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Blanca Stalling, la magistrada de Juan de Dios Rodríguez

9 febrero, 2017 Elsa Coronado ContraPoder

Blanca Stalling fue ligada a proceso. El Ministerio Público acusa a la magistrada de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de traficar influencias en favor de su hijo Otto Molina Stalling. Esta nota –publicada el 12 de junio de 2015 en la edición 107 de la revista ContraPoder– la perfila y relata cómo se convirtió en magistrada.

Juan de Dios Rodríguez fue el alfil del Partido Patriota para negociar la integración de las Cortes con la finalidad de obtener inmunidad para él y otros miembros del Gobierno. Blanca Stalling participó en ese juego de poder y a cambio obtuvo una magistratura. Se convirtió en la presidenta de la Cámara Penal y planeaba presidir la Corte Suprema de Justicia. Sin embargo, dos investigaciones de la CICIG sacaron a ambos de la jugada.

El despacho de Blanca Stalling en la Corte Suprema de Justicia (CSJ) está vacío desde el 26 de mayo. Sus compañeros le autorizaron ausentarse del cargo durante un mes sin goce de salario para que solucione sus problemas personales.

Dos investigaciones dirigidas por la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) señalan de actos de corrupción a su cuñada, la jueza Marta Sierra, a su hijo Otto Fernando Molina Stalling y a su aliado político, Juan de Dios Rodríguez, el hombre de confianza de Otto Pérez que tuvo a su cargo negociar la integración de las Cortes el año pasado. Y los implicados en el caso La Línea también mencionan su nombre.

Ante los señalamientos externos de que podría influir en los procesos penales de sus parientes, a Stalling no le quedó más que alejarse momentáneamente de la presidencia de la Cámara Penal. Sin embargo, su retiro no es una antesala para su renuncia  solicitada por algunos jueces y magistrados, al menos por ahora. Los casos judiciales no la han afectado de manera directa.

Foto: DAFNE PEREZ/CP
Foto: DAFNE PEREZ/CP

Trabajo en equipo

La historia de cómo Stalling llegó al poder se puede contar fácilmente. En 2013 apareció en el escenario político Juan de Dios Rodríguez para definir la elección de magistrados. Desde el Ejecutivo ya se había fraguado la elección de fiscal general, quedaba pendiente el Organismo Judicial y había planes para injerir en la elección de contralor general de Cuentas. El objetivo era cooptar las instituciones encargadas de investigar, acusar y juzgar casos en los que pudieran resultar implicados.

Rodríguez es un abogado y militar cercano a Otto Pérez Molina. Fue financista de las dos últimas campañas electorales del Partido Patriota. Su lealtad se vio premiada primero con su nombramiento como secretario privado de la Presidencia y luego, cuando sustituyó a Luis Reyes Mayén en la presidencia de la Junta Directiva del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS). Pero esto último no fue sencillo.

Emprendió una batalla legal para sacarlo de su puesto, pues Reyes Mayén argumentaba que su período no había concluido. Intentó ocupar su oficina a la fuerza, pero fue la divulgación de unos videos sexuales lo que lo apartaron del camino. Tres meses más tarde, contrató al hijo de Stalling, Otto Fernando Molina, como uno de sus asesores financieros.

Blanca Stalling, que llevaba casi una década al frente del Instituto de la Defensa Pública Penal, se las arregló para aliarse con Rodríguez y asegurar su salto hacia la CSJ. Financiaron campañas electorales para que las comisiones de postulación estuvieran integradas por abogados aliados, y consiguieron el apoyo de los partidos Patriota y Libertad Democrática Renovada (Lider) para definir la votación en el Congreso.

En 2014, la alianza gremial y política dirigida por Rodríguez y apoyada por Stalling ganó cuatro de las 11 plazas ofrecidas a los abogados para integrar la comisión postuladora de CSJ. La planilla que apoyó Roberto López Villatoro obtuvo cuatro, los de Mixco, dos  y una la ganó un cuarto grupo. Rodríguez, asesorado por el operador político Gustavo Herrera, hizo mancuerna con decanos, directivos del Colegio de Abogados y magistrados de CSJ y Apelaciones, que también participaban en la selección.

Anabella Cardona, entonces presidenta de la Asociación de Jueces y Magistrados, por ejemplo, participó por la planilla 2 para elegir magistrados de la CSJ. A cambio de su apoyo fue electa para la Corte de Apelaciones y la actual CSJ la designó como presidenta de la Sala de Procesos de Mayor Riesgo y Extinción de Dominio.

Por esa misma planilla, pero para elegir magistrados de Apelaciones fue electo Julián Schaad, quien ya había contribuido como postulador en la Defensa Pública para que Stalling ganara la reelección en 2010. Es el padre de Óscar Schaad, exjefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) del Ministerio Público (MP).

A la hora de armar la nómina de los 26 candidatos en las oficinas de Rodríguez,  Stalling pasó sin problemas. Contó con el apoyo de 33 de los 34 integrantes de la comisión a pesar de que la Embajada de Estados Unidos había objetado su elección debido a sus vínculos políticos.

Cuando la nómina llegó al Congreso, Lider y Partido Patriota se repartieron los espacios. Stalling tuvo 100 votos a su favor.

DAFNE PEREZ/CP
DAFNE PEREZ/CP

Con agenda propia

Stalling pasó seis meses incólume en el Palacio de Justicia. Durante este tiempo los jueces vieron con recelo su gestión.“Nunca se presentó con los jueces ni convocó para dar a conocer sus planes, proyectos o políticas”, señala Patricia Gámez, juez penal de Sacatepéquez.

El 10 de mayo un cable de la agencia AssociatedPress difundió que el nombre de la magistrada había sido mencionado en una conversación telefónica intervenida por el MP y que estaba relacionada con el Bufete de la Impunidad, el cual negociaba resoluciones judiciales a cambio de sobornos. En los diálogos se hablaba de pagarle al juez para conseguir medidas sustitutivas en favor de los cabecillas de la red de defraudación tributaria La Línea. Cinco días después de esa comunicación, la juez Marta Sierra, cuñada de Stalling, concedió arresto domiciliario a tres líderes de los 22 detenidos.

La magistrada se declaró inocente y se mantuvo en el puesto hasta el 20 de mayo pasado cuando salió a luz el caso de su hijo. Las escuchas telefónicas revelaron que Molina Stalling intermedió para que la Junta Directiva del IGSS aprobara una licitación por Q116 millones a favor de Droguerías Pisa, S.A. para prestar servicios de diálisis peritoneal. La comisión que habría pactado ronda los Q18 millones, como determinó el MP.

La empresa no tenía experiencia ni capacidad para atender a los pacientes, más de un centenar se infectó y 13 perdieron la vida. La Junta Directiva no movió un dedo para parar el contrato. El hijo de Stalling ganaba Q25 mil mensuales como asesor del IGSS cuando pactó el trato, y después de 18 meses dejó el cargo para regresar a la Contraloría General de Cuentas en donde asumió como subdirector de Auditoría de los Consejos de Desarrollo.

El contralor Carlos Mencos asegura que Molina Stalling participaba en las actividades gremiales y que lo contrató porque durante su primer período como contralor notó su buen desempeño como auditor gubernamental.“Sus puntos de vista fueron importantes para mí, pero le revocamos el contrato porque no podemos tener personal del que se tenga duda de su comportamiento habitual”, dijo. Él ganaba Q16 mil 250 bajo el renglón 011.

El día de la detención de Molina Stalling, su madre contrató por teléfono al abogado Óscar Mejía para que lo defendiera, pero luego lo sustituyó por María del Rosario Acevedo Peñate.

Esa decisión solo estrechó los vínculos de Stalling con el Bufete de la Impunidad, como lo llamó la CICIG. Acevedo Peñate fue fiscal contra el Crimen Organizado a finales de los 90 y su esposo, Miguel Ángel Ordoñez, trabajaba con el abogado José Morales. Este último se encuentra detenido por dirigir el bufete cuestionado.

Hugo Ordoñez Porta publicó una carta el 20 de mayo pasado en elPeriódico, donde relataba que en mayo de 1999 la exfiscal y su esposo conocieron el caso de secuestro y asesinato de su hermano Édgar Alfredo, por conducto del ahora prófugo Luis Mendizábal. Él los acusa de implantar pruebas para acusar a inocentes y evitar de esta manera que investigaran a los militares responsables del crimen.

Molina Stalling está acusado por cobro ilegal de comisiones y asociación ilícita, la juez Marta Sierra de Stalling, cuñada de la magistrada, enfrenta un antejuicio promovido por el MP y CICIG, mientras que su hija Marta Stalling Sierra renunció al Departamento de Comunicación Social del Organismo Judicial debido a la situación de su familia.

Rodríguez está preso por fraude y fue destituido como presidente del IGSS. Su sustituto es Carlos Contreras, exministro de Trabajo de este gobierno y dirigente del Partido Patriota.

Se intentó hablar con Acevedo Peñate, pero se rehusó a atender a este medio. También se buscó una entrevista con Stalling, pero no fue posible localizarla. Su familia dice que ya no se comunica por teléfono, y sus allegados evitan hablarle por temor a que les monitoreen las llamadas. La magistrada programó su regreso para el 26 de junio, aunque es probable que pida ampliación del permiso. La renuncia, por ahora, no está en sus planes.

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