En el 2018 la entidad israelí IC Power Asia Development LTD demandó al estado de Guatemala como resultado de una fiscalización llevada a cabo por la SAT, para verificar la liquidación del impuesto sobre la renta (ISR).
Según la empresa reclamante se violentaron sus derechos en el marco del Acuerdo para la Promoción y Protección de inversiones, que fue firmado entre Guatemala e Israel y vigente desde el 15 de enero de 2009. El monto reclamado por la supuesta violación fue de $117 millones.
Guatemala argumentó que la empresa demandante no tenía inversión protegida bajo acuerdo, toda vez había vendido su participación a otras distribuidoras.
El pasado 7 de octubre la Corte permanente de Arbitraje resolvió que Guatemala no había violentado el Acuerdo de inversión suscrito con Israel, por lo que el demandante pagó el monto de alrededor de S1.8 millones.
