El Gobierno de Estados Unidos externó su preocupación por las capturas “por motivos políticos”, de servidores públicos actuales y anteriores “que luchan contra la corrupción”.
En un comunicado, el Departamento de Estado califica estas acciones como “continuos y descarados ataques” de la Fiscal General, Consuelo Porras, contra el sistema de justicia del país.
Según la entidad estadounidense, existe “informes de retrasos repetidos y poco comunes en las audiencias de lectura de cargos, la retención de información a los abogados defensores, la negativa a celebrar audiencias públicas y la filtración de detalles de casos a entidades en línea”.
Explica que lo anterior, implica “serias preocupaciones con respecto a la imparcialidad de estos procedimientos”.
We call on the government of Guatemala to ensure the personal safety and the fair and transparent treatment of all those involved in the justice system. Attacks by Attorney General Porras on independent judges and prosecutors must stop. https://t.co/0QwLGV6S5E
— Ned Price (@StateDeptSpox) March 8, 2022
Destaca la detención de al menos “seis fiscales anticorrupción anteriores y actuales”, y que otros fiscales han sido “obligados a huir del país”, además de los “esfuerzos para eliminar la inmunidad de jueces y fiscales anticorrupción adicionales”.
Estados Unidos muestra su alarma porque “las demoras procesales a menudo colocan a los servidores públicos en las mismas instalaciones que aquellos a quienes han ayudado a investigar o condenar, lo que genera graves riesgos para su seguridad”, quizá aludiendo la prisión provisional de ex fiscales en recintos comunes con señalados de corrupción.
El gobierno estadounidense llama a Gobierno de Guatemala para que “respete los derechos humanos de todas las personas, incluso garantizando juicios justos y asegurando la seguridad personal y el trato justo y transparente de todos los actores del sector de la justicia”.
Explica que los “esfuerzos de la Fiscal General para atacar a los fiscales anticorrupción y otros fiscales” son una “tendencia preocupante de corrupción y el debilitamiento de las instituciones y los procesos democráticos en Guatemala”.
El Ministerio Público no se ha pronunciado por la publicación del Departamento de Estado del vecino país.
