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ACTUALIDAD

Así nace un asentamiento

11 febrero, 2017 Asier Andres ContraPoder

El caos urbano circundante es producto de un caos aún mayor. Empresarios sin escrúpulos, abogados especializados en apropiarse de terrenos, partidos políticos puramente clientelares y una población desesperada por contar con un techo. Todos coinciden en lo alto de un cerro de San Pedro Ayampuc en el que está naciendo una colonia en la que nadie desearía vivir.

El capitalismo de los pobres

Humberto Jurado aún recuerda a su primer jefe, un inglés que administraba una gran empresa de motores, y que estaba obsesionado con que las cuentas siempre cuadraran y las previsiones de negocio se cumplieran al milímetro. Era la década de 1970 y Jurado era un bachiller industrial recién graduado, pero ya entonces era consciente de que esa forma de hacer funcionar una empresa no era necesariamente la única.

Jurado sabía que una empresa será exitosa si vende algo que mucha gente necesita, aunque estos sean pobres, y que un empresario será próspero si sabe ver un negocio donde nadie lo había visto.

Su entrada en el sector inmobiliario, a comienzos de la década de 1980, fue casual. Su padre, un hombre trabajador que dedicó su vida a un restaurante situado frente al cementerio general de la Ciudad de Guatemala llamado El Último Adiós, le dejó en herencia terrenos en Sacatepéquez y él pensó en construir casas. Eran tiempos favorables para el negocio. El terremoto de 1976 había dejado a miles de habitantes del área metropolitana de la ciudad sin hogar, y el Estado apoyaba la construcción de viviendas con créditos subsidiados a través del Banco de la Vivienda (Banvi), que sirvieron para desarrollar proyectos de vivienda popular como Nimajuyú, Venezuela, o varias colonias de las zona 6, 12 y 18.  Eran los tiempos en el que el Estado aún aspiraba a controlar el crecimiento urbano y facilitar a las clases más humildes lo que el mercado, enfocado en las clases medias, no ofrecía: una vivienda digna.

Jurado comenzó a trabajar en proyectos del Banvi y a crecer modestamente. Compró terrenos en la zona 21 y en Boca del Monte, y desarrolló proyectos de entre 100 y 200 lotes. El negocio era seguro porque un banco público seleccionaba y financiaba a los compradores. A cambio, exigía a los constructores que las viviendas contasen con una cierta calidad y los servicios mínimos.

Pero ese esquema se fue degradando con el paso de los años. El Banvi desapareció y dejó paso a instituciones como el Fondo Guatemalteco para la Vivienda (Foguavi) que se limitaban a subsidiar a los constructores para que desarrollaran viviendas populares. Miles de personas comenzaron a llegar a la ciudad producto de la guerra interna y la falta de oportunidades en el  campo. Los asentamientos –terrenos sin urbanizar ocupados por personas pobres que improvisaban sus casas con una inversión mínima en materiales– proliferaron en los barrancos, y alrededor de las colonias que había financiado el Banvi.

Humberto Jurado se adaptó a las nuevas circunstancias. Ahora tenía que salir a buscar a sus compradores potenciales. Pronto comprendió que sus clientes estaban en los asentamientos. En cada desalojo judicial de un terreno ocupado, había una oportunidad de negocio. Cada vez que un deslave o el desbordarmiento de un río dejaba a alguien sin casa en un asentamiento, se generaba un nuevo cliente.

Jurado entendió que aunque vivir ocupando tenía una ventaja: el terreno es gratis y los servicios no siempre se pagan,  los habitantes de estos lugares por lo general anhelan dejar de cargar con el estigma social que implica vivir en un asentamiento. Aunque el lugar al que trasladen sea bastante parecido.

Este hecho se convirtió en el reclamo principal del negocio de Jurado.  Ofrecer a los pobres dejar de alquilar y ser propietarios de un inmueble que legar a sus hijos. Venderles el sueño de vivir en una colonia.

El empresario comenzó a buscar terrenos baratos, alejados del centro de la ciudad, y casi siempre en pendiente, a invertir lo mínimo en urbanizarlos, en ocasiones casi nada, y a atraer a personas provenientes de asentamientos a quienes ayuda a tramitar el subsidio del Foguavi.

Sus clientes son pobres, personas a las que él describe como “sin cultura de pago ni capacidad de pago”, pero que sí son capaces de vivir durante meses sin agua, ni luz, ni saneamiento, en la cima de un cerro. Tienen poco, pero piden menos. Compran un pedazo de tierra en una colonia de calles de tierra dando un enganche de Q500 o menos. Después son ellos quienes tienen que luchar porque la empresa eléctrica lleve el tendido eléctrico, que la municipalidad financie la construcción de un pozo de agua, que partidos políticos u ONG donen materiales de construcción para ir mejorando las casas.

Este negocio tiene ventajas, pero también inconvenientes. Los bancos, especialmente la banca privada, no financia proyectos inmobiliarios en áreas marginales. Ni dan préstamos a los compradores, ni a los constructores. En caso de que se tengan que ejecutar las hipotecas, las entidades de crédito no desean convertirse en propietarias de un pedazo de cerro en San Pedro Ayampuc, controlado por la Mara Salvatrucha (MS) y poblado por personas que se atrasan en sus pagos constantemente.

Así que para sus proyectos, Jurado solo ha podido confiar en algunos préstamos del estatal Crédito Hipotecario Nacional (CHN), en el apoyo de inversores privados, y en el Foguavi, que por lo general tarda años en desembolsar los fondos o no los desembolsa en absoluto.

Cuando Jurado eligió apartarse de la senda que marcaba aquel gerente inglés, también eligió entrar en un mundo de incertidumbre, en el que se puede ganar dinero, pero también perderlo todo.

Foto: Luis Soto - CP
Humberto Jurado acudió a Foguavi para financiar el proyecto de Brisas de San Pedro (Foto: Luis Soto – CP)

Resulta evidente que él no se ha hecho rico. Sus oficinas están en un oscuro edificio de la zona 3 a unas cuadras del cementerio general, donde siempre vivió su padre. Es un hombre de unos 55 años que viste camisas de polyester estampadas y desabotonadas hasta el pecho.

Las denuncias en su contra se acumulan. El Foguavi le acusa de estafar Q7.8 millones. Una habitante de una sus colonias sostiene que trató de asesinarla por liderar un movimiento de vecinos en su contra, aunque la investigación fue desestimada por el Ministerio Público. El CHN ha ejecutado las hipotecas varios de sus terrenos y mantiene embargados algunos de sus bienes más valiosos.

El parece acostumbrado a todo eso. Pero hay un proyecto inmobiliario que le preocupa especialmente. Debió ser su colonia más grande y se ha convertido en su principal quebradero de cabeza. Cuando habla sobre Brisas de San Pedro, Jurado resopla, y asegura que le dan ganas de “dejar de trabajar con los vivos”, que le dan ganas de comenzar a desarrollar cementerios.

La cima de un cerro

Para llegar a Brisas de San Pedro hay que atravesar el cinturón de colonias populares y asentamientos de la zona 18. La carretera atraviesa la Atlántida, a la izquierda queda la Kennedy y la Juana de Arco, arriba domina Santa Elena II, y III. La carretera sigue trepando, revelando el paisaje urbano de la zona 18, oculto desde cualquier otro punto de la ciudad. El Limón es un laberinto de calles que primero se hunden en un hoyo y después trepan hacia lo alto de un cerro. No hay parques, ni árboles, ni espacio libre, nada que no sea concreto y zinc. A la entrada, los vecinos hacen cola para subirse a los buses que les llevaran a sus empleos en la ciudad. Unos estudiantes se dirigen hacia el instituto de Fe y Alegría, un centro que debe ser protegido de las pandillas por una autopatrulla de la policía. Al entrar en la colonia Maya, todo se convierte en un interminable y caótico mercado. La carretera que se dirige a San Pedro Ayampuc parte de una esquina cualquiera. A partir de entonces, la densidad de población desciende. Aparece el verde de los cerros y de vez en cuando alguna pequeña plantación de café. Se multiplican los vertederos clandestinos sobre los que sobrevuelan los zopilotes. Junto a la carretera hay algunas lotificaciones cercadas por muros en las que nunca se llegaron a construir casas. Huele a basura y a granja avícola. En Lo de Reyes, a 16 kilómetros de la ciudad, cerca ya de San Pedro Ayampuc, un adolescente carga leña a sus espalda con un mecapal. Enfrente, en la entrada de una agencia bancaria un guardia privado ordena a un par de jóvenes de no más de 14 años, que levanten sus camisas para demostrar que no están armados. Un poco más de adelante se extiende Brisas de San Pedro, un colonia de unas tres mil casas, que trepa por un cerro.

***

El terreno donde se asienta Brisas de San Pedro fue una finca cafetalera. Las ruinas de la antigua casa patronal aún existen, aunque los muros están ahora marcados con los símbolos de la MS. Este edificio se encuentra en la parte plana de la colonia, que está dominada por un mercado que fue construido por Humberto Jurado. Los vendedores pagan una renta de Q50 mensuales en una pequeña oficina que ha instalado Jurado entre los puestos. En los días de pago, una empleada del empresario llega a la colonia con una caja de caudales en una mano y la compañía de un hombre armado de una escopeta.

El mercado es la única parte de la colonia en la que las calles están pavimentadas y se han construido drenajes. Más allá, se extienden hacia el cerro, casi 800 hectáreas de casas de todo tipo. Desde construcciones de block de dos niveles, hasta champas improvisadas con nylon negro y madera. Aunque las calles son suficientemente anchas para el paso de vehículos, nadie es propietario de uno aquí. No hay pavimento, ni banquetas, ni cunetas. Lodo cuando llueve, polvo en la estación seca. Los únicos servicios públicos son luz y agua, que nunca fueron proporcionados por Jurado, si no que costaron muchos años de trámites y protestas. El suministro de agua, además, solo llega durante tres horas una vez a la semana. Entonces, los vecinos aprovechan para llenar pilas, depósitos y cualquier recipiente a mano.

La colonia está atravesada por varias fronteras solo visibles para quienes viven aquí. En la parte baja hay un sector conocido como La Viña. Fue propiedad de Jurado, quien lo utilizó como garantía de un préstamo otorgado por el CHN, pero cuanto se supo que el terreno había sido embargado y pertenecía a un banco público, fue ocupado. Muchos vecinos critican a los habitantes de La Viña, por supuestamente conservar una mentalidad de “asentamiento”, de no querer pagar por nada y cortar carreteras cuando tienen un problema.

La mayor parte de la área baja, sin embargo, la ocupa el llamado sector I, que comenzó  a ser poblado a mediados de la década de 1990, aunque gran parte de sus actuales habitantes son personas originarias de la cuenca del Motagua, que perdieron sus casas en el huracán Mitch y llegaron aquí entre 1998 y 2000. Jurado logró un convenio con el Foguavi para urbanizar 750 lotes para los desplazados y a cambio recibió unos Q9 millones que debía invertir en  convertir el lugar en una verdadera colonia. El resto lo aportaron los vecinos. En 2013 el Foguavi denunció a Jurado por estafa, por haber incumplido el contrato, aunque el Ministerio Público aún no ha investigado el caso.

En el sector I, al menos, sí hay algunos habitantes que se convirtieron en propietarios legales de sus casas cuando las terminaron de pagar, algo que no pueden decir casi nadie en Brisas de San Pedro.

El sector II fue poblado hacia 2003, durante el gobierno del presidente Alfonso Portillo, cuyo retrato aún se exhibe en algunas casas y tiendas. Los vecinos llegaron de los asentamientos que se fueron creando en el centro de la ciudad en los terrenos próximos a vías férreas, que habían sido ocupados por pertenecer al Estado. Portillo ejecutó los desalojos pero prometió a los habitantes llevarles a un lugar mejor, a un colonia en la que tendrían títulos de propiedad y un subsidio del Foguavi. Jurado transportó en camiones a muchos de ellos hasta aquí, cuando era solo un montaña sin urbanizar, y les explicó que los terrenos costaban Q30 mil, pero que el Foguavi pagaría Q15 mil y ellos el resto.

Hasta hoy, la mayoría de vecinos desconoce si el Estado llegó desembolsar el subsidio. El Fondo para la Vivienda (Fopavi, sucesor del Foguavi) aseguró a ContraPoder que no conserva registros de este proyecto, aunque algunos vecinos aseguran que Jurado sí recibió el dinero.

Muchos no han terminado de pagar el terreno, siguen atrapados en los recargos por mora, y ya han perdido la cuenta de lo que han desembolsado o lo que les resta. No piensan en convertirse en los dueños legales de sus casas. Algunos han tratado de obtener sin éxito el título de propiedad  tras cancelar sus deudas, pero aseguran haber chocado con la imposibilidad de conseguirlo: los terrenos siguen hipotecados por Jurado. Otros simplemente no pagan y solo esperan no ser desalojados.

Foto: Luis Soto - CP
El asentamiento se divide en tres sectores. El tercero está situado en lo alto de la cima y está habitado por personas procedentes de la línea férrea y damnificados de desastres naturales. (Foto: Luis Soto – CP)

Desde la parte superior del cerro, el sector III mira al resto de la colonia. Hay unas 300 viviendas, habitadas en su mayor parte por personas procedentes también de la línea férrea o por damnificados de tormentas o deslaves que solo ellos recuerdan. El sector III, que ocupa unas 38 hectáreas, no obstante, permanece baldío en gran parte. Demasiado escarpado, demasiado alejado de la carretera como para resultar habitable. Hasta ahora.

Desde finales de 2015, técnicos de la Secretaría de Asuntos Agrarios (SAA) realizan mediciones en el lugar y los vecinos dedican los domingos a desmontar y retirar la basura. En la cima de este cerro se está formando una nueva colonia sin luz, ni agua ni saneamiento en la que pronto comenzarán a instalarse las primeras champas.

***

En Brisas de San Pedro casi todo salió mal desde el principio, explica Humberto Jurado. El terreno era demasiado grande, el proyecto demasiado ambicioso. Más aún si el desarrollador carecía de financiación y dependía de unos subsidios del Foguavi que nunca llegaban. Por eso, el banco CHN terminó ejecutando la hipoteca de una parte de los terrenos y embargando otra parte. Por eso, uno de los financistas a los que Jurado tuvo que recurrir, Carlos Enrique Marroquín, un misterioso empresario que aportó dinero y el uso de maquinaria, también acabó  convertido propietario de una de las fincas, la que corresponde al sector III, como pago de una deuda.

En junio de 1996, Marly, una sociedad anónima controlada por Marroquín, denunció a Jurado por impago de deuda. Marly había aportado unos Q2 millones para desarrollar Brisas de San Pedro y quería recuperar su inversión. Para compensar a Marroquín, un juzgado decretó el embargo del sector III y este pasó a manos de Marly.

Entonces empezaron los problemas para Marroquín. El empresario que había financiado a Jurado, comenzó una guerra legal con  su propio abogado, un influyente asesor de la Cámara del Agro especializado en propiedad inmueble, llamado Alfredo Muñoz Payeras. Marroquín demandó su representante legal por estafa y despilfarro del dinero de sus empresas. Muñoz Payeras contraatacó denunciando a su cliente por impago de sus honorarios.

En junio de 2000 Marroquín fue detenido en el aeropuerto de Miami, Estados Unidos, por tratar de salir del país con US$72 mil en efectivo que no declaró en la aduana. En septiembre de ese año, fue condenado a cuatro meses de cárcel y dos años de libertad supervisada, como muestran los archivos judiciales del gobierno federal de Estados Unidos. Sin embargo, en febrero de 2001, se emitió una orden de captura internacional en su contra cuando las autoridades de Estados Unidos ya no pudieron localizarlo.

En 2009, Marroquín sería extraditado desde México porque una corte de San Diego, California, lo acusaba de otro delito: formar parte de una estructura internacional de tráfico de cocaína, según documentos oficiales consultados por ContraPoder.

Mientras huía de la justicia estadounidense, en noviembre de 2001, Marroquín vende la finca que corresponde al sector III de Brisas de San Pedro, al que había sido su propietario: Humberto Jurado. El empresario recuperó el terreno a cambio, según él, de Q7 millones, aunque el valor declarado en el Registro General de la Propiedad, fue de solo Q50 mil.

Pero Jurado no pudo disfrutar mucho de su inversión. Antes de  la venta, Muñoz Payeras, había logrado que la finca fuese embargada a Marroquín por un tribunal por el impago de sus honorarios, y finalmente logró hacerse con ella.

No fue casualidad. Muñoz Payeras es un abogado habilidoso que carga con un historial de participar en la usurpación de propiedades.

En una de las querellas presentadas en su contra, Marroquín lo describe así:  “El Lic. Muñoz Payeras me fue presentado como un excelente abogado y no puedo menos que reconocer que la impresión que me causó fue la de un caballero, de ahí que empecé a otorgarle confianza al contratarlo para que llevara mis asuntos personales y corporativos sin siquiera imaginar la calidad y el grado de peligrosidad de dicho sujeto”.

Foto: Archivo
El mercado es la única parte de la colonia en la que las calles están pavimentadas y se han construido drenajes. (Foto: Archivo)

El negocio de la propiedad

Boris Lemus es un ingeniero agrónomo que en 1990 soñó con desarrollar un gran plantación de madera cuya venta, 25 años después, le garantizase una jubilación desahogada. Pero nada terminó como él esperaba. Hoy, Lemus se siente de víctima de un fabuloso robo, el robo de más de Q100 millones en teca. Además, tiene miedo, y por eso no quiso explicar a ContraPoder cómo un abogado llamado Alfredo Muñoz Payeras, se apropió de su principal negocio. Por eso, este relato está construido a partir de expedientes judiciales e información de registros públicos.

En diciembre de 1990, una empresa propiedad de Lemus arrendó 10 caballerías de una finca llamada Sebax, en Senahú, Alta Verapaz, a su propietario: Benjamin Ponce. En el contrato de alquiler se estableció que la tierra se dedicaría a cultivos forestales y que la renta sería la siguiente: “Q100 y además el 40 por ciento del valor del inventario del bosque que se plante”, una vez fuese vendido.

Al inscribir formalmente el arrendamiento, el Registro General de la Propiedad, solicitó a los firmantes que aclarasen la periodicidad del pago de Q100 al que se hacía mención en el contrato ya que la redacción era ambigua.  En enero de 1991, el propietario de la finca, Ponce, a través de su representante legal, Mario Rosales Leiva, matizó en un escrito que los Q100 se debían pagar anualmente. Sin embargo, este documento nunca fue firmado ni conocido por Lemus, como constató ContraPoder. Para el agrónomo siempre resultó evidente que el contrato no implicaba una renta, que los Q100 habían sido un único pago.

Durante 14 años la teca creció y el propietario nunca reclamó un alquiler. En febrero de 2004, Ponce traspasó la finca a su nuevo abogado: Muñoz Payeras. En agosto de ese año, Muñoz Payeras denunció al agrónomo Lemus por impago de la renta de Q100 y exigió el desahucio del inquilino y la cancelación del contrato de arrendamiento. En la denuncia nunca se mencionó la teca  ni se exigió el pago de las rentas supuestamente atrasadas. El propósito del proceso era claro: retomar el control de la finca precisamente cuando la madera ya estaba próxima a poder venderse.

En diciembre de 2004, la juez de paz Hilda Margarita Franco Hernández, ordenó el desalojo, y en agosto de 2005, la cancelación definitiva del arrendamiento. Todo el proceso fue en rebeldía, sin que Lemus se enterase. Las notificaciones judiciales se enviaron a la dirección que figuraba en el contrato firmado en 1990, pero 14 años después esa ya no era la oficina de Lemus, de manera que el agrónomo solo supo del proceso en su contra el día en que unos empleados de Muñoz Payeras le impidieron entrar a la finca.

En 2007, Lemus planteó un recurso de amparo y una denuncia por estafa, con el argumento de que era víctima de una trama urdida para robar su madera e impedir su defensa, ya que, según él, Muñoz Payeras sabía que nunca sería notificado.

La denuncia por estafa nunca prosperó, pero el amparo sí. En 2010, un juzgado reconoció que hubo mala fé, que no se habían realizado los esfuerzos necesarios para notificar a Lemus del proceso en su contra y ordenó que el arrendamiento cobrase vigencia de nuevo.

Sin embargo, ya era tarde. Ya no quedaba ni madera ni finca. En 2009, Muñoz Payeras logró vender la propiedad al Fondo Nacional para la Paz (Fonapaz) por Q4.7 millones para que fuese entregada a campesinos de Senahú, pese a que no existía ningún conflicto de propiedad previo que justificara la intervención del Estado. En el expediente de la compra, consultado por ContraPoder, el abogado afirma que la finca pertenecía a su familia y que nunca había sido arrendada, dos afirmaciones falsas. En el inventario que un técnico de la Secretaría de Asuntos realizó antes de autorizar el desembolso se afirma que el único bien aprovechable existente en la finca son unas 77 hectáreas de pino. La teca ya había desaparecido.

Muñoz Payeras aseguró a ContraPoder que el contrato de arrendamiento se había rescindido de mutuo acuerdo años antes porque la plantación de árboles nunca se realizó. Prometió mostrar los documentos que acreditan esta versión, aunque nunca lo hizo.

***

Como tantas otras, la historia de esta finca comienza con Justo Rufino Barrios. En 1883, a Justo Paniagua, un humilde soldado, el general Barrios le concedió un inmueble de casi tres hectáreas en lo que hoy es Boca del Monte, al sur de la ciudad capital. Los hijos y nietos de Justo Paniagua nacieron y vivieron en esta propiedad y fueron construyendo en ella sus casas. Muchos de ellos dedicaron sus vidas a trabajar en San Agustín Las Minas, una gran plantación de café propiedad de la familia Herrera Ibargüen, quien también se había beneficiado del reparto de tierra realizado por el general Barrios. Los Paniagua vivieron tranquilos mientras  la ciudad crecía a su alrededor y convertía su propiedad en un bien cada vez más valioso.

Una mañana de finales de 1984 todo cambió. Los descendientes de Justo Paniagua se encontraron con la Policía Nacional en la puerta de sus casas y una orden de desalojo por usurpación de la propiedad en la que siempre habían vivido. Albertina Paniagua, una de las nietas del miliciano, actualmente una anciana ama de casa, relató cómo pasó 18 días presa sin saber siquiera quién le acusaba. Poco después de salir del Preventivo de la zona 18 uno de sus hijos mayores fue asesinado. Hombres armados se acercaron a ella ese día para decirle que si su familia no abandonaba la propiedad todos morirían.

Como consta en el Registro General de la Propiedad, la finca propiedad de los Paniagua nunca fue vendida ni comprada. De hecho, hasta el año 2000, estuvo a nombre de Justo, el miliciano; y precisamente aquí radica el problema. Dado que el propietario no había hecho testamento, y sus descendientes no se preocuparon por reclamar la herencia, el inmueble no tenía propietario legal. Esto permitió a un abogado habilidoso simplemente hacer desaparecer la propiedad.

Albertina Paniagua y sus tres hermanos que aún sobreviven sostienen  que José Francisco Alonzo Morales, un abogado dueño de fìncas en Boca del Monte, les arrebató su herencia. “Alonzo vivía cerca, y era conocido porque aprovechaba cuando alguien moría para quitarle propiedades a sus hijos”, dijo Albertina.

En septiembre de 1984, De acuerdo con el expediente judicial consultado por ContraPoder, los cinco inmuebles sumaban una extensión de casi 2.5 hectáreas. Sin embargo, el plano que se adjuntó en el Registro es el de una finca mayor, de casi seis hectáreas. La propiedad de los Paniagua había quedado dentro de otra finca sin que ellos se diesen cuenta.

Este tipo de situaciones eran habituales antes de la existencia del Registro de Información Catastral, cuyo germen fue creado en  1997 a raíz de la firma de los Acuerdos de Paz. El Registro General de la Propiedad es un institución dedicada a determinar de quién es un inmueble, pero no se especializa en definir dónde está, cuáles son sus lindes.

Por eso, antes de la existencia del catastro, era posible a adueñarse con facilidad de terrenos, ya fuese por error, desconocimiento o por una decisión deliberada. Los Paniagua sostienen que ellos fueron víctimas de Alonzo. Que el abogado sabía que ellos vivían allí desde siempre y nunca diálogo con ellos, se limitó a denunciarlos por usurpadores e intimidarlos para que se fueran.

Alonzo logró en dos ocasiones órdenes de desalojo en su contra, en 1984 y en 1997, y comenzó a urbanizar y vender lotes alrededor de las casas de los Paniagua. Pero nunca logró expulsarlos. Los tribunales les terminaban dando la razón. Ellos siempre conservaron  como un tesoro el viejo legajo de 1883. En 2000 finalmente, concluyeron el testamento del abuelo a su favor y desmembraron algunos terrenos que siempre consideraron suyos para venderlos a sus parientes. Un año después, el Ministerio Público desestimó definitivamente los casos en su contra. Alonzo llegó hasta la Corte de Constitucionalidad, pero sus amparos fueron rechazados en 2002.

Fue entonces cuando apareció en escena Muñoz Payeras, quien, según él mismo explicó a ContraPoder es un “gran amigo” de Alonzo y su familia. En junio de 2007, Muñoz Payeras compró la finca pensando en expulsar a los Paniagua y urbanizar y vender lotes. “Ellos son invasores y mañosos. No por humildes dejan de ser mafiosos”, dijo el abogado.

Pese a que la ley impide volver a procesar a los Paniagua por unos hechos ya juzgados, Muñoz Payeras logró en enero de 2011 una nueva orden de desalojo en su contra. El abogado, como consta en expedientes judiciales, también se dedicó repartir panfletos entre los propietarios que habían comprado sus terrenos a la familia en los que aseguraba que la finca era suya y  que si le pagaban 38 mil podían resolver la situación legal.

El intento de desalojo se produjo. Policías y militares tocaron de nuevo a la puerta de los Paniagua en Boca del Monte un mañana de 2011. Pero la orden no se pudo ejecutar gracias a la  intervención del abogado de la familia, Virgilio Orozco, quien logró detener el desalojo por un error de procedimiento. Actualmente, los Paniagua siguen viviendo donde siempre lo hicieron.

***

Este tipo de prácticas con las que está vinculado Muñoz Payeras son las mismas que el abogado aplicó para apropiarse del sector III de Brisas de San Pedro.  En 2000, Muñoz Payeras denunció a su cliente, Carlos Enrique Marroquín, por el impago de honorarios profesionales equivalentes a Q80 mil sabiendo que huía de la justicia y que no podría ser notificado del proceso en su contra ni por tanto defenderse. Así, en un juicio en rebeldía, logró embargar a su favor la finca en San Pedro Ayampuc, pese a que su valor era al menos 60 veces superior al monto que reclamaba. Posteriormente, en julio de 2004, la juez Esther Roldán Pleitez, impidió a Humberto Jurado, quien había comprado el terreno a Marroquín y ya habían comenzado a vender lotes en el lugar, pagar los honorarios a  Muñoz Payeras y así levantar el embargo.

Jurado presentó ante la juez un memorial en el que exponía que había comprando el terreno sabiendo que su  dueño, Marroquín, lo tenía embargado, y que quería saldar la deuda con Muñoz Payeras para poder convertirse en el propietario legal. Como consta en una resolución judicial consultada por ContraPoder, la juzgadora se negó a recibir el documento por un problema de forma y poco después le adjudicó definitivamente el inmueble al abogado. Una propiedad de unos Q5 millones a cambio de una deuda de Q80 mil.

Muñoz Payeras aseguró que Jurado pudo recuperarlo pero no quiso y describió al empresario como un delincuente.

A Jurado poco le importó la resolución judicial. Siguió actuando como propietario del sector III. No dejó de vender lotes a desalojados de asentamientos mientras todo esto ocurría. Demandó al abogado para tratar de recuperar la finca, pero no tuvo éxito.

En diciembre de 2014, Muñoz Payeras se deshizo finalmente del terreno. Actuó de las misma manera que en el caso de la plantación de teca en Senahú. La institución heredera del Fonapaz, el Fondo de Desarrollo Social (Fodes) decidió comprar de nuevo un  inmueble al abogado, esta vez por Q5.4 millones. Así fue como el gobierno terminó siendo propietario del sector III,  la cima de un cerro en gran parte baldío, en la carretera a San Pedro Ayampuc.

Foto: Luis Soto - CP
El Gobierno de Otto Pérez Molina compró la finca al abogado Alfredo Muñoz Payeras y otorgó los lotes a los vecinos. (Foto: Luis Soto – CP)

El proyecto fallido

Santos Almazán llegó al sector III de Brisas de San Pedro en un camión fletado por Humberto Jurado una noche lluviosa del año 2000. La colonia era entonces solo un pedazo de monte aún por urbanizar, pero Almazán, una vendedora ambulante de ropa, sus seis hijos y su esposo no tenían otro lugar donde ir.

Habían sido desalojados de uno de los asentamientos situados sobre el derecho de vía del viejo ferrocarril. A Jurado lo conocían desde hacía muchos años, En varias ocasiones, a través de uno de los líderes del asentamiento donde Almazán vivía, Jurado había organizado visitas a Brisas de San Pedro para mostrarles los terrenos y convencerlos de que le compraran un lote.

Nunca lo logró, pero el día en que la policía llegó al asentamiento, ejecutó el desalojo, e inmediatamente llegaron los camiones de Jurado dispuestos a trasladarlos a todos a  Brisas de San Pedro, Almazán simplemente se dejó llevar.

El lote que ella apalabró con Jurado costaría Q21 mil, más barato que los se encuentran en la zona media o baja, ya que está en una pendiente muy pronunciada. El empresario le garantizó que recibiría un subsidio de Foguavi, y que solo tendría que pagar Q8 mil por el terreno.

A partir de entonces, comenzó la lucha. Almazán luchó por tener luz y calles y, para que Jurado pagase la electricidad que hacía funcionar el pozo de agua. Luchó también por el saneamiento, aunque solo logró apoyó de una oenegé cristiana para construir letrinas. Participó en manifestaciones ante la sede de Foguavi para que les informasen si se les había concedido o no un subsidio, algo que nunca llegó a averiguar.

Todo eso era normal. Pero Almazán comenzó a tener problemas con Jurado, en 2008, cuando ella pensó que ya había pagado por el terreno y un empleado del empresario le informó que aún debía Q4 mil. Le habló de cargos por mora; discutieron por pagos que Almazan sostiene que realizó pero perdió el comprobante y el propietario dice que nunca se produjeron.

La vendedora comenzó a hablar con otros vecinos del sector III y a escuchar sus historias. Todos contaban hechos similares. Unos decían que Jurado les cobraba multas injustificadas por retraso. Otros que aunque ya habían pagado el terreno, el empresario se negaba a entregarles el título de propiedad.  Estos eran problemas que existían en realidad en todos los sectores de Brisas de San Pedro, pero que hasta ese momento nadie había convertido en una cuestión crucial. Jurado podía ser acusado de muchos abusos, pero nunca desalojó a nadie ni negó un terreno a alguien que lo necesitase. Eso era suficiente para que casi todos los vecinos lo considerasen como alguien más o menos bueno. Pero esa no era la opinión de Almazán y algunos de los otros 300 habitantes de la cima del cerro.

Así comenzó la pequeña rebelión del sector III. Los vecinos se negaron a seguir pagando a Jurado y acudieron a la bancada de la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG). Gracias a la asesoría del partido, comprendieron que Jurado ya no era el propietario de la finca. No podía ofrecerles la inscripción en el Registro General de la Propiedad porque los terrenos no eran ya suyos, eran de Alfredro Muñoz Payeras.

La URNG citó a Jurado a la sede parlamentaria, donde explicó que se consideraba víctima de un ladrón de propiedades. También a funcionarios de Foguavi y a Muñoz Payeras, quien siempre se negó a acudir, según informó el asesor de URNG, Alfredo de León.  Almazán y otros vecinos buscaron al abogado y aunque se manifestaron ante su oficina, en un edificio de la zona 10 capitalina, nunca lograron hablar con él. Muñoz Payeras no parecía interesado en ejercer de propietario de la colonia

Pasaron los años sin avances para los vecinos. Jurado no dejó de hacerles llegar panfletos amenazándolos con el desalojo. Pero ellos ya no tenían miedo, sabían que el empresario no era el dueño. Los rumores corrieron, incluso, por toda los sectores de la colonia y otros vecinos también comenzaron a negarse a pagar a Jurado, sin saber que Muñoz Payeras era solo propietario del sector III.

Hacia comienzos de 2014, el asesor de la URNG, Alfredo de León, recuerda que Almazán y otros vecinos se presentaron en su oficina para contarle que el problema estaba resuelto que el partido de gobierno les apoyaba y que el Estado había decidido comprar la finca. “Yo les dije que eso era mafia”, afirma de León. Pero ellos ya eran felices.

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Olga Pantaleón, una vecina del sector II, vendedora ambulante de cubiletes y dulces, inicialmente desconfió de Santos Almazán y las “otras señoras de allá arriba”. Creía que ella y quienes la siguieron simplemente estaba tratando de conseguir su terreno gratis, que estaban tratando de generar un movimiento dentro de la colonia para favorecer el impago.

Pantaleón se siente orgullosa de su liderazgo dentro de Brisas de San Pedro, como dirigente del Consejo Comunitario de Desarrollo (Cocode). Movilizó a los vecinos para lograr los servicios básicos, también para conseguir una dotación de más de 700 láminas de cinc que entregó Fonapaz y incluso asegura haber liderado a un grupo de personas que se manifestaron a favor de la instalación  de la mina “La Puya” a cambio de que la empresa apoyara proyectos culturales en la colonia.

Cuando algunos vecinos quisieron cortar la carretera y quemar llantas para exigir a la municipalidad que aumentase las horas de servicio de agua, a pesar de que muchos de ellos no pagaban el servicio, Pantaleón consideró justo no apoyarlos. “No podemos acostumbrarnos a que todo sea gratis”, dice con severidad.

Por eso, cuando Almazán y otros vecinos del sector III, comenzaron a rebelarse contra Jurado, ella no quiso apoyarlas. En su opinión, Jurado es buena persona. Dio trabajo a su marido como guardaespaldas a finales de la década de 1980, y después “coló” a la familia entre un grupo de damnificados de un deslave que recibieron un subsidio de Foguavi para instalarse en la colonia.

Sin embargo, cuando los rumores de que el Estado compraría el sector III se hicieron insistentes, Pantaleón comenzó a interesarse. Según explicó a ContraPoder, un día, hacia 2014, un excandidato a concejal en San Pedro Ayampuc llamado Nery Pixtun, quien en ese entonces era conocido por su relación con el oficialista Partido Patriota, se acercó a la colonia para anunciarles que Jurado ya no era el dueño de la cima del cerro y que el gobierno estaba dispuesto a ofrecer títulos de propiedad a quienes ya vivían en el sector III, al grupo de Almazán, y repartir gratis entre todos los demás los aproximadamente 400 adicionales que estaban vacíos.  Pixtún, quien en 2014 figuraba en la planilla de  empleados de la Secretaría de Asuntos Agrarios (SAA), les expuso que todo lo que tenían que hacer era presentarse en la institución donde trabajaba.

Inicialmente Pantaleón participó en el movimiento.Como tantas otras mujeres deseaba uno de esos 400 lotes para sus hijos e hijas, quienes en su mayor parte siguen viviendo en la colonia.

Acudió a las primeras reuniones en la SAA y una mañana escuchó con ilusión a las “señoras de allá arriba” anunciando con un megáfono que pronto llegaría la entonces vicepresidenta Roxana Baldetti a hacer entrega oficial de los terrenos a la gente si lograban juntar el dinero para las escrituras.

Pero pronto dejó de participar, No terminaba de creer que pudiese ser cierto, y además percibía que Almazán y los vecinos del sector III querían apropiarse de todos los lotes para ellas y sus parientes.

Sin embargo, las promesas de Pixtun no eran falsas. En diciembre de 2014,  el Estado compró la finca e inmediatamente se la cedió a Almazán y al grupo de personas que la siguieron, quienes actualmente son los propietarios legales.

El Fodes, quien aportó los fondos, y la SAA, que intermedió en el proceso, argumentan que gastaron Q5.4 millones para resolver un conflicto de tierra que no podía solucionarse de otro modo.

En Brisas de San Pedro todos saben que esto no es cierto, que en realidad, el gobierno estaba regalando lotes con fines clientelares en un terreno que en gran parte estaba baldío. Dos líderes de asentamientos en la ciudad capital relataron a ContraPoder que, en 2014, funcionarios vinculados con el gobierno les ofrecieron trasladarse al sector III de Brisas de San Pedro. Una de ellas, dirigente de una asociación de habitantes de la línea férrea que pidió no ser citada, expuso que un asesor de Ferrocarriles de Guatemala organizó un viaje al sector III para que los vecinos conocieran el lugar al que serían trasladados gracias los buenos oficios del partido oficial.

Los problemas de Almazán y los otros vecinos de la cima del cerro fueron probablemente lo menos decisivo para determinar la intervención estatal. A las puertas de un año electoral,  la SAA y el Fodes fueron puestos a disposición del partido en el poder.

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Foto: Archivo
Foto: Archivo

El Estado apenas invirtió en Brisas de San Pedro, y cuando lo hizo siempre fue tras la protestas de los vecinos. Sin embargo, las autoridades no dudaron en entregarle a Muñoz Payeras Q5.4 millones,  unos fondos, que eran remanentes de una emisión de deuda pública de 2009, cuyo fin debía ser resolver alguno de los múltiples conflictos agrarios existentes en áreas rurales, pero que terminaron invirtiéndose en lotes para vivienda.

Dos funcionarios de la SAA coincidieron en que hacia 2013, Muñoz Payeras se presentó en las oficinas centrales de la institución y explicó que era propietario de un terreno que había sido invadido, que no deseaba diálogo ni desalojo, si no que  exigía que el Estado comprase el inmueble  para resolver el problema.

El abogado nunca mencionó como obtuvo la propiedad, ni que, el sector III ya tenía habitantes que habían comprado su lote a Humberto Jurado cuando él se convirtió en el dueño de los terrenos y por tanto no podían ser usurpadores.

La SAA nunca antes había resuelto un conflicto de tierra para uso residencial, como expuso el director de investigación y análisis de la SAA, Miguel Cardona, siempre se había dedicado a intermediar en problemas campesinos.  Sin embargo, tomaron el caso, y lograron una solución de manera expedita. En menos de un año ocurrió exactamente lo que Muñoz Payeras planteó como una única solución. El Estado compró, entregó la finca a los vecinos del sector III y se desentendió de todo lo demás.

Hasta el momento ninguna institución se ha hecho cargo ni de la urbanización del terreno, ni de la dotación de los servicios básicos. La municipalidad de San Pedro Ayampuc solo hace funcionar el pozo, pero no se responsabilizará de pavimentar las calles o hacer banquetas, tal y como ocurre en los otros sectores de Brisas de San Pedro.

En la cima del cerro, hay vecinos felices porque saben que ganaron una batalla. Ahora son propietarios legales, y los lotes vacíos podrán ser ocupados por sus hijos y otros parientes, quienes tendrán que seguir luchando para convertir este pedazo de monte en algo parecido a la colonia.

Los vecinos de los otros sectores de  Brisas de San Pedro mira con asombro lo ocurrido, sin comprender cómo Santos Almazán y las otras “señoras de allá arriba”, pasaron de no tener a nada a convertirse en propietarias de un inmueble de 38 hectáreas.

Para el resto de habitantes de la ciudad, lo ocurrido en el sector III es simplemente el nacimiento de un nuevo asentamiento, uno más.

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