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Anticorrupción ¿y después qué más?

11 mayo, 2017 Redaccion Contrapoder

Escrito por Jorge Benavides

Han pasado dos años desde que un grupo amplio de guatemaltecos alzó la voz en contra de la corrupción, pero no es suficiente si queremos desarrollo.

Una visión vetusta de la función pública centra su atención solamente en cuánto se gasta y en qué hay que gastar más. Son pocos quienes consideran la palabra inversión en lugar de la palabra gasto, pero aun así, el énfasis es en trasladar recursos para atender las demandas ciudadanas.

La expresión pública en contra de la corrupción que se hizo evidente en la gestión de algunos funcionarios, fue un llamado a constatar que la gestión pública sea transparente. Ahora bien, más allá de la transparencia, una gestión pública moderna debe considerar dos componentes más que hacen parte de la fórmula que garantiza que el actuar del Gobierno se traduzca en la generación de Valor Público, uno de los conceptos más importante en la concepción de la Gestión Pública para Resultados de Desarrollo (GpRD). Estos componentes son la Pertinencia y la Eficiencia.

En cuanto a la Pertinencia, el punto clave es hacer lo que hay que hacer. En un mundo de innumerables necesidades, la función pública debe ser capaz de priorizar las demandas ciudadanas y ordenarlas según cada una permita desencadenar beneficios conexos. ¿El Estado debe hacer de todo? Probablemente no; sin embargo, debe estar muy claro lo que efectivamente constituye una responsabilidad del Estado delegada a funcionarios específicos a cargo de la gestión pública.

La Eficiencia es un concepto mucho más común de escuchar y leer en análisis sobre la gestión pública nacional. Hacer referencia a que no solo importa hacer bien las cosas, sino asegurar que es la mejor opción dentro de las opciones posibles. Reconociendo que las necesidades siempre excederán la capacidad de captar recursos para satisfacerlas, la gestión pública debe considerar los caminos viables para hacer lo mismo con menos recursos, hacer más con los mismos recursos, o incluso, hacer más con menos recursos.

Por último, la Transparencia hace alarde de mostrar lo que se hace, pero mucho más importante, corrobora que se hizo lo que los funcionarios públicos se comprometieron a hacer. No solo implica mostrar lo que se hace, sino certificar que normas, procesos, decisiones, y adjudicaciones se hagan de conocimiento público y en estricto cumplimiento de la ley.

La GpRD alude a que el objetivo de la gestión pública es agregar valor a la población, lo cual se traduce en resultados en materia de desarrollo. Conceptualmente es sumamente enriquecedor vislumbrar la función pública como la suma de la Pertinencia, la Eficiencia y la Transparencia. Pero además del concepto, esfuerzos recientes han procurado medir cada uno de estos componentes como factores esenciales en la generación de valor público.

Según datos 2015, Guatemala cuenta con una evaluación de 25.64 sobre 100 en cuanto a la generación de Valor Público, como resultado de tres mediciones: 19.88 en Pertinencia, 28.90 en Eficiencia, y 28.14 en Transparencia. Para 24 países en el continente, Guatemala ocupa la posición ocho, habiendo países con evaluaciones superiores como es el caso de México, Chile, Colombia, Perú, Costa Rica y Uruguay, por mencionar algunos.

Estos datos, pendientes de actualizarse, invitan a reflexionar sobre el esfuerzo que se ha realizado. Es indiscutible que hay una línea clara de acciones encaminadas a mejorar la transparencia, más allá de sólo combatir la corrupción; no obstante, no salen a la luz esfuerzos que estén orientados a mejorar las otras dos áreas que son de vital importancia para lograr una gestión pública moderna.

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