El 2020 termina, sin embargo deja en diferentes funcionarios la duda sobre qué pasará con su futuro legal luego que el Ministerio Público presentara distintas solicitudes de antejuicio para que se les permita iniciar un proceso de investigación en su contra por presuntos actos anómalos cometidos durante el ejercicio de sus funciones.
El primero de éstos fue el interpuesto por la Fiscalía Especial Contra la Impunidad en contra de 16 funcionarios judiciales entre los que se encuentra 2 jueces y 14 magistrados de salas de apelaciones señalados de supuestamente haber pactado de forma anómala su candidatura para dirigir las cortes del país al presuntamente haber acudido a la ayuda de Gustavo Alejos para que este pudiese gestionar los votos necesarios ante las comisiones postuladoras y el Congreso de la República.
Otro de los antejuicios presentados que actualmente se encuentra en impugnación es el presentado contra el Magistrado del Tribunal Supremo Electoral, Ranulfo Rafael Rojas, a quien el Ministerio Público le señala de supuestamente haber alterado una investigación en contra del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social en el año 2003 cuando este era agente fiscal.
Posteriormente, la misma FECI solicito el retiro de la inmunidad del alcalde de Mixco, Neto Bran, luego de que se ubicara una persona contratada por el jefe edil que se dedicaba supuestamente a amenazar a operadores de justicia por medio de páginas electrónicas conocidas como net centers.
Por su parte la Fiscalía Contra la Corrupción, también solicitó el retiro de la inmunidad del diputado y ex contralor general de cuentas, Carlos Mencos, a quien señala de supuestamente haber autorizado de forma anómala una contratación cuando este dirigió la contraloría en el año 2017.
Y por último y más reciente, la presentada contra el juez tercero de primera instancia penal, Mynor Moto, a quien señalan de supuestamente haber retardado de forma maliciosa diligencias de investigación dentro del caso Libramiento de Chimaltenango.
Todos estos antejuicios se espera que tengan una resolución por parte de la Corte Suprema de Justicia en el año próximo.
