Saridewi Djamani, una singapurense de 45 años, fue ejecutada este viernes en la prisión de Changi, dijo la Oficina Central de Narcóticos (CNB) en un comunicado emitido horas después del ahorcamiento.
Fue sentenciada a la pena de muerte obligatoria en 2018 luego de ser declarada culpable de posesión de 31 gramos de heroína.
“Se le otorgó el debido proceso conforme a la ley y estuvo representada por un abogado durante todo el proceso”, dijo el CNB, y agregó que las leyes de Singapur permiten la pena de muerte por tráfico de más de 15 gramos de heroína.
Saridewi es la primera mujer ahorcada en Singapur desde la peluquera Yen May Woen, de 36 años, en 2004, que también fue condenada a la pena de muerte por tráfico de drogas.
Singapur mantiene algunas de las leyes de drogas más estrictas del mundo y su gobierno se mantiene firme en que la pena capital funciona para disuadir a los traficantes de drogas y mantener la seguridad pública.
Según la ley, cualquier persona sorprendida traficando, importando o exportando ciertas cantidades de drogas ilegales como metanfetamina, heroína, cocaína o productos de cannabis recibe la sentencia de muerte obligatoria.
Singapur ha ahorcado a 15 personas, incluidos extranjeros y un hombre con discapacidad intelectual, desde que reanudó las ejecuciones por condenas por drogas el año pasado, en lo que los activistas dicen que es un ritmo acelerado después de terminar una pausa de dos años debido a la pandemia.
“La pena capital se usa solo para los delitos más graves, como el tráfico de cantidades significativas de drogas que causan daños muy graves, no solo a los drogadictos individuales, sino también a sus familias y a la sociedad en general”, dijo el CNB.
Coro de críticas a la pena de muerte
El ahorcamiento de Saridewi desató una renovada indignación de los grupos de derechos humanos.
“El gobierno de Singapur viola la creencia humana en la redención y la capacidad de rehabilitación al insistir en cambio en tomar medidas drásticas e irreversibles”, dijo Celia Ouellette, fundadora del grupo sin fines de lucro Responsible Business Initiative for Justice.
“Singapur no solo arriesga su reputación internacional sino también su futuro financiero. Es hora de abolir la pena capital de una vez por todas”, agregó.
Adilur Rahman Khan, secretario general de la ONG Federación Internacional de Derechos Humanos con sede en Francia, calificó la ejecución de Saridewi como un “hito sombrío” y volvió a pedir al gobierno de Singapur que detuviera las ejecuciones.
La experta en pena de muerte de Amnistía Internacional, Chiara Sangiorgio, dijo que la última ejecución “desafió las salvaguardias internacionales sobre el uso de la pena de muerte”.
“No hay evidencia de que la pena de muerte tenga un efecto disuasorio único o que tenga algún impacto en el uso y disponibilidad de drogas. A medida que los países de todo el mundo eliminan la pena de muerte y adoptan la reforma de la política de drogas, las autoridades de Singapur no están haciendo nada”, dijo un comunicado.
Cifras compartidas por el Ministerio del Interior con CNN en 2022 decían que había unas 50 personas en el corredor de la muerte, la mayoría de las cuales eran hombres. Se desconoce el número de mujeres presas en el corredor de la muerte.
El abogado penalista Joshua Tong dijo que los condenados por tráfico de drogas generalmente eran hombres, pero que también conocía mujeres en esa situación.
Sobre el tema de los delitos de drogas, Tong dijo que, en general, “no había distinción entre hombres y mujeres para los castigos penales”.
“La única distinción que se haría sería si se impusieran los azotes”, agregó, señalando que la ley de Singapur solo permite azotar a los hombres.
Pena de muerte por cannabis
La muerte de Saridewi fue la segunda ejecución llevada a cabo en Singapur esta semana.
Este miércoles, Mohd Aziz bin Hussain de 57 años, fue ejecutado por traficar alrededor de 50 gramos de heroína.
La ejecución de otro singapurense, un repartidor, está programada para el próximo miércoles, dijo la activista Kirsten Han del grupo local contra la pena de muerte Transformative Justice Collective (TJC).
“TJC condena, en los términos más enérgicos, la racha sanguinaria del Estado. Exigimos una moratoria inmediata sobre el uso de la pena de muerte”, escribió el grupo en X, anteriormente conocido como Twitter.
Un número creciente de presos están siendo enviados a la horca, pero una lista completa de los presos condenados a muerte no se hace pública, dicen los grupos de derechos humanos, lo que hace que la aplicación de la ley contra el narcotráfico en Singapur sea extremadamente opaca.
En mayo, un hombre de Singapur llamado Tangaraju Suppiah fue ejecutado después de que fuera declarado culpable de intentar traficar alrededor 1 kg de cannabis, una ejecución que desató fuertes críticas internacionales, en parte porque un número creciente de jurisdicciones en todo el mundo han legalizado o despenalizó la droga.
El año pasado, el ahorcamiento del malasion Nagaenthran K. Dharmalingam, de 34 años, desató protestas internacionales tras la evaluación de los psicólogos de que padecía una discapacidad intelectual.
El caso volvió a poner bajo escrutinio las leyes de tolerancia cero contra las drogas de Singapur, y defensores de los derechos humanos argumentaron que la pena de muerte obligatoria por tráfico de drogas es un castigo inhumano.
La pena de muerte ha hecho poco para reducir el comercio ilegal de drogas en la región, dicen los activistas.
El comercio ilegal de drogas en Asia aumentó a “niveles extremos” según un informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) de junio. El informe dijo que los grupos criminales estaban estableciendo nuevas rutas de tráfico para evadir las medidas enérgicas y que los precios de la metanfetamina habían alcanzado nuevos mínimos.
Dijo que las incautaciones de metanfetamina en el este y sureste de Asia, que se dispararon a niveles récord durante la pandemia cuando los cárteles cambiaron a envíos a granel más grandes y riesgosos, volvieron a los números anteriores a la pandemia el año pasado.
