrupción el 15 de septiembre, día de la Independencia Nacional.

El llamado al paro nacional es apoyado por diversas entidades campesinas e indígenas, el movimiento ciudadano contra la corrupción y la impunidad Justicia Ya y la estatal Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac). El sector privado organizado no se ha pronunciado.

El miembro de Justicia Ya Gabriel Wer adelantó que las demandas serán tres: la renuncia de los 107 diputados que votaron a favor de las leyes de impunidad, la del gobernante Morales y una reforma integral a la Ley Electoral y de Partidos Políticos.

Foto: Fabricio Alonzo.

El miércoles “saldremos a las calles en contra del actuar nefasto de los diputados que buscan pactos de impunidad y corrupción (…). Nuestras aulas serán las calles”, afirma a su vez en un boletín la Asociación de Estudiantes Universitarios de la Usac (AEU).

Es necesaria la movilización en las calles porque es la que permite transmitir el repudio hacia las autoridades y hacer presión”, aseguró Lenina García, secretaria general de la AEU.

El Congreso

Foto: Fabricio Alonzo.

El llamado fue hecho después que la policía evacuó el viernes a decenas de legisladores que permanecieron unas siete horas en el interior del Parlamento, mientras en el exterior decenas de personas protestaban y eran reprimidas por los uniformados con gas pimienta.

Los parlamentarios permanecieron en el Congreso después de una sesión en la que retiraron dos polémicas reformas del Código Penal, destinadas a blindar a los líderes políticos contra posibles acusaciones de financiamiento ilegal.

Foto: Canal Antigua.

Las modificaciones pretendían desligar a los secretarios generales de los partidos de eventuales persecuciones penales.

El Congreso había aprobado además otro controvertido cambio del Código Penal: hasta ahora un delito penado con hasta 5 años de prisión podía ser excarcelable mediante fianza, pero los legisladores ampliaron el margen a los delitos sancionados con hasta 10 años de cárcel.

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