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Claudia Paz y Paz fue espiada en México por caso Ayotzinapa

10 julio, 2017 Redaccion Canal Antigua

El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes enviados a México por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para investigar la desaparición de 43 estudiantes de Ayotzinapa fue blanco de espionaje a través del software Pegasus adquirido por el gobierno mexicano, reveló este 10 de julio un estudio independiente.

Los mensajes de texto llegaron al teléfono utilizado el grupo de expertos conformado por: la exfiscal general de Guatemala Claudia Paz y Paz, Carlos Martín Beristain, Angela Buitrago, Francisco Cox Vial y Alejandro Valencia Villa, nombrados por la Organización de los Estados Americanos (OEA), el 30 de enero de 2015, con el objetivo de investigar el caso de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, México.

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Los hechos ocurrieron a principios de marzo de 2016, poco después de que el grupo de la CIDH “criticara al gobierno mexicano por interferir en su investigación, y mientras preparaba su reporte final” sobre este crimen que valió al gobierno numerosas críticas por parte de la comunidad internacional, añade.

El análisis de la universidad canadiense confirmó además que “al menos 19 personas fueron blanco del programa NSO en México, incluyendo abogados, políticos, periodistas, activistas que combaten la corrupción, científicos, defensores de la salud pública, agentes gubernamentales y sus familiares”.

¿Cuál es el software utilizado para espiar a periodistas y activistas mexicanos?

El escándalo sobre el presunto espionaje estalló el 19 de junio pasado a raíz de un reportaje publicado por el diario estadounidense The New York Times, que reveló los hallazgos de la Universidad de Toronto y otras organizaciones. Esto llevó a un grupo de activistas y periodistas a denunciar legalmente al gobierno de México por intervenir sus teléfonos móviles.

Masacrados e incinerados 

El caso de los 43 estudiantes, desaparecidos en Iguala  en septiembre de 2014, movió a México con multitudinarias manifestaciones que cuestionaron el Estado de Derecho en México e incluso pedían la renuncia de Peña Nieto.

La fiscalía general concluyó que todos los estudiantes habían sido masacrados por policías coludidos con narcotraficantes, que sus cuerpos fueron incinerados en un basurero y sus restos arrojados a un río. Sin embargo, hasta ahora solo han sido plenamente identificados los restos de un solo muchacho.

El grupo de expertos de la CIDH criticó fuertemente esta conclusión de la fiscalía general, argumentando que no existe evidencia que la compruebe.

*Con información de AFP, Contralínea y OEA

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