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Las acciones del Estado que buscan limitar la libertad de prensa

31 marzo, 2018 Jerson Ramos

En los últimos meses se han dado cuatro acciones para limitar el trabajo de la prensa, las cuales se originaron en los organismos Ejecutivo, Legislativo y Judicial.

«Ley mordaza» contra la prensa

En febrero de 2017, el diputado Carlos Napoleón Rojas Alarcón, de la bancada Unidad del Cambio Nacional, presentó al Congreso la iniciativa de ley 5239, que busca definir qué son las acciones terroristas y cuáles serían las sanciones que se impondrían por incurrir en ese tipo de delitos.

Según la Cámara Guatemalteca de Periodismo, el documento podría tener un efecto de «ley mordaza» si se le da vida jurídica en el Legislativo, pues limitaría la libertad de expresión al calificar como un acto terrorista el uso de los medios de comunicación para generar «temor generalizado».

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Reformas al Código Penal

El 25 de octubre de 2017, la Corte Suprema de Justicia se reunió en pleno ordinario. Ese día, el magistrado Ranulfo Rojas Cetina presentó un proyecto para hacer modificaciones al Código Penal.

Entre las reformas se establece que el Ministerio Público no pueda dar conferencias de prensa ni informar sobre las capturas, detenidos e investigaciones.

Además, que la prensa solo podría conocer la identidad de los sospechosos hasta que se emita una resolución para ligarlos a proceso.

Prensa
El magistrado Ranulfo Rafael Rojas Cetina presidió el Organismo Judicial en el período 2015-2016. Foto: OJ / Diario Digital

Jovel ante la ONU 

En febrero último, la Canciller Sandra Jovel se reunió con el secretario general de la Organización de Naciones Unidas (ONU), António Guterres, con el objetivo de pedir la destitución de Iván Velásquez como jefe de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).

Uno de los argumentos utilizados fue el uso de conferencias de prensa para informar sobre la labor de investigación de casos de alto impacto por corrupción y lavado de dinero que involucran a políticos.

Sandra Jovel
Sandra Jovel, ministra de Relaciones Exteriores, y el secretario general de la ONU, António Guterres. Foto: Minex / Diario Digital

Nikki Haley, embajadora de Estados Unidos ante la ONU, visitó el país a finales de febrero y se reunió con autoridades de gobierno y de entidades del sector seguridad y justicia, entre quienes figuraban la fiscal general Thelma Aldana y el jefe de la CICIG, Iván Velásquez.

Según Aldana, uno de los temas que se abordaron en la reunión fue el de una posible “politización de la justicia”, como lo mencionó el presidente Jimmy Morales, quien también dialogó con la diplomática estadounidense.

Ante esto, la jefa del Ministerio Público indicó que las conferencias de prensa continuarán, pues le explicó a Haley que ese es el medio por el cual se informa a la población sobre los avances de las investigaciones de casos de interés general.

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Sala limita información

Además, la Sala de Apelaciones de Mayor Riesgo y Extinción de Dominio decidió no dar información a la prensa sobre los casos que allí se tramitan.

La justificación de los magistrados Anabella Cardona, Mynor Oxom y Marvin Reyes, es que el artículo 29 de la Ley de la Carrera Judicial, reformada en 2016, prohíbe a los jueces y magistrados emitir opinión sobre los procesos que están bajo su conocimiento, y según los operadores de justicia, la normativa se extiende a la información.

Sala de Mayor Riesgo
Movimiento Pro Justicia rechaza la decisión de no informar a la prensa sobre las resoluciones emitidas por la Sala de Apelaciones de Mayor Riesgo. Foto: Twitter / Diario Digital

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