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Cuatro intentos fallidos y Guatemala no tiene Ley Antipandillas

26 junio, 2017 Redaccion Canal Antigua

Desde el 2010 se han presentado al menos cuatro iniciativas de ley para modificar el Código Penal con el objetivo, específicamente, de crear una sección donde se contemplen penas en contra de las pandillas. Ninguna de ellas fue aprobada en los últimos años.

La más nueva, el quinto intento, la iniciativa 5266, fue presentada en abril de 2017 y fue conocida por el Pleno del Legislativo el 2 de mayo.

El abogado Luis Lima Oliva, dijo que Guatemala es el único país de la región centroamericana que todavía no tiene una ley que regule a las pandillas. El Salvador y Honduras ya cuentan con esta normativa y también han declarado a las maras como “terroristas”.

Lima Oliva teorizó que las propuestas no florecieron en el Congreso debido a que “tocan intereses”. Pero ¿los intereses de quién? En primer lugar de las empresas de seguridad y luego de los negocios de armas, entre otros.

Esto ha convertido al país en el “paraíso” de las maras, agregó. Estimó que en Guatemala existen cerca de 25 mil pandilleros, pero el número es incierto.

Nueva iniciativa réplica de las demás

Foto: Archivo/AP.

La última propuesta de ley del partido Todos, la iniciativa 5266, tampoco parece la solución según Lizandro Acuña, analista de seguridad del Instituto de Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Ipnusac).

La iniciativa indicada se basa en la represión pero ninguna ley penal cambiará la situación social en la que los jóvenes de las áreas marginales de la ciudad viven”, explicó.

“Las extorsiones no se van a solucionar con incrementar las penas de prisión porque es un problema socioeconómico, por las grandes desigualdades que hay en el país, la falta de desarrollo ha contribuido a este flagelo. La ley no dará solución de fondo”, agregó.

Las propuestas anteriores y ahora la 5266, no tuvieron respaldo debido a que eran un copia y pega de leyes de otros países que solo querían endurecer las penas para los pandilleros que ya estaban en prisión y criminalizan a personas que “parecen o visten como pandilleros”.

Esas leyes no midieron el impacto económico en sus instituciones de seguridad y justicia. Por eso, dos años después el número de capturas descendió, indicó Acuña.

Aun así, el analista del Ipnusac sí cree que se necesita una ley para regular esta problemática que tenga enfoques de rehabilitación para los miembros de pandillas, y así evitar la reincidencia y la estigmatización social que no les permite iniciar de nuevo.

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