En los últimos meses se han dado cuatro acciones para limitar el trabajo de la prensa, las cuales se originaron en los organismos Ejecutivo, Legislativo y Judicial.
¿Sabias qué?
La #LibertadDeExpresión es la piedra angular de la sociedad democrática, derecho fundamental y… https://t.co/75qlQxBbA6
— Cámara Periodismo Gt (@PeriodismoCGP) 20 de febrero de 2018
«Ley mordaza» contra la prensa
En febrero de 2017, el diputado Carlos Napoleón Rojas Alarcón, de la bancada Unidad del Cambio Nacional, presentó al Congreso la iniciativa de ley 5239, que busca definir qué son las acciones terroristas y cuáles serían las sanciones que se impondrían por incurrir en ese tipo de delitos.
Según la Cámara Guatemalteca de Periodismo, el documento podría tener un efecto de «ley mordaza» si se le da vida jurídica en el Legislativo, pues limitaría la libertad de expresión al calificar como un acto terrorista el uso de los medios de comunicación para generar «temor generalizado».
Como Diputado he adquirido el compromiso de legislar en pro del país, razón por la que estoy promoviendo la iniciativa 5239 LEY CONTRA ACTOS TERRORISTAS, la cual tiene como objeto regular la prevención y sancionar los delitos que tengan relación con el terrorismo. pic.twitter.com/g5gFmzjRHS
— Napo Rojas (@04Napo) 14 de febrero de 2018
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Reformas al Código Penal
El 25 de octubre de 2017, la Corte Suprema de Justicia se reunió en pleno ordinario. Ese día, el magistrado Ranulfo Rojas Cetina presentó un proyecto para hacer modificaciones al Código Penal.
Entre las reformas se establece que el Ministerio Público no pueda dar conferencias de prensa ni informar sobre las capturas, detenidos e investigaciones.
Además, que la prensa solo podría conocer la identidad de los sospechosos hasta que se emita una resolución para ligarlos a proceso.
Jovel ante la ONU
En febrero último, la Canciller Sandra Jovel se reunió con el secretario general de la Organización de Naciones Unidas (ONU), António Guterres, con el objetivo de pedir la destitución de Iván Velásquez como jefe de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).
Uno de los argumentos utilizados fue el uso de conferencias de prensa para informar sobre la labor de investigación de casos de alto impacto por corrupción y lavado de dinero que involucran a políticos.
Nikki Haley, embajadora de Estados Unidos ante la ONU, visitó el país a finales de febrero y se reunió con autoridades de gobierno y de entidades del sector seguridad y justicia, entre quienes figuraban la fiscal general Thelma Aldana y el jefe de la CICIG, Iván Velásquez.
Según Aldana, uno de los temas que se abordaron en la reunión fue el de una posible “politización de la justicia”, como lo mencionó el presidente Jimmy Morales, quien también dialogó con la diplomática estadounidense.
Ante esto, la jefa del Ministerio Público indicó que las conferencias de prensa continuarán, pues le explicó a Haley que ese es el medio por el cual se informa a la población sobre los avances de las investigaciones de casos de interés general.
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Sala limita información
Además, la Sala de Apelaciones de Mayor Riesgo y Extinción de Dominio decidió no dar información a la prensa sobre los casos que allí se tramitan.
La justificación de los magistrados Anabella Cardona, Mynor Oxom y Marvin Reyes, es que el artículo 29 de la Ley de la Carrera Judicial, reformada en 2016, prohíbe a los jueces y magistrados emitir opinión sobre los procesos que están bajo su conocimiento, y según los operadores de justicia, la normativa se extiende a la información.
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