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El mejor aliado para la defensa del territorio es la ciencia

12 mayo, 2017 Redaccion Canal Antigua

La intransigencia con la que se desarrollan varios proyectos extractivos, energéticos o megacultivos ha llevado a muchas comunidades a la oposición organizada. El ejemplo más relevante probablemente sea La Puya, una comunidad en resistencia que ha librado una eterna batalla legal con el proyecto minero “El Tambor” Progreso VII Derevida, de la empresa Kappes Kassidy & Associates en el municipio de San José el Golfo. Así como en este caso, la Secretaría de Asuntos Agrarios contabilizaba mil 448 casos de disputa del territorio en el país para finales de 2016. Esta es una situación que se replica prácticamente en toda Latinoamérica y se vuelca, incluso, al derecho internacional.

En 2015 tuve la oportunidad de discutir este tema en un curso impartido por el Dr. Gerardo Ceballos, un distinguido conservacionista mexicano y catedrático del Instituto de Ecología de la Universidad Nacional Autónoma de México. En el caso de megaproyectos de todo tipo se deben cumplir dos criterios: el legal y el científico. Si el proyecto no cumple con uno de los dos, simplemente no procede. Bajo esta lógica, no debería haber mayor complicación y la labor de los ministerios pertinentes, las empresas y las comunidades afectadas debería ser simple. Sin embargo, hemos atestiguado maratónicos enredos legales, litigaciones que llegan hasta las más altas instancias del Organismo Judicial. ¿Por qué?

El OJ se ahorraría muchísimo trabajo si el criterio legal estuviera ligado a un robusto control científico, tanto para las evaluaciones previas al proyecto, como en la auditoría a los mismos. Los Estudios de Impacto Ambiental y los peritajes posteriores deberían de realizarse con el mayor rigor científico posible. Esto implica que el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales construya en su capacidad científica, se cerciore de la calidad e independencia del trabajo de los individuos o empresas consultoras y tener un enfoque preventivo.

En cuanto a la situación actual, las batallas legales deben de poder respaldarse sobre hechos científicos y datos robustos. Lo bello de los datos de calidad es que desarticulan cualquier argumento en su contra. Pero para esto se debe tener capacidad metodológica y de análisis, un seguimiento adecuado de las pruebas, la independencia del análisis y su replicabilidad. Por esta razón, las comunidades en resistencia pueden y deben buscar el acompañamiento de instituciones científicas, de preferencia en duplicado, que tengan la capacidad de proporcionar evidencia sólida acerca de la situación que les afecta. En primera instancia, pueden acercarse a las universidades que manejen temas ambientales y cuenten con la infraestructura, equipo y personal capacitado para esto. Es una lástima que las autoridades pertinentes no tengan la capacidad ni la transparencia para realizar esta labor, pero deben de construirla. Mientras no se logre, los conflictos socio-ambientales perdurarán y los perjudicados serán los de siempre.

Texto: Sergio González

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