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Discusión y consenso

9 febrero, 2017 Carroll Rios

En septiembre del año pasado, salió en primera plana la foto de los presidentes de los tres organismos de gobierno, Jimmy Morales, Ranulfo Rojas y Mario Taracena anunciando el cierre de 148 mesas de trabajo, integradas por 1 mil 500 guatemaltecos, quienes discutieron propuestas de reformas al sector justicia.

En su noveno informe de labores, la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) se atribuye la organización de dicho diálogo, conjuntamente con el Ministerio Público y la Procuraduría de Derechos Humanos. El comisionado Iván Velásquez, la fiscal general Thelma Aldana y el procurador de los Derechos Humanos, Jorge de León, se instalaron en el palco del Congreso el día 28 de noviembre, ocasión en la que los diputados aprobaron el paquete de reformas en tercer debate.

Ahora parece que corren analizando cada artículo, para poder convocar un referendo a mayor brevedad. Pensarán las élites políticas que ya hubo suficiente discusión, pero las prisas engendran desconfianza, advierte el editorial de elPeriódico del 17 de noviembre del 2016.

Un abismo separa la discusión, del consenso. Las mesas no produjeron acuerdos, sino evidenciaron diferencias de criterio entre los participantes. A los ciudadanos nos inquietan los alcances de algunos de los pretendidos cambios al sector justicia, no menos por el hecho de su radicalidad: desde la forma de elegir a magistrados, hasta la división del Organismo Judicial en dos (creándose un Consejo Nacional de Justicia), y la admisión del “pluralismo jurídico” o la coexistencia de un “derecho indígena” con el derecho de la república.

Para más, existen iniciativas de reforma constitucional que anteceden este proyecto. La Asociación ProReforma presentó al Congreso una propuesta de enmienda parcial calzada por 73 mil 103 firmas; fue analizada en 90 audiencias para luego, ser archivada por la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales. Otros proyectos fueron presentados por la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asies) y las universidades de San Carlos y Landívar, el del expresidente Otto Pérez Molina y el del expresidente de la Corte de Constitucionalidad, Roberto Molina Barrueto, entre otros. ¿Acaso no debiera seguirse el mismo procedimiento para cada proyecto, o someterlos todos a consulta popular?

La constitución es nuestro contrato social; en ella se plasman las reglas que rigen nuestra convivencia. El texto más emblemático del análisis económico de las decisiones públicas, El cálculo del consenso, los fundamentos lógicos de la democracia constitucional (1962), por James M. Buchanan y Gordon Tullock, analiza los costos de tomar decisiones colectivamente. Solemos recurrir a la regla de mayoría o mayoría calificada porque es costoso y tardado alcanzar acuerdos unánimes. Por la misma razón elegimos diputados que, en principio, nos representan y votan nuestras preferencias.

En muchas cuestiones, como por ejemplo cómo funcionan los semáforos en la capital, no queremos ser consultados. Nuestra apreciación de los costos cambia tratándose de asuntos constitucionales. Aquí preferimos tomar parte en la decisión porque estas reglas nos afectan hondamente: favorecemos reglas próximas a la unanimidad. Años antes de publicarse El cálculo del consenso, el economista sueco Knut Wicksell escribió que el consenso es el único método que elimina los costos externos. Todas las decisiones en un mercado libre son unánimes, pues se llevan a cabo solo las transacciones que son voluntarias y libres de externalidades, intuyó Wicksell.

El sector justicia puede mejorar mediante mejores reglas del juego, pero también podría empeorar. Si no construimos consensos ahora, el resultado en la consulta será un rotundo NO.

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