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Antes que llegue la justicia, mueren 4 sobrevivientes de masacre Ixil

19 agosto, 2017 Coralia Orantes Diario Digital

A cuatro años que la Corte de Constitucionalidad (CC) anuló el fallo contra el General Efraín Ríos Montt. Cuatro testigos han fallecido, sin poder declarar nuevamente ante el Juzgado  A de Mayor Riesgo de los supuestos vejámenes y abusos autorizados por el militar en el Triángulo Ixil y Petén en 1982 y 1983.

Jacinto de Paz un hombre de 87 años, falleció el jueves 17 de agosto a las 20.00 en Santa María Nebaj, Quiché. “Él era de los sobrevivientes que participó en las audiencias que realizó el Juzgado en abril del 2016” aseguró  Edwin Canil de Asociación para la Justicia y Reconciliación (AJR).

Jacinto de Paz.Foto: AJR

La AJR funge como querellante adhesivo en el proceso. A la lista se suman,  Clemente Vásquez Mateo quien falleció el 29 de julio 2014; Pedro Chávez Brito murió el 13 de marzo 2015 y Miguel Matom Ramírez.

Clemente Vásquez Mateo. Foto: AJR

Tres de los testigos han fallecido por falta de atención médica, debido a que vivían en aldeas alejadas, que podrían tardar hasta 3 o 4 horas para llegar a Nebaj, explicó Canil. En tanto Miguel Matom falleció por haberse asfixiado al consumir erróneamente alimentos. Todos se dedicaban a la agricultura.

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Durante el debate, fueron escuchados al menos 100 testigos. Los jueces admitieron 130 testigos pero por enfermedad o no poderse trasladar a tribunales, muchos de ellos no pudieron asistir a las audiencias, explica Edwin.

Pedro Chávez Brito. Foto: AJR

Juicio Especial

En marzo, la jueza Claudette Domínguez, titular del Juzgado A de Mayor Riesgo ordenó un juicio especial contra el general Ríos Montt. La defensa del militar alega que su patrocinado padece de demencia, lo cual lo incapacita de enfrentar un debate.

Este será a puerta cerrada, con la ausencia del expresidente de facto; pero con la representación de Zury Ríos, su hija.

Según la Fiscalía, Ríos Montt, habría planificado y autorizado que fuerzas del Ejército ingresaran a la aldea Las Dos Erres, La Libertad, Petén, en donde habrían muerto al menos 200 campesinos, durante 1982 y 1983.

También se acusa que el general retirado también habría autorizado aplicar la operación de “tierra arrasada” contra las comunidades indígenas del Triángulo Ixil.

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