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El desgaste de una propuesta fallida

2 junio, 2017 Andres Castillo

La forma como se ha impuesto y llevado el debate de esta reforma constitucional, ha provocado un desgaste innecesario.

Los guatemaltecos somos conscientes de la necesidad de fortalecer el Organismo Judicial y en consecuencia, de la correcta aplicación de la ley. De los tres poderes del Estado, debemos considerar que el Organismo Judicial cumple con dos funciones fundamentales: velar por el respeto de todos los ciudadanos  por el marco jurídico y sancionar las ilegalidades, tanto de la población, como de los gobernantes.

Existe una propuesta de reformas a la Constitución, que unos pocos aplauden y otros muchos rechazan. Algunas preguntas a la reforma constitucional en el sector justicia son: ¿cómo debemos fortalecer al Organismo Judicial? ¿Cómo evitamos la cooptación del mismo? ¿Cómo logramos que los mejores abogados tengan interés en una carrera judicial como jueces y magistrados? ¿Cómo evitamos que la justicia se contamine y comprometa por las posturas ideológicas? ¿Cómo diferenciamos cuando el problema es de leyes o es de personas? ¿Cuáles de los cambios que intenta la aludida reforma constitucional se pueden lograr a través de leyes ordinarias?

Es evidente que la actual propuesta para reformar la Constitución que se “conoce y discute” en el Congreso de la República, no cuenta con un nivel de consenso y fundamento técnico, que anticipe beneficios para apoyarla. Diversos sectores y grupos de personas, incluyendo profesionales y académicos, han denunciado públicamente la manera en la que –a “puerta cerrada” y con advertencias–, algunos funcionarios y personas investidas de poder han intentado forzar que dicha reforma sea aprobada por el Congreso. Lamentablemente, esa actitud lejos de haber unido a la población, logró todo lo contrario, creando desconfianza y calificando a unos como buenos y otros, como malos.

Agotado el polarizado artículo de la reforma constitucional que proponía la “jurisdicción indígena”, mismo que atropellaba los principios de igualdad ante la ley y de seguridad jurídica, el tema que captó la atención de los guatemaltecos en días recientes, es el Artículo 209 y la creación del Consejo Nacional de Justicia.

Debemos reconocer que las funciones administrativas de la Corte Suprema de Justicia, el nombramiento y remoción de los jueces han sido temas polémicos a lo largo de la historia nacional y deben abordarse con fundamento. Sin embargo, es justamente acá en donde las preguntas que hago en el segundo párrafo, cobran vital importancia.  Realmente creemos y estamos convencidos de que ese “Consejo Nacional de Justicia” constituye un pilar para la corrección de los problemas de la administración de justicia, o más bien, quedamos expuestos a una más fácil manera de cooptar y controlar el Organismo Judicial. 

Debemos reconocer que las Comisiones de Postulación para la selección de candidatos para cargos de Estado, se corrompieron, no porque la ley hubiese sido mala, sino por la mera ambición de controlar las esferas del poder a través de trampas y corrupción. Pero en todo caso, lo que no convence con la creación del Consejo Nacional de Justicia, es si las trampas y la corrupción se eliminan, o simplemente cambian de manos.

La forma como se ha impuesto y llevado el debate de esta reforma constitucional, ha provocado un desgaste innecesario a la imagen del Organismo Legislativo, la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), el Ministerio Público (MP) y el Procurador de los Derechos Humanos. Debe llamar nuestra atención la falta de olfato político por parte de los actores que han impulsado la fallida propuesta, pues si bien la población en su mayoría reconoce la importancia de fortalecer el tema principal, al día de hoy nos desgastamos como sociedad, atravesando innecesariamente un debate ideológico de similares magnitudes al que tuvimos en la época del conflicto armado y posteriormente, con el fiasco del genocidio.

Los guatemaltecos necesitamos propuestas y cambios que nos unan como sociedad.  Por supuesto, tenemos que ser firmes con la denuncia en contra de la corrupción y procurar que los cambios apunten en la dirección correcta; pero definitivamente, la manera como se ha tratado de imponer esta reforma constitucional, no nos conviene.

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