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Casos de corrupción en el lejano Occidente

25 marzo, 2018 Redaccion Canal Antigua

De acuerdo con  documentos a los que ContraPoder tuvo acceso, el 22 de julio de 2013 la entonces alcaldesa y coordinadora del Concejo Municipal de Ocós, San Marcos, Edilma Elizabeth Navarijo de León, y Luis Aroldo Rivera Joachín, presidente y coordinador del Consejo Departamental de Desarrollo (Codede) de San Marcos, firmaron un contrato de cofinanciamiento para ejecución de obras y/o proyectos a través de los Codede, con aportes del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la Nación.

El contrato de cofinanciamiento está identificado con el número 129-LARJ-2013, aldea La Blanca -en ese tiempo perteneciente a Ocós, antes de que se convirtiera en municipio-, para el proyecto “Mejoramiento parque deportivo y recreativo aldea La Blanca”.

Pobladores burlados

Como antecedentes, se lee en el documento que “el proyecto está ubicado en el centro urbano de la aldea La Blanca y en la actualidad cuenta con un parque, pero debido a las condiciones en que se encuentra, los habitantes lo tienen en total abandono, convirtiéndose en un foco de contaminación ambiental provocado por el desuso de las instalaciones. Los habitantes del centro urbano manifiestan continuamente el deseo de mejorar las condiciones del parque, máxime cuando en la comunidad no cuentan con espacios dedicados a la recreación”.

Hace pocos mess, en este retirado lugar del suroccidente del país se comprobó que en las vallas oficiales que los gobiernos locales instalan en los ingresos a cada construcción, se consigna que el costo total de la obra fue de Q895 mil 937.

De estos, Q700 mil fueron aportes del Codede y Q195 mil 937, municipales. En suma, que la obra quedó inconclusa y los pobladores, burlados.

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Solo la punta del iceberg

Pero la anterior obra pendiente es solo la punta del iceberg de los trabajos que quedaron a medias durante la gestión edil de Navarijo de León (Ocós, 2008-2016).

Los pobladores del ahora municipio La Blanca se quejan de que hay más obras incompletas desde la anterior administración municipal. Por ejemplo, el mejoramiento del camino rural con pavimento rígido, calle Edvin López, colonia Santa Isabel; mejoramiento del salón de usos múltiples y camino rural del caserío Las Morenas, en Ocós; camino rural con pavimento, calzada principal caserío Salinas II, en Ocós.

La guinda del pastel de las obras sin terminar la colocaron las entonces autoridades, cuando solo permitieron la construcción de las bases de un puente instalado en el casco urbano de La Blanca.

El costo de esta obra fue al inicio de Q7 millones, pero terminó valorada en Q9 millones 998 mil 820. El puente, que en la actualidad está en completo abandono, comunicaría a La Blanca con la aldea Limones, Ocós.

Casos en reserva

Estuardo Campos, fiscal regional metropolitano del Ministerio Público (MP) y anterior encargado de la Fiscalía contra la Corrupción, manifestó en entrevista con ContraPoder que lo que ocurre en Ocós y La Blanca, San Marcos, es apenas uno de los muchos casos de corrupción que se investigan en ese departamento.

Sobre si existe una pesquisa en contra de la exjefa edil, empleados u otros miembros de la  corporación municipal, el fiscal especificó:

“Debemos resguardar ciertas reservas en relación con las diferentes investigaciones; pero sí, en efecto tenemos seis denuncias presentadas por la Contraloría General de Cuentas (CGC). La mayoría a partir de enero de 2017 y una de las más recientes fue presentada el 2 de octubre pasado, en las que se señalan diversas irregularidades detectadas en la realización de algunos proyectos en el municipio de Ocós, San Marcos. Hay otras donde se mencionan municipios como Catarina y algunas relacionadas con el Consejo Departamental de Desarrollo, por el tema de sobrevaloración de precios en alimentos. Pero en cuanto a Ocós, sí tenemos unas ocho o nueve en investigación”.

Campos hizo ver que las denuncias no solo han sido presentadas por la CGC, sino también por algunos ciudadanos, mientras que otras averiguaciones se cursan de oficio por información que sale publicada en medios de comunicación.

Todas las denuncias se encuentran en proceso de investigación y la mayoría se refiere a la adjudicación o construcción de proyectos, mientras que otras corresponden a pagos sin la documentación legal requerida.

Sobre los avances de las pesquisas, Campos admitió: “Nosotros solicitamos a la CGC informes; por ejemplo, sobre la construcción de un puente vehicular”.

A criterio del entrevistado, la región suroccidental del país se caracteriza por los altos índices de corrupción

detectados: “En todos los municipios del país hay corrupción, pero en San Marcos se han presentado más, últimamente”.

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“Que se aclaren los casos”

Welman Ulises López, síndico primero de la Municipalidad de La Blanca y uno de los denunciantes de estos hechos, señala que como corporación buscan lo siguiente: “Que se trate de aclarar todo eso, porque nosotros consideramos que es una burla al pueblo que queden obras inconclusas, ya que en algunas solo se avanzó un 40 por ciento. Como administración actual, eso nos impide seguir trabajando”.

Vecinos de ese municipio costero, quienes  pidieron no revelar su nombre por temor a represalias, comentaron que se sienten frustrados y engañados por las anteriores autoridades. “Fueron buenos para llegar a pedir el voto en plenas elecciones, pero después ya no cumplieron con los proyectos en bienestar de la población”, manifiestan indignados.

ContraPoder intentó contactar a Edilma Navarijo, pero no contestó las llamadas al número de teléfono que aparece a su nombre. Asimismo, se buscó la reacción en el Congreso de la República de su hija, la diputada Viviana Preciado Navarijo,  quien tampoco atendió la solicitud para ser entrevistada, tanto en el Pleno como en su oficina particular.

Red de jefes ediles corruptos

Como Corrupción en Occidente fue denominado el caso que el MP reveló el pasado 25 de octubre, y que involucró a varias municipalidades de Huehuetenango y Totonicapán. Ese día se giraron 26 órdenes de aprehensión contra exempleados ediles y exalcaldes, además de algunos particulares, quienes habrían formado parte de una red dedicada a la obtención de contratos anómalos.

La fiscal general Thelma Aldana, acompañada de Iván Velásquez, jefe de la Comisión Internacional contra la Corrupción en Guatemala (Cicig), expuso que en 2008 y 2009 distintas comunas otorgaron proyectos a la constructora Kelly, en tanto que el propietario de la empresa beneficiada, Héctor Leonel Castillo Gómez, sobornaba a quienes lo apoyaban para adjudicarse las obras. Castillo Gómez habría emitido al menos 155 cheques a favor de empleados de comunas, por Q2 millones 100 mil.

Aparentaban legalidad

El modo de operar de la estructura era realizar los procesos de licitación y cotización para la ejecución de las obras “dotados dolosamente de aparente legalidad”, con el fin de beneficiar a la constructora Kelly.

La constructora Martínez, propiedad del actual alcalde de Huehuetenango, Gerardo Martínez Gómez, participaba en las licitaciones de común acuerdo con Constructora Kelly, para verse beneficiada. Entre los proyectos estaba la edificación de muros de contención, obras para limpieza de carreteras, mejora de caminos rurales, remodelación de escuelas, construcción de sistemas de aguas pluviales, construcción de una escuela primaria e introducción de agua potable para comunidades.

Anomalías en relación con la sobrevaloración en la compra de alimentos fueron detectadas también por el MP, por lo que se llevaron a cabo allanamientos el 14 de septiembre en varios municipios de San Marcos. Como resultado del procedimiento fueron capturados trabajadores y exempleados municipales.  Entre los detenidos se identificó a 15 personas, entre ellos exalcaldes, extesoreros, exconcejales, exsíndicos, exsecretarios y familiares de estos.

Violentaban las leyes

Sobre estos hechos irregulares, el fiscal Campos detalla el proceso: “Cuando la junta licitadora adjudica el proyecto, de inmediato el expediente pasa a aprobación o improbación por parte del Concejo Municipal, que puede aprobar lo actuado por la Junta de Licitación, o improbarlo.

Posteriormente, los alcaldes, como representantes de los municipios, suscriben el contrato respectivo con la empresa y es por eso que estas también tienen responsabilidad, pues según el artículo 450 del Código Penal, que se refiere al delito de fraude, pueden incurrir en este funcionarios o empleados públicos o cualquier persona que participe en un proceso de adquisición”.

Y agrega: “Evidentemente, ahí se puede imputar a un empresario que utilice un artificio como la sobrevaloración;  es decir, vender y no entregar el producto y que pueda en algún momento perjudicar el patrimonio”.  Según el funcionario, los casos ya están en los tribunales de justicia del país.

En 2015, Edilma Navarijo de León se postuló por el partido Unidad del Cambio Nacional (UCN) como candidata para ocupar el máximo cargo edil de La Blanca, pero perdió la contienda electoral. Su hija, Vivian Beatriz Preciado Navarijo, obtuvo una curul como diputada distrital.

No obstante, Navarijo de León ya había dirigido los destinos de Ocós, San Marcos, entre 2008 y 2016. En 2007, su hijo Carlos Danilo fue su contrincante al postularse también por la alcaldía de Ocós. Pero la tragedia llegó a la familia Preciado Navarijo cuando, en 2008, fueron asesinados su esposo Carlos Danilo Preciado y su hijo José Luis. Por este caso fue capturado el excomisario Víctor Hugo Soto Diéguez, exjefe del Departamento de Investigación Criminal de la Policía Nacional Civil, y se le acusó de ambas muertes, pues, estando preso por el caso de toma de Pavón en 2006, donde murieron siete reos, apareció con una herida de bala tras la balacera registrada con los ahora fallecidos.

En 2010, Preciado Navarijo fue detenida y luego puesta en libertad, sospechosa de encubrimiento a favor de Soto Diéguez. Se le incautaron armas de fuego.

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