Tras la denuncia presentada por el Secretario General de la Presidencia ante la Contraloría General de Cuentas por posibles malos manejos de fondos para la contratación de un bufete destinado a acciones legales contra exoperadores de justicia que abandonaron el país, la Procuraduría General de la Nación anunció que, por orden del presidente Bernardo Arévalo, se ha revocado la instrucción emitida en 2021 por el entonces presidente Alejandro Giammattei para la contratación de dicho bufete y las acciones legales contra los exoperadores y periodistas.
De acuerdo con un comunicado oficial, el Ministerio Público fundamentó su solicitud de contratación del bufete argumentando que los exoperadores habían generado críticas y denuncias que llevaron al Gobierno de Estados Unidos a imponer sanciones, lo que afectó la reputación internacional de los funcionarios sin que se hubiera agotado el debido proceso.
La procuraduría señala que no se puede coartar la libertad de expresión por lo que no se puede perseguir a los ciudadanos por la libre emisión del pensamiento, por lo que se detecto que las sanciones no fueron contra el estado de Guatemala niño contra personas especificas siguiendo criterios legales y políticos de otros estados y por ende no se puede usar al estado para tender una petición que viola los derechos de la libre expresión.
Por su parte, el Ministerio Público dio a conocer el oficio con el cual se solicitó a Giammattei la contratación del bufete, con el cual aseguran que las acciones se solicitan por que el actuar de la e fiscal general Thelma Aldana y el ex jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad, Juan Francisco Sandoval iban en detrimento de las acciones del ente investigador.
“Como una institución eminentemente jerárquica, que actúa de manera objetiva y sin sesgos de ningún tipo, el Ministerio Público ha ejecutado diversas acciones encaminadas al fortalecimiento de la persecución penal en el país, las cuales han sido objeto de criticas y comentarios malintencionados, dirigidos única y exclusivamente al desprestigio institucional, ocasionando con ello un grave perjuicio no solo a la institución, sino al estado de Guatemala a nivel internacional”, señala el documento.
Ante los comentarios emitidos por ambos exfuncionarios, el Ministerio Público solicito que se efectuara la defensa internacional como Estado de Guatemala, ya que según manifiestan dichas acciones de propaganda sistemática afectaron el sistema de justicia de Guatemala y el bien común de la población.
Por: Sergio Osegueda
