El Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras a través de un comunicado da a conocer que las restricciones arbitrarias no pueden admitirse.

Todo ello debido a que diversos concejos municipales, jueces de Asuntos Municipales, Consejos de Desarrollo Urbano y Rural y otras autoridades locales, han emitido disposiciones que violan abiertamente derechos constitucionales, con restricciones que van más allá de la establecidas por el Ejecutivo.

Los derechos de los habitantes reconocidos por la Constitución, no pueden ser limitados, sino exclusivamente por los mecanismos previamente establecidos en la Ley Fundamental. En los artículos 138 y 139, la carta magna consigna los casos en que el Presidente en Consejo de Ministros, pueden tomar la decisión.

CACIF señala que si bien se respeta la autonomía municipal, la Constitución Política, bajo ningún precepto, otorga facultad a los diversos consejos municipales para limitar los derechos de la población, por lo que se constituye un abuso en el ejercicio del poder público.

Cualquier acción o decisión que las autoridades asuman fuera de su mandato legal, les hace penalmente responsables, y las querellas penales y denuncias serán presentadas ante un juez competente al MP, a fin de sancionar con prisión a los responsables y salvaguardar los derechos constitucionales de los habitantes.

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