El plan de INCAE para reabrir la economía

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En nuestro programa de análisis el Presidente de INCAE Robero Artavia, compartió el plan para reabrir la economía que la escuela de negocios planteó a la región centroamericana.

La economía del país está paralizada. La realidad sitúa a Guatemala en un escenario donde encontrar oportunidades resulta casi imposible. Los resultados de la última encuesta hecha por CACIF evidencian que 6 de cada 10 empresas afrontan un problema de liquidez para seguir operando. El 46% de empresas encuestadas notificaron que habían recurrido a la suspensión de trabajadores de las cuales el 64% lo ha hecho de forma parcial.

En medio de este inesperado escenario la escuela de negocios INCAE ha propuesto un plan de “apertura segura de la economía nacional” que ya fue implementado en Panamá y en El Salvador. En el mismo se analizan los sectores económicos ante el impacto de la pandemia y propone ajustar estrategias y estructuras a nivel de conceptos y planificación.

El plan más complejo que este análisis, abarca una reapertura sectorial, a través del fortalecimiento de protocolos de seguridad y salubridad que eviten elevar la cifra de contagios que conllevarían un nuevo cierre de la economía.

el plan menciona que la combinación entre desempleo y pobreza conlleva el riesgo de un colapso de la estructura social que hace urgente una apertura de la economía que evite un descontento social insostenible para el país.

La economía en 8 pasos según INCAE

El primer paso habla de ubicar en un orden de prioridad y seguridad a cada sector por medio del cálculo de un índice de apertura para el cual utilizan tres criterios:

  1. El riesgo de contagio en la operación de cada sector
  2. El riesgo social tanto para trabajadores si llegan al desempleo y para empresarios por falta de ingresos
  3. La importancia económica de cada sector.

Los primeros dos criterios miden el riesgo social a través factores de valor: tales como la satisfacción de necesidades, seguridad integral, pérdida del control, riesgo familiar por violencia y capacidades. Los anteriores son clave puesto que la pérdida de cada uno conlleva a un descontento moral y social que puede repercutir en descontento social.

El tercer criterio mide más el impacto económico per se basándose en el PIB y la tasa de empleo.

Es evidente que la medición de INCAE da más espacio y valor a los impactos sociales de los cierres parciales y totales y ejerce así un contrapeso no económico al riesgo de contagio.

el modelo alude a las posibles consecuencias sociales producto de los cierres y no solo mide el riesgo de contagio e impacto económico.

El segundo paso de la propuesta se adentra en la distribución de los sectores, según el índice de apertura medido por los tres factores anteriores, agrupado en seis niveles de alerta para asignarles un “protocolo general de operación segura” según su ubicación de acuerdo al índice.

Los seis niveles de alerta van desde los sectores que pueden volver a una relativa normalidad de manera inmediata, pasando por los que tienen una condición de alto riesgo de contagio y alta importancia social, hasta los que deben abrirse parcial y paulatinamente y con protocolos de seguridad avanzados y exigentes.

Del tercero al quinto paso del modelo analizan el estado operativo de la cadena de valor de cada empresa y si existen tecnologías o innovaciones para incorporarlas a su protocolo en pro de disminuir el riesgo de contagio. Esto implica inversión por parte de las empresas para adaptar sus operaciones.

De lo anterior el sexto paso es asignar protocolos adecuados para lo cual sería necesario trabajar con expertos de cada sector para asignar y diseñar manuales de apertura segura de forma específica.

Cabe mencionar que plantean un protocolo general obligatorio para todas las empresas y sectores que consiste en prácticas y facilidades aumentadas de higiene en cada operación tales como el uso de mascarillas, programación de ingresos, salidas y actividades comunes para evitar aglomeraciones, un ajuste en horarios que minimice los contactos y aglomeraciones y el control de síntomas para aislar los factores de riesgo.

 

En séptimo paso las empresas debieran generar un protocolo donde se separan a los trabajadores por sectores con el fin de evitar aglomeraciones.

El octavo elemento del marco integral es definir un esquema de apertura donde todos los sectores de la economía operen en un nivel seguro. Sin embargo para lograrlo, algunos deberán abrir de forma gradual, lo cual implica inversiones extraordinarias y adaptaciones que conllevarán cierto grado de pérdida de productividad.

El rol del gobierno

Llama la atención el rol del gobierno juega en la implementación de este plan de reapertura, al tener como parte esencial “una campaña sumamente atractiva y constante para crear conciencia en la fuerza laboral” que está implícita en inversión pública.

Otra parte que llama la atención del análisis de INCAE es que aborda al sector informal, la pequeña y mediana empresa en la economía de una sola manera sin tomar en cuenta que el sector informal no es parte de la recaudación tributaria.

Dada la poca capacidad de inversión de éstos sectores que además representan un porcentaje alto de las actividades productivas del país, el plan recomienda crear condiciones comunitarias, en coordinación con las municipalidades a través de programas, políticas e inversiones seleccionadas.

El plan pretende minimizar el nivel de riesgo y reducir la necesidad de movilizarse para que este sector tenga acceso a esquemas de apoyo e higiene que les permita operar de manera tal que mantengan ingresos, y aquí radica un tema importante «en muchos casos deberá llegar por transferencias directas del gobierno».

Llama la atención que el modelo planteado por INCAE da la pauta para que la protección por parte del gobierno de los sectores pobres, las microempresas formales e informales, el empleo doméstico y similares, sea de alta prioridad por considerárseles “factores de vulnerabilidad al contagio”.

Sin embargo, esto implica de forma automática enfocar parte importante de los recursos del estado a una política social de transferencias directas para que según palabras de INCAE en la economía, “les de acceso a tener los recursos que requieren para participar como consumidores en el mercado que llena sus necesidades esenciales.

“Es clave dotar las comunidades, mercados y sistemas de transporte de facilidades de higiene y servicios que faciliten acceso a los programas de apoyo. La campaña de educación, concientización y buenas prácticas por todos los medios y en particular el teléfono móvil”.

Lo anterior implica una inversión de gasto público que requiere de presupuesto y ejecución. 

Algo que no menciona la propuesta de INCAE respecto a abrir la economía, que sería un buen punto de partida, es la coordinación entre gobierno y empresa privada como modelo a seguir en el concepto de de alianzas público privadas que generen condiciones adaptables a la realidad de un país como Guatemala. 

Esto es importante dada la baja capacidad de ejecución que ha demostrado el Gobierno en términos de hacer llegar los recursos a su destino final de forma eficiente, pues a la fecha y a partir del primer día de decretado el estado de calamidad, solo han ejecutado un 15% del total asignado a la emergencia.

Esto evidencia procesos burocráticos que no han permitido hacer eficiente el rol del Estado como administrador y ejecutor de los recursos. Se considera que para hacer funcionar un plan de este tipo se requieren ciertos cambios que reduzcan la  estructura del gobierno que permita la rápida aplicación del recurso económico para que la economía tome su curso natural.

Por otra parte no toma en cuenta el apoyo que la baja de ciertos impuestos por parte del gobierno puede aportar al funcionamiento de las empresas sino todo lo contrario, hablar de una subida en la recaudación, lo cual en momentos de bajos ingresos suena contradictorio.

Diversos expertos en economía han hablado que una eliminación del ISO y exenciones en el ISR permitiría a las empresas canalizar esos recursos en los protocolos de salud que se requieren implementar para funcionar.

Gobiernos Locales

Agregado al tema, la propuesta se apoya en el papel clave de los gobiernos municipales lo cual le da un gran poder a las alcaldías por su «cercanía y conocimiento de la realidad en sus zonas de influencia» sin embargo esto conlleva el reto de lograr consensos y transparencia, recordemos que tan solo hace tres semanas hubo dos alcaldes que renunciaron a la Asociación Nacional de Municipalidades y fueron casi 45 los que expresaron su inconformidad ante dicha entidad.

Las municipalidades de la República se han visto históricamente implicadas en casos penales, la mayoría pendientes de resolver, relacionados a corrupción lo cual representa un reto en cuanto a la credibilidad que necesitan para ejecutar un plan local de reapertura económica y manejo de recursos.

Sin embargo hace tres días el Presidente Giammattei se reunió de forma virtual con la ANAM para presentar los programas de apoyo, además que se expusieron puntos clave para un Plan de Reactivación Económica. Esto supone un avance importante y necesario, que se evidenciará en el plan por Q200 millones llamado de Asistencia Económica Temporal de Emergencia canalizado a través de las municipalidades.

Hoy el Presidente Giammattei anunció que «estamos entrando a la semana donde inicia un proceso ordenado y disciplinado que permitirá la apertura gradual de la industria y el comercio, con protocolos elaborados con los distintos ministerios».

El próximo fin de semana tampoco habrá toque de queda completo.

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