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Es demasiado importante

16 febrero, 2017 Carroll Rios

La reforma constitucional al Organismo Judicial es demasiado trascendente como para aprobar un chapuz a la carrera.

Foto: Luis Soto - CP
Foto: Luis Soto – CP

Frustran y enojan las mañas políticas evidenciadas en el escaso debate acerca de la propuesta reforma a la Constitución Política de la República, promovida por la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), el Ministerio Público (MP) y el Procurador de los Derechos Humanos (PDH), con el apoyo de las Naciones Unidas. Dichas mañas incluyen las mesas de discusión “inclusivas” que realmente no lo son, llamar “acuerdos” a diferencias de criterio, e imprimir un incomprensible carácter de urgencia al proceso de aprobación. Por otra parte, no faltan los venenosos ataques ad hominem. Los críticos de las reformas propuestas son tildados de opresores, racistas o retrógrados; los promotores de la reforma son, a su vez, tachados de vende patrias y comunistas. ¿Acaso no podemos analizar los méritos de los cambios con calma y madurez?

Partamos de dos puntos conciliadores. Primero, todos queremos vivir en paz, bajo leyes respetables y respetadas. La delincuencia y la criminalidad dañan a todos los guatemaltecos. Segundo, existe un reconocimiento generalizado de que el Organismo Judicial adolece de fallas. Es posible mejorar las reglas para que funcione mejor el sistema de justicia. La clave es elaborar una reforma constitucional que logre realmente esa meta.

“Como escribe Fuentes Destarac, ‘las instituciones del sector justicia no deben ser objeto de repartición de cuotas de poder’”.

En los medios de comunicación y las redes sociales, domina una preocupación por el pluralismo jurídico. En la propuesta CICIG-MP-PDH, pendiente de ser aprobada en el Congreso, la Corte Suprema de Justicia coexistiría con una jurisdicción indígena cuyos alcances son nebulosos. Los abogados constitucionalistas que elevan la voz de alarma, no niegan el carácter multiétnico del país. Señalan que ya existe un reconocimiento constitucional a favor de los ciudadanos indígenas. Defienden la igualdad ante la ley, que se vería cercenada al tener dos sistemas paralelos. Quieren reglas claras para todos, ciegas al color de nuestra piel. Si no detallamos claramente cómo se designarán las autoridades indígenas y cuáles son sus competencias, territorios y costumbres, generaríamos una incertidumbre tal, que podrían vulnerarse nuestros derechos humanos fundamentales. Por ejemplo, podrían ponerse en entredicho los derechos de propiedad registrados legalmente, los bienes de dominio público y otras garantías vigentes hasta el día de hoy.

¡Ojo, porque esa no es la única grieta! Las reformas contienen otros aspectos que merecen ser estudiados a fondo. Actualmente, las Comisiones de Postulación evalúan a los candidatos a fiscal general, y a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y de las Salas de Apelaciones, entre otros. Las comisiones se crearon para despolitizar la selección de estos funcionarios, pero no cumplieron su misión. La propuesta de CICIG-MP-PDH reemplazaría este mecanismo instituyendo un “Consejo Nacional de Justicia”. Entre las responsabilidades asignadas a dicho consejo, estaría la de aprobar la lista de candidatos a magistrados a la CSJ y a la Corte de Constitucionalidad, y nombrar directamente un magistrado. El Dr. José Luis González Dubón, abogado constitucionalista, advierte que la forma en la que se pretende integrar el Consejo Nacional de Justicia, y sus actuaciones posteriores, abre la puerta a los nefastos compadrazgos y al trueque de votos. El Consejo gozaría de demasiado poder, un poder arbitrario y concentrado, subraya.

Conciudadanos: opongámonos a un chapuz y estudiemos los sensatos análisis de González Dubón y de eminentes colegas suyos, como Eduardo Mayora, Gabriel Orellana, Mario Fuentes Destarac, Marta Altolaguirre e Ignacio Andrade. Como escribe Fuentes Destarac, “las instituciones del sector justicia no deben ser objeto de repartición de cuotas de poder”.

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