El gobierno francés de Emmanuel Macron quiere legalizar en el futuro la práctica de los asistentes sexuales que brindan un servicio a las personas discapacitadas y privadas de placer íntimo.
“Me parece indispensable reabrir la reflexión sobre la asistencia sexual a las personas discapacitadas”, dijo Sophie Cluzel, viceministra encargada de los asuntos relacionados con la discapacidad, quien lanzó una consulta oficial al Comité Nacional de Ética francés.
La funcionaria francesa se mostró favorable a la legalización del acompañamiento de las personas discapacitadas en su vida íntima, afectiva y sexual.
Adeline, una francesa de 33 años que sufre un síndrome de miopatía desde hace 8 años, recurrió a un asistente sexual lo que le permitió “reconectarse” con su cuerpo. Además de la asistencia sexual, “era ante todo afecto y atención” dijo en su testimonio a la cadena francesa Europe 1.
El debate no es nuevo en Francia. En 2013, el mismo órgano consultivo dio una recomendación negativa para legalización de los asistentes sexuales, con el argumento de que tal práctica equivaldría a considerar el cuerpo como una mercancía. Ante esta prohibición de ejercer legalmente, los asistentes sexuales trabajan en la clandestinidad.
Cybèle, una canadiense que vive en la ciudad francesa de Chambéry, se define como trabajadora sexual. Los clientes discapacitados la contactan a través de páginas de escorts o de la organización Appas que promueve la legalización del acompañamiento sexual.
“Propongo un cuestionario para identificar las necesidades de las personas, los límites de su discapacidad y las cuestiones logísticas”, comentó en una entrevista con AFP. La tarifa es de 150 euros por 1 hora y media. “Es más barato que las escorts”, agregó.
Fabrice Flageul, de 55 años, es acompañante sexual desde 2015 y se define como “masajista especialista en relajación”. Muchas veces, sus clientas “cancelan la cita al último momento” por temor a ser acusadas de proxenetismo, un delito penado con una multa de hasta 3750 euros en Francia desde 2016.
En otros países europeos más liberales como Suiza, en cambio, brindar un servicio sexual a una persona discapacitada es legal. En los Países Bajos, se consideran los servicios sexuales como un acto médico y las tarifas van de 85 a 100 euros la hora.
Y Dinamarca, un país donde la prostitución independiente es legal, va más allá: el Estado brinda subsidios a las personas discapacitadas para contratar a un trabajador o una trabajadora sexual. El gobierno francés se muestra favorable a inspirarse del sistema de los asistentes sexuales de los países vecinos para avanzar en la materia.
