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Eliminar la violencia desde lo fiscal

21 marzo, 2017 Samuel Perez

Lamentables hechos recientes de violencia en el país han logrado poner en duda las estrategias para combatirla. Ante el desasosiego, propuestas tanto desesperadas como irresponsables, sugieren medidas extremas como la pena de muerte, la tortura o la militarización para poner fin a la inseguridad. No obstante, contrario a las opiniones radicales, el problema parece encontrar respuesta por medio de políticas económicas y particularmente fiscales. Sin embargo, estas propuestas de soluciones de fondo encuentran sus límites en los prejuicios y la desinformación.

Acontecimientos como la muerte de niñas quemadas en un Hogar Seguro a cargo de una Secretaría de la Presidencia; el saldo de monitores muertos luego de un amotinamiento de jóvenes menores en conflicto con la ley en Etapa 2, un Centro Correccional a cargo del Estado; y las represalias consiguientes a agentes de la PNC, muestran las consecuencias fatales de una serie de gobiernos incapaces de ejecutar soluciones estructurales, pero, además, muestran la debilidad, poca autoridad e incompetencia del Estado en general.

Esta incapacidad ha sido reiterada por la misma Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la cual ha condenado en múltiples ocasiones al Estado de Guatemala, entre otras cosas, por su desinterés en el cumplimiento de garantizar el mínimo de derechos para la niñez. Pero, más allá de las condenas internacionales, los hechos ponen en evidencia la debilidad del Estado en términos de recursos, tanto destinados a la atención de los problemas sociales básicos como para mitigar los problemas de violencia derivados de esta desatención.

Esto es relevante al considerar que Guatemala, la economía más grande de la región centroamericana, es de las que menos inversión destina a la niñez y adolescencia, gastando tan solo 0.69 dólares diarios per cápita, y esto es un problema de política fiscal. Lo anterior no solo deriva en problemas fundamentales de falta de condiciones de vida digna como la pobreza, desigualdad o la falta de acceso a educación y salud, sino que, como consecuencia, termina por incidir en el aumento de la violencia. Luego, ante este problema, el Estado de Guatemala no tiene más que emprender acciones reaccionarias para intentar mitigarla.

Ante estas consecuencias, dejando de lado la incapacidad, el Estado enfrenta otro problema que también corresponde a la política fiscal: los recursos para mitigar y combatir la violencia también resultan ser insuficientes. Empezando por el hacinamiento en los hogares seguros, centros correccionales y preventivos, una Policía Nacional Civil sin recursos para movilizarse, con agentes con condiciones deplorables y salarios cercanos al mínimo, un MP sin recursos para atender de inmediato todos los casos o tener al menos presencia territorial, y la falta de insumos para hacer eficientes o poner en marcha los programas de reinserción social que responden al objetivo principal del sistema penitenciario, muestran claramente problemas con el potencial de erradicarse con una política fiscal coherente.

Ahora bien, resulta un reto considerar estas propuestas pues enfrentan un constante desprestigio. Las reformas y la política fiscal en general, junto con otros temas como los Derechos Humanos, el pluralismo jurídico o la educación sexual integral, se encuentran en la canasta de temas prohibidos por la proporción más conservadora de la sociedad guatemalteca y que por lo mismo enfrentan constantes campañas de desprestigio y desinformación que permean en la sociedad. No obstante, los recientes hechos de violencia muestran el costo de oportunidad en vidas humanas que la sociedad guatemalteca está pagando por prejuicios ideológicos de buscar reducir el Estado a su mínima expresión. Dejando de lado los problemas de gestión pública, el problema puede empezar a resolverse por medio de herramientas fiscales, pero implica acciones concretas que inician por reconocer que una carga tributaria del 12% nos queda inhumanamente corta.

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