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Gobierno mexicano espió a periodistas, defensores y activistas

19 junio, 2017 Associated Press

Periodistas, defensores de los derechos humanos y activistas mexicanos han sido espiados por su propio gobierno mediante el software Pegasus creado por una firma israelí que se vende exclusivamente a los gobiernos y que se supone debería ser usado solo para investigar a criminales o terroristas, según un reporte publicado este lunes 19 de junio por el Citizen Lab (Laboratorio Ciudadano) de la Universidad de Toronto.

Según el informe en la lista de personas espiadas estuvieron periodistas mexicanos de alto perfil como Carmen Aristegui y Carlos Loret de Mola, que han estado investigando presuntos actos de corrupción del gobierno y supuestos abusos de los derechos humanos por parte de las fuerzas de seguridad.

Las personas bajo investigación recibieron mensajes en sus celulares con enlaces que, al hacer clic en ellos, permitían que sus dispositivos fueran espiados.

El software espía Pegasus de la firma NSO Group permite a los hackers tener acceso a llamadas telefónicas, mensajes, las cámaras de los dispositivos y datos personales. La compañía dice que vende el producto solo a los gobiernos con el propósito de combatir la delincuencia y el terrorismo.

El Gobierno de México emitió un comunicado en el que dijo que, como cualquier régimen democrático, realiza actividades de inteligencia para combatir al crimen organizado y amenazas contra la seguridad nacional, pero negó que haber realizado labor ilegal de espionaje.

“El Gobierno de la República rechaza categóricamente que alguna de sus dependencias realice acciones de vigilancia o intervención de comunicaciones de defensores de derechos humanos, periodistas, activistas anti-corrupción o de cualquier otra persona sin previa autorización judicial”, aseguró el gobierno en el comunicado.

Citizen Lab mencionó que registró al menos 76 mensajes que contenían enlaces para que las víctimas los abrieran y permitieran el espionaje sin saberlo. Varios de esos textos fueron enviados en agosto de 2015 y entre abril y julio de 2016.

Entre los espiados también se encuentran miembros del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, el cual ha investigado casos como la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa; la asociación civil de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, y el Instituto Mexicano para la Competitividad, centro de investigación que trabaja en una política económica y que combate la corrupción.

La periodista Carmen Aristegui y su equipo expusieron un caso de posible conflicto de interés relacionado con una residencia de lujo adquirida de un contratista gubernamental por la esposa del presidente Enrique Peña Nieto. La periodista fue atacada fuertemente, según Citizen Lab.

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Durante una conferencia de prensa en la Ciudad de México, Ana Cristina Ruelas, de la organización de derechos humanos Artículo 19, leyó una declaración en la que demandó al gobierno federal que revele públicamente toda información que tiene sobre el informe de espionaje y se castigue a los responsables.

“El espionaje en México se ha convertido en un mecanismo efectivo de intimidación a defensores de derechos humanos, activistas y periodistas. Constituye una forma de control de los flujos de información y de abuso de poder”, afirmó.

 

Citizen Lab informó en febrero que el software de NSO Group fue utilizado contra activistas mexicanos que habían hecho campaña en contra de las bebidas azucaradas y de la comida chatarra.

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