ACTUALIDAD

De reclusos, autobuses y otros abusos

7 julio, 2017 Estuardo Gasparico

Antes de tomar posesión de sus cargos, los funcionarios tendrían que leer la constitución y las leyes que les servirán para desempeñarse.

Antes de iniciar esta reflexión, quiero citar el Artículo 20 de la Constitución Política de la República de Guatemala, el cual dice: Menores de edad. Los menores de edad que transgredan la ley son inimputables. Su tratamiento debe estar orientado hacia una educación integral propia para la niñez y la juventud. Los menores, cuya conducta viole la ley penal, serán atendidos por instituciones y personal especializado. Por ningún motivo pueden ser recluidos en centros penales o de detención destinados para adultos. Una ley específica regulará esta materia.

Esto viene a colación, a raíz de los cada vez más frecuentes incidentes violentos en los que resultan involucrados menores de edad, por voluntad propia o ajena, como lo ocurrido esta semana en el centro correccional “Las Gaviotas”, sin contar hechos anteriores acaecidos en otro reclusorio denominado Etapa II y la peor tragedia de este año: la incineración de más de 40 niñas y señoritas en el mal llamado Hogar Seguro.

En primera instancia,  llama la atención que en las famosas reformas constitucionales relacionadas con el sector justicia (y que a alguien o a muchos les conviene dejar en el olvido) no hayan incluido una modificación al artículo citado, tomando en cuenta que cientos de menores de edad se han convertido en una amenaza pública y delinquen igual o peor que cualquier adulto.

Son muchos los países, comenzando con los Estados Unidos, donde niños y adolescentes son juzgados y condenados como mayores de edad, tomando en cuenta que cometieron crímenes que nada tienen que ver con lo que hace un niño normal.  O sea, si eres grande para robar o matar, también lo eres para afrontar las consecuencias.

Pero mientras esto ocurre, también vale la pena revisar el artículo 19 de nuestra Carta Magna, el cual reza que el sistema penitenciario debe tender a la readaptación social y a la reeducación de los reclusos y cumplir en el tratamiento de los mismos, con las siguientes normas mínimas:

a. Deben ser tratados como seres humanos; no deben ser discriminados por motivo alguno, ni podrán infligírseles tratos crueles, torturas físicas, morales, psíquicas, coacciones o molestias, trabajos incompatibles con su estado físico, acciones denigrante s a su dignidad, o hacerles víctimas de exacciones, ni ser sometidos a experimentos científicos; b. Deben cumplir las penas en los lugares destinados para el efecto. Los centros penales son de carácter civil y con personal especializado.

Me gustaría saber si los empleados de los sectores penitenciarios, incluida la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia (que no tendría por qué encargarse de reclusorios) están enterados de esto.  Lo más seguro es que no.

Además, deberían consultar el artículo 261 del decreto No. 27-2003, Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia, según el cual, si el adolescente privado de  libertad cumple dieciocho (18) años de edad durante su internamiento, deberá ser ubicado separadamente de los adolescentes o ser trasladado a un centro especial para este fin.  Por ningún motivo será trasladado a un centro penal de adultos.  De nuevo, parece que no lo saben.

Pero ya que estamos hablando de abusos, en esta edición de ContraPoder les presentamos otro caso de posible corrupción y está relacionado directamente con los multimillonarios subsidios que han recibido durante décadas los empresarios del transporte urbano.

Pero además, cómo esa situación dio origen al Transurbano, sistema que también ha decepcionado a los usuarios, pero tras el cual se esconde una serie de hechos que, según nuestras fuentes, ya fueron denunciadas ante el Ministerio Público y muy pronto saldrán a luz, con las implicaciones que son de esperarse. O sea que esto continuará.

Comentarios

comentarios



RELACIONADOS