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Ausencia del Estado

24 marzo, 2017 Carlos Menocal

El Procurador de los Derechos Humanos documentó la grave situación en los correccionales, sin que el Gobierno prestara atención a las recomendaciones.

Las tragedias ocurridas en el Hogar Seguro Virgen de la Asunción y el correccional Etapa II fueron anunciadas desde el año pasado sin que el gobierno de Jimmy Morales y en especial la instancia que está bajo su responsabilidad, la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia, asumieran acciones concretas sobre las constantes violaciones a los derechos humanos de los privados de libertad.

El Procurador de los Derechos Humanos (PDH) hizo público, en octubre de 2016, un informe llamado Supervisión a los Centros Juveniles de Privación de Libertad –a cargo de la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia– en donde concluye que estos centros son un detonante social.

A finales del año pasado, el PDH determinó: “Falta de aplicación del enfoque de derechos en la mayoría de acciones implementadas dentro de los centros; las condiciones de los centros no son adecuadas, particularmente los dormitorios, por lo que las y los adolescentes están en situación de vulnerabilidad en cuanto a acceder a un proyecto de vida idóneo para su rehabilitación y reinserción; el derecho a la salud ha sido vulnerado permanentemente, la mayoría de adolescentes y jóvenes necesitan atención médica urgente, incluyendo atención dental, visual y mental; los derechos sexuales son vulnerados permanentemente, tanto en adolescentes como en mayores de edad; las y los adolescentes están expuestos a ser objeto de tratos crueles, inhumanos y degradantes, incluyendo violencia sexual, por las condiciones en las que cumplen su sanción; las y los adolescentes están expuestos a situaciones de violencia, incluyendo violencia sexual, por parte de sus pares, muchos de ellos mayores de 18 años, y en gran parte, con conocimiento o por falta de control de las autoridades a cargo de los centros”.

A ello se agrega que el sistema de justicia enviaba constantemente a menores de edad a esos centros, a pesar de saber que la infraestructura no era la adecuada, ni llenaba las condiciones físicas especiales. Ello generó una sobrepoblación y hacinamiento.

Los datos obtenidos para esta columna, dan cuenta de que 44 por ciento de la población privada de libertad es mayor (al cierre de esta edición habían 564 internos entre Gaviotas, CEJUDEP-Anexo, CEJUPLIM-Gorriones y CEJUPLIV Etapa II) y el 56 por ciento es menor de edad. Los mayores están mezclados, incluso hasta en donde hay bebés abandonados por sus familias, como en el caso de Gorriones.

Bajo esas condiciones, la sobrepoblación llegó a 96 por ciento. Era evidente que el espacio físico fue insuficiente, que no alcanzaban las literas y que los programas de rehabilitación eran inexistentes. En los correccionales, los privados de libertad pasan la gran parte de su tiempo bajo las rejas, sin programas de rehabilitación social. Esos lugares siguen siendo detonantes y bombas de tiempo que nadie atendió, a pesar de las recomendaciones de la PDH y de varios jueces que insistían en que debían cerrarse las instalaciones.

Todos los centros funcionan con la mitad de los monitores que debían ser contratados, dado el crecimiento poblacional en ellos. “En algunos casos, los baños son agujeros de tierra, donde deben defecar, orinar y bañarse; en el Centro Etapa II adaptaron lavamanos para defecar y bañarse”, relata el informe de verificación.

Los centros se convirtieron en casas de torturas de toda índole, hasta de los propios privados de libertad. Las constantes denuncias fueron poco atendidas, incluso hasta por jueces de paz, de menores y hasta fiscales del Ministerio Público.

Y ahora que han ocurrido estos hechos trágicos, las autoridades se desgarran las vestiduras, pero en buena parte de esta historia, son corresponsables. Eso sí, para nada se justifica la violencia utilizada por los privados de libertad que ha llegado hasta las calles de la ciudad capital: En menos de dos semanas, la crisis en los centros de resguardo y correccionales ha provocado la muerte de por lo menos 47 personas.

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