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Grupo de supuestos abogados intimidaba a fiscales para desestimar casos

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Fiscalía contra la Corrupción dio a conocer detalles del caso denominado «Bufete VIP».

Stuardo Campo, jefe de la Fiscalía, asegura que un grupo de supuestos abogados contactaba a sus potenciales víctimas, ex funcionarios o ex empleados del Estado, al verificar quienes podrían tener denuncias por la Contraloría y así ofrecían supuestos servicios de asesoría legal.

Las personas entregaban dinero con la confianza de que el bufete les ayudaría a resolver su supuesta situación ilegal. Al menos se documentan cinco casos de víctimas.

Los supuestos abogados pedían fuertes sumas de dinero a cambio de supuestamente influir en jueces o fiscales, para así dejar sin efecto las supuestas acciones penales que habían en contra de sus víctimas.

Campo explica que este grupo utilizaba los informes públicos de la Contraloría para captar a sus victimas a quienes después enviaban correos electrónicos y les advertían de supuestas órdenes de captura.

«Además amenazaban e intimidaban a fiscales. Hubo una serie de llamadas en la sede de la Fiscalía contra la Corrupción, del grupo delictivo que fue desarticulado esta mañana, para amenazar a fiscales para que los casos se desestimaran», dijo Campo.

Las amenazas eran realizadas mediante llamadas telefónicas y se hacían pasar por altos funcionarios del Ministerio Público, e indicaban que si no frenaban las investigaciones, los auxiliares fiscales serían trasladados a otras sedes lejanas del MP.

Una de esas llamadas, fue de una mujer que se hizo pasar por asesora de Allan Rodríguez y de la Junta Directiva del Congreso y quien solicitó una junta con Campo, para desestimar una investigación contra esos funcionarios.

Campo dijo que se dio seguimiento a cuentas bancarias y se requirieron informes de instituciones.

«Contamos de una negativa expresa de la Directiva del Congreso de que esta persona esté contratada allí, «dijo Campo.

El Fiscal dijo que el caso es importante pues causa agravios a la justicia, pues podrían debilitar a las instituciones.

«Esto, pues las víctimas podrían haber creído que el bufete dio sobornos a funcionarios para desestimar los casos», dijo.

Los capturados hoy son Rommel Francisco Pinto y Nancy Noemi Aquino Montenegro quienes fueron ubicados en el Mirador en la zona 11, en la ciudad, en donde continúa el allanamiento.

Esta última, fungió como técnico administrativo en el Ministerio De Comunicaciones en 2014, asesora en el departamento jurídico de Inguat en 2016 y ex asesora del ex diputado Oscar Quintanilla en 2016.

«En este inmueble fue localizada información para fortalecer el caso y otros eventos en cuanto a que ese grupo podría haber engañado a personas para solicitar dinero para supuestos sobornos», agregó.

Según Campo, Montenegro sería quien hizo las llamadas a la Fiscalía y recibió los depósitos de dinero.

Los delitos a imputar son tráfico de influencias, coacción y usurpación de funciones; pero podrían existir otras imputaciones.

Campo pidió a posibles víctimas de esta red criminal a que se acerquen a la Fiscalía para saber su situación.

El Fiscal dijo que ambos capturados no tienen la profesión de abogados, y se investiga a profesionales del derecho que podrían tener participación en la red criminal.

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