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En estado de Calamidad, pero nacional

Foto: Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia de la República.
21 julio, 2017 Estuardo Gasparico

Al gobierno ya le gustó restringir las garantías constitucionales de los guatemaltecos, aunque sea de forma temporal y local.

El 14 de julio pasado, el Ministerio Público y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) de nuevo sorprendieron a la ciudadanía al exponer, con lujo de detalles, un nuevo caso de corrupción multimillonaria, lo que fue precedido y seguido por una serie de detenciones y solicitudes de captura internacional.

Por tratarse de hechos en los que estarían involucrados no solo exfuncionarios, sino también empresas dedicadas a la construcción, especialmente, el Ejecutivo tuvo un pretexto excelente para hacer lo que más le gusta cuando quiere aparentar que no sabe cómo resolver un problema:  acudir a la limitación de las garantías constitucionales de manera temporal y local, lo que le da vía libre para comprar y contratar a su antojo, sin respetar la ley respectiva.

Fue así como decidió decretar un estado de Calamidad para las carreteras “internacionales” del país, lo que de inmediato, provocó el rechazo no solo de la población, sino del Congreso de la República, que por tercera ocasión le dijo NO al presidente Jimmy Morales.

Eso sí, el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, (CIV) junto al Ministerio de la Defensa (Mindef), desde el 18 de julio pueden realizar compras de bienes, servicios o suministros necesarios para reparar la red vial, sin someterse al proceso de licitación que ordena la Ley de Contrataciones del Estado.  O sea que, en parte, lograron lo que querían.

Ahora bien, tomando en cuenta que el gobernante y sus ministros se empeñan en demostrar que desconocen la legislación nacional, empezando con la Constitución Política de la República, es bueno recordarles lo que establece su Artículo 138: Limitación a los derechos constitucionales:  Es obligación del Estado y de las autoridades, mantener a los habitantes de la Nación, en el pleno goce de los derechos que la Constitución garantiza. Sin embargo, en caso de invasión del territorio, de perturbación grave de la paz, de actividades contra la seguridad del Estado o calamidad pública, podrá cesar la plana vigencia de los derechos a que se refieren los artículos 5, 6, 9, 26, 33, primer párrafo del artículo 35, segundo párrafo del artículo 38 y segundo párrafo del artículo 116.

Y el Artículo 139 dice que todo lo relativo a esta materia, se regula en la Ley Constitucional de Orden Público… la que establecerá las medidas y facultades que procedan, de acuerdo con la siguiente graduación: a. Estado de prevención; b. Estado de alarma; c. Estado de calamidad pública; d. Estado de sitio; y e. Estado de guerra.

Y el marco legal mencional (Decreto No. 7) indica que el Estado de Calamidad Pública podrá ser decretado por el Ejecutivo para evitar en lo posible los daños de cualquier calamidad que azote al país o a determinada región, así como para evitar o reducir sus efectos. ¿Ocurre algo así en el país?  Parece que no.

Entonces, la verdadera calamidad parece que afecta al país pero de otras maneras:  Es calamitosa la situación de la seguridad ciudadana, la pésima cobertura y calidad educativa y la persistentes deficiencias en los servicios de salud pública, sin contar con que, en efecto, la red vial se encuentra destruida.

Es calamitoso que a siete meses del año, los diputados no han aprobado casi ninguna ley que beneficie a los guatemaltecos, pero sí se recetan bonos y privilegios cada vez que les da la gana.  También lo es que el sistema de justicia permanece en parálisis, a menos que sea para destruir la certeza jurídica que aleja inversiones y desincentiva el empleo.

Y es más calamitoso que los guatemaltecos veamos todo esto sin hacer nada, como si los funcionarios, magistrados, jueces y diputados fuesen nuestros patrones, cuando nosotros pagamos sus sueldos con nuestros impuestos.

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