A partir de una publicación en Twitter por parte del secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken se daba a conocer que la Fiscal General del Ministerio Público María Consuelo Porras y su secretario Privado Ángel Pineda fueron sancionados por el país Norteamericano.
De acuerdo con Blinken, estos funcionarios centroamericanos han sido sancionados “por socavar la democracia y obstruir investigaciones sobre actos de corrupción”.
Estos funcionarios fueron penalizados bajo la Sección 353 de la Ley de Compromiso Mejorado del Triángulo Norte de los Estados Unidos, conocida como la Lista de Actores Corruptos y Antidemocráticos, que fue promulgada el 27 de diciembre de 2020.
La designación implica que las personas sancionadas pierden automáticamente su visa estadounidense por al menos tres años y quedan abiertas a que otras instancias del Gobierno de Estados Unidos amplíen las sanciones.
Luego de darse a conocer esa noticia, en horas de la noche del pasado lunes, el Ministerio Público emitió un comunicado rechazando públicamente las acusaciones a través de un comunicado.
Además, indica que la información fue proporcionada por personas que evaden la justicia “razón más que suficiente para advertir que dichos señalamientos son infundados y carentes de toda veracidad”.
Porras afirmó que “en ningún momento podría obstruir las investigaciones llevadas a cabo en la institución, toda vez que ella es quien delega a todos los fiscales el ejercicio de la persecución penal”.
Horas después que fue publicado el comunicado del Ministerio Público, el presidente Alejandro Giammattei se pronunció a través de sus redes sociales, señalando que esta acción es una falta de respeto hacia las relaciones internacionales.
El mandatario mencionó que antes de hacer declaraciones o acusaciones irresponsables, instó a que se presenten los tribunales de justicia de Guatemala a resolver sus propios problemas judiciales. Destacó que “es fácil tirar piedras al techo ajeno cuando tienes uno de vidrio que no aguanta una sola pedrada”.
Para finalizar, el presidente señaló que se debe respetar la institucionalidad y que todas las personas tienen derecho al debido proceso.
