El Parlamento de Pakistán aprobó una norma que recomienda el ahorcamiento en público como castigo para los condenados por abuso y/o asesinato de menores.
La polémica decisión se da en respuesta a un brutal caso que conmocionó al país: el asesinato de Iwaz Nur, una nena de ocho años que fue violada y ahogada en un depósito de agua en la provincia de Jíber Pajtunjua.
“En un gesto de enérgica condena, esta cámara exige el final de estos asesinatos infantiles, tan vergonzosos como brutales”, dijo en una moción el ministro de Estado para Asuntos Parlamentarios, Alí Muhammad Jan, de la Asamblea Nacional.
“Por ello, y como contundente escarmiento, esta cámara recomienda que los asesinos y violadores de niños no solo deberían recibir la pena de muerte por ahorcamiento, sino también morir en público“, agrega la moción, que fue aprobada por todos los diputados de la cámara excepto por el Partido Popular de Pakistán (PPP), una facción de centroizquierda.
El PPP, de la familia Bhutto, sostienen que las ejecuciones públicas violan el Derecho Internacional. “El agravamiento del castigo nunca provoca una reducción del crimen, y el ahorcamiento público supone una violación de las normas de Naciones Unidas“, dijo a los diputados el ex primer ministro Raja Pervez Ashraf.
El ministro de Ciencia y Tecnología, Fawad Chaudhry, también se manifestó en contra. “Es otro acto propio de una civilización brutal. La sociedad se distingue por perseguir el equilibrio. La barbarie no es la respuesta a los crímenes. Es otra expresión de extremismo”, escribió en Twitter.
La ministra de Derechos Humanos de Pakistán, Shirin Mazari, recordó que esta moción “no cuenta con el beneplácito del Gobierno“.
Entre enero y julio de 2018 se contabilizaron 1.304 niños paquistaníes víctimas de abusos sexuales, según números de la organización por los Derechos de la Infancia Sahil. Se trata de siete casos diarios.
