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MP y CICIG rechazan acusaciones por condenas en Caso Migración

28 marzo, 2018 Jerson Ramos

El Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) rechazaron en un comunicado de prensa conjunto, que intereses de carácter político hayan motivado la investigación y posterior enjuiciamiento de una estructura criminal descrita en el Caso Migración.

Las instituciones de justicia de Guatemala han actuado con total independencia y apego a la ley, con el único objetivo de velar por el interés de los guatemaltecos», se señala en el comunicado difundido este 28 de marzo.

 

 

Esto, por las criticas hacia la Comisión y el MP, hechas por el congresista estadounidense, Marco Rubio, y por una columnista del Wall Street Journal.

Además, el comunicado del MP y de la CICIG hace referencia a la sentencia emitida en el caso, y en especial a tres ciudadanos rusos,  que se derivó de las pruebas presentadas por el ente investigador y valoradas por un tribunal de sentencia.

En la investigación se acusó a 41 personas por varios delitos, entre los que destaca personal de la Dirección General de Migración (DGM) y del Registro Nacional de las Personas (RENAP), abogados, tramitadores con función de coyotes, y usuarios de la estructura criminal, incluyendo a Igor Vladimirovich Bitkov, Irina Viacheslavovna Bitkova y Anastasia Bitkova.

Al finalizar el debate, se determinó que 39 de los procesados eran responsables de los delitos por los cuales fueron llevados a juicio.

MP: Así comenzó el Caso Migración

La investigación del Caso Migración comenzó en 2010. Fue la Fiscalía Especial contra la Impunidad la que abrió un expediente para investigar de manera conjunta la muerte de Fidel Pacheco, secretario general de los sindicatos de la DGM, y los señalamientos vertidos por él, sobre la posible existencia de una estructura criminal que operaba dentro de la institución.

Esta red era responsable del ingreso de personas al país que no cumplían los requisitos establecidos en la ley, el egreso de ciudadanos nacionales y extranjeros con documentación falsa, y la emisión de pasaportes a guatemaltecos y a extranjeros con documentación falsa.

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