Tras varias semanas de presiones de familiares, medios de comunicación y asociaciones de defensa de la tercera edad, los distritos de Estados Unidos comenzaron a identificar a los geriátricos afectados por el coronavirus en todo el territorio.
Fue así como se supo que una de cada diez instituciones reporta casos positivos entre sus huéspedes, y que el número de muertos supera los 3000.
En Nueva York, el estado más afectado por la pandemia, la fiscalía del estado y el Departamento de Salud de la gobernación anunciaron el inicio de un relevamiento de todos los geriátricos, donde se registraron miles de víctimas fatales. De esta forma, las autoridades buscan determinar si los responsables de las residencias actuaron con negligencia o incumplieron las normas de seguridad establecidas.
En su conferencia de prensa diaria, el gobernador Andrew Cuomo detalló que estos centros están gestionados por entidades privadas que reciben dinero del Estado y que, por lo tanto, deben cumplir las órdenes ejecutivas emitidas durante la pandemia.
En este sentido, recordó, entre otras obligaciones, que todo empleado debe llevar equipo de protección y someterse a pruebas de temperatura, como también la obligación de informar al resto de residentes y a sus familias sobre la aparición de casos de COVID-19 en las instalaciones.
A partir de este jueves, los geriátricos deberán dar explicaciones al Departamento de Salud acerca de los protocolos que siguieron durante la crisis. Para ello, el gobierno local realizará auditorías a todas las instalaciones a través del envío inspectores.
En caso de incumplimiento o negligencia, el departamento “requerirá inmediatamente a la instalación que aplique un plan de acción”, aseguró Cuomo. Además, dijo que los establecimiento podrán recibir multas de hasta U$S10.000 e incluso ser clausurados.
Al respecto, el funcionario había advertido este miércoles que “si no hacen el trabajo por el que se les paga, están violando las regulaciones. Entonces, hay un problema y deberían perder la licencia“.
A partir de los datos de los propios estados y de relevamientos extraoficiales, el diario The Washington Post compiló y publicó esta semana el listado de unas 1350 residencias para adultos mayores con casos de coronavirus, y una cifra de muertos que asciende a más de 3000 en todo el país.
No obstante, la nómina solo incluye a geriátricos que reciben fondos de los programas de salud pública federales Medicare y Medicaid, y que están certificados por el gobierno central. Por ese motivo, se estima que el número de instalaciones afectadas, de contagios y de muertes es en realidad mucho mayor.
En medio de la polémica, el organismo federal que coordina los programas de salud pública de Estados Unidos anunció nuevos requerimientos que exigen a los geriátricos comunicar a sus residentes, sus familiares y al gobierno central todo caso de COVID-19.
Además, se comprometió a empezar a publicar a la brevedad todos los datos disponibles sobre la cuestión, incluyendo la identificación de los establecimientos afectados y de las cifras de casos y de muertes entre los ancianos o el personal de esos centros.
En tanto, muchas residencias para ancianos dijeron que la normativa era “demasiado vaga” y se quejaron de la falta de test, situación que impedirá reportar los casos con precisión.
