Durante la sesión plenaria de este martes, una reunión extensa e interrumpida por varias discusiones que se dieron, la mayoría de diputados, liderados por la bancada oficial, lograron aprobar reformas a la Ley de Organizaciones No Gubernamentales para el Desarrollo. Ahora, el Ejecutivo tendrá la responsabilidad de aperturar, fiscalizar y cerrar estas organizaciones.
Los diputados Manuel Conde, Jorge García Silva y Mynor Mejía introdujeron una moción para alterar el orden del día que contenía un punto resolutivo para llamar a que el Ejecutivo adopte medidas frente al brote de coronavirus, pero además, en esa misma propuesta se incluyó la iniciativa 5257, ley de ONG.
Ante esto, la discusión entre los parlamentarios inició, por considerar que no era adecuado aprobar la ley debido a que no había sido analizada en la actual legislatura. Algunos congresistas de bancadas como Winaq, Semilla y la UNE, se salieron del hemiciclo al no estar de acuerdo.
Uno de los artículos más discutidos y criticados, fue el número 13, que establece que ninguna donación o financiamiento puede usarse para actividades que alteren el orden público o será cancelada y sus directivos deberán responder civil o penalmente, mientras que sus asociados no podrán formar parte de una ONG dentro de un plazo un menor de dos años. El mismo artículo expresa que las mismas donaciones o financiamiento deben extender un recibo que les acredite el financiamiento por medio de la SAT con el objetivo de tener record del origen de los fondos.
En el caso del artículo 22, que se refería a que el Estado tendría las facultades para vigilar a las ONGs y de intervenirlas cuando el interés u orden público lo requiera, no fue aprobado al no conseguir los votos.
Los cambios en la ley también incluye que el Ministerio de Gobernación tendría el poder de cancelar las ONGs que considere que no están cumpliendo con sus estatutos.
