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Caso Pandora pone en la cuerda floja al Gobierno en Honduras

24 julio, 2018 Isabel Soto

El gobierno de Honduras ha quedado en la cuerda floja con el destape del caso de corrupción Pandora, por el desvío de 282 millones de lempiras (US$11,779,563) del Estado a cuentas de partidos políticos y particulares.

La Corte Suprema de Justicia del país vecino emitió órdenes de captura contra 38 presuntos involucrados en el caso, entre ellos exfuncionarios, funcionarios y diputados del Gobierno de Juan Orlando Hernández.

Estos son señalados por supuestos delitos de abuso de autoridad, fraude, malversación de fondos y lavado de activos.

También, por falsificación y uso de documentos públicos en perjuicio del Estado.

La Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (Maccih) precisó que el caso estalló tras una denuncia de Pietro DiBatista, inversionista italiano y excónsul honorario en Roatán.

Este hizo notar la eventual utilización de la fundación D‘Batista en operaciones atípicas y no autorizadas.

Una auditoría especial practicada después a la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) posibilitó recabar el resto de evidencias.

Buena parte del presupuesto de la entidad financió campañas de tres partidos políticos en 2013 y gastos personales.

Para drenar estos recursos se utilizaron las fundaciones DiBatista y Todos Somos Honduras.

Partidos beneficiados

El dinero llegó en montos distintos a cuentas particulares de candidatos a diputados, alcaldes y regidores.

Los beneficiados eran del Partido Liberal, del Nacional y del Frente Amplio.

Además, se compraron dos oficinas en el edificio Metrópoli y se pagó préstamos a una agrupación política.

La Maccih aseguró que parte de los fondos se entregaron el 24 de noviembre del 2013.

Ese día transcurrieron los comicios generales que dieron la victoria por primera vez al presidente Hernández.

Diputados, a prisión

El lunes 23 de julio tuvo lugar la primera audiencia de declaración y la jueza Lidia Álvarez Sagastume ordenó detener a 19 de los señalados.

Algunos de estos fueron llevados al 2do. Batallón de Infantería, 16 fueron encarcelados en el 1er. Batallón de esa fuerza castrense, y dos mujeres quedaron recluidas en la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social.

En tanto, el exalcalde de Yoro, Arnaldo Urbina Soto, deberá cumplir su detención en el centro penal de esa ciudad, donde ya guarda prisión condenado por lavado de activos.

En el caso de Velkys Rosibel Hernández, enfrentará una medida cautelar de arresto domiciliario, por estar en período posnatal.

Entre los señalados en Pandora, 17 permanecen prófugos

1.- Jacobo José Regalado Hernández
2.- Fernando Josué Suárez Ramírez
3.- Jaime Antonio Suárez
4.- Jorge Alberto Izaguirre Zamora
5.- Sixto Pineda Hernández
6.- Luis Fernando Urrutia Ramírez
7.- Miguel Edgardo Martínez Pineda
8.- Claudia Yamileth Noriega González
9.- Jean Francois Marie de Peyrecave Fiallos
10.- Alba Luz Ramírez Hernández
11.- Mario Rolando Suazo Morazán
12.- Mario Edgardo Suazo Matute
13.- Dalia Esmeralda Palma Sánchez
14.- Jossué Francisco Velásquez Sánchez
15.- José Luis Flamenco Mejía
16.- Elvin Ernesto Santos Lozano
17.- Ernesto Galeas Martínez

Más allá de Pandora

La caja de Pandora abierta en Honduras puede que contenga más secretos sobre la actuación irregular de funcionarios y particulares en ese país.

El presidente del Tribunal Superior de Cuentas, Ricardo Rodríguez, dejó entrever que están en tela de juicio casi todos los 800 diputados que pasaron por el Congreso en los últimos tres períodos legislativos.

La cifra incluye a los 128 parlamentarios actuales, a sus suplentes y a quienes fueron miembros del Legislativo en los dos mandatos anteriores, de Manuel Zelaya (2006-2009) y Porfirio Lobo (2010-2014).

Incluso alcanzarían a Hernández, al procurador general Abraham Alvarenga Urbina y a uno de los cinco finalistas a fiscal general, quien fue suplente del actual mandatario en el Congreso.

Las irregularidades en el manejo del Fondo de Desarrollo Departamental constituyen el punto de partida de las pesquisas de la Maccih y el Ministerio Público en torno al caso.

 

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