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Comienza arbitraje por caso TCQ contra el Estado de Guatemala

11 septiembre, 2018 Marco Sajquin

La filial española del grupo Maersk, APM Terminals, notificó al gobierno que comenzará el proceso de arbitraje internacional en contra del Estado de Guatemala por el caso TCQ.

Antecedentes

El 27 de mayo de 2016 la Procuraduría General de la Nación (PGN) interpuso un amparo ante la sala quinta del Juzgado Contencioso Administrativo y solicitó la nulidad del contrato de usufructo.

Este usufructo es la base legal para la construcción y operación de la Terminal de Contenedores Quetzal (TCQ).

El 5 de diciembre de ese año la Procuraduría declaró nulo el contrato, lo cual, asegura APM en un comunicado, los coloca en «incertidumbre y riesgo».

«La compañía ha dedicado tiempo y esfuerzos para tratar de resolver la situación que se originó antes de nuestra adquisición de la Terminal Puerto Quetzal, pero luego de dos años y medio, la situación no se resuelve», refiere Mogens Larsen, director de la división de APM Terminals para Latinoamérica.

De esa cuenta, explica Larsen, se ven obligados a «proteger la inversión sustancial» que han realizado.

APM genera unos 400 empleos directos e indirectos, opera a un 80 por ciento, y cuenta con planes de expansión y mejoramiento para «cumplir con los requisitos de mercado y ayudar a Guatemala a mantener el liderazgo regional estratégico en el manejo de contenedores», explica el comunicado.

Larsen añade que el cierre de la terminal y la nulidad del contrato tendrían un «impacto negativo severo en el comercio exterior y el empleo» de Guatemala.

Con el arbitraje, el Estado podría ser obligado a compensar el deterioro de las instalaciones y pagar la inversión de la compañía que actualmente asciende a unos US$200 millones.

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