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Cambian delitos para el coronel Chiroy y 7 soldados en caso Alaska

8 enero, 2018 Jerson Ramos

Un coronel y siete soldados sindicados de la muerte de manifestantes en la Cumbre de Alaska, Totonicapán, en 2012, enfrentarán juicio por ejecución extrajudicial, según resolvió la Sala de Apelaciones de Mayor Riesgo, que cambió los delitos que se les habían imputado.

Los acusados habían sido enviados a juicio por el Juzgado de Mayor Riesgo A por cargos de homicidio en estado de emoción violenta y tentativa de homicidio en estado de emoción violenta; pero con el fallo de la Sala, se ordena que en ambos casos, se imputen hechos de ejecución extrajudicial y ejecución extrajudicial en grado de tentativa.

El 4 de octubre de 2012, cientos de pobladores de Totonicapán habían bloqueado el paso de vehículos en el kilómetro 170 de la ruta que conduce al occidente. Manifestaban por varias razones, entre las que destacaban las reformas que en ese momento se discutían para la carrera del magisterio, así como la nacionalización de la energía eléctrica y la rebaja del costo por suministro.

Los hechos

El coronel Juan Chiroy Sal era quien se encontraba a cargo del contingente formado por más de 70 elementos castrenses; y, a pesar de las indicaciones que recibió de la Policía de la localidad, se dice, llegó hasta el lugar donde se encontraba el bloqueo.

Los manifestantes, al observar que descendían soldados de los camiones del Ejército, les lanzaron piedras y palos. Varios uniformados corrieron a esconderse para evitar las agresiones, pero dos dispararon con su fusil en contra de los campesinos.

El saldo fue de seis manifestantes muertos por impactos de bala de uso militar, así como soldados golpeados. Chiroy Sal había abandonado el lugar y dejó a sus subalternos sin instrucciones.

Cuando se registraron los hechos la acción de la fuerza pública fue ordenada por Mauricio López Bonilla y Ulises Anzueto, ministros de Gobernación y de la Defensa, respectivamente.

Cambio de delito

En febrero de 2015, la entonces jueza Carol Patricia Flores ordenó que los sospechosos fueran enviados a debate, pero modificó la acusación de la Fiscalía de Derechos Humanos por considerar que los indicios y los hechos no se relacionaban entre sí, y que por lo tanto, no podían sostenerse los delitos de ejecución extrajudicial y ejecución extrajudicial en grado de tentativa.

Casi dos años han pasado, y durante ese tiempo se han presentado varias acciones legales, las cuales llegaron hasta el recurso de casación, con el cual el Ministerio Público aseguraba que no debía tomarse como válida la decisión de Flores, porque se tenía todo lo necesario para comprobar que los cargos originales sí habían ocurrido.

Queda pendiente que el Juzgado reciba las pruebas recabadas por el órgano investigador, las cuales serán conocidas en el debate que se realizará ante un tribunal de sentencia.

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