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Hijos de la violencia

17 marzo, 2017 Vanessa Nunez

La violencia familiar es el germen de toda violencia.

La semana pasada, Guatemala se conmocionó. Un incendio ocasionó la muerte de varias internas en el Hogar Seguro Virgen de la Asunción. Más tarde, reportarían los medios, la cifra ascendería a 40. La conmoción aumentó a medida que los detalles que antecedieron a la tragedia salieron a luz.

Lo que en un primer momento se manejó como un incendio derivado de la rebeldía de las internas, poco a poco reveló el drama vivido por 520 niños y niñas en un recinto creado para resguardar su integridad. Se trata de menores sustraídos de sus familias por causa de violencia física, psicológica o sexual, con niveles de discapacidad leve, adicciones, abandonados o víctimas de adopciones irregulares.

El “hogar”, según manifestaron algunos internos o sus familiares, era un centro donde los derechos de la niñez eran violentados, se les sometía a tratos crueles, golpes, abusos sexuales, etc. Así, se supo que las internas habían muerto en un intento por protestar ante los abusos a los que eran sometidas. Indignadas, y sin haber logrado que sus quejas tuvieran eco, prendieron fuego a una pila de colchonetas.

Dichos abusos y malos tratos habían sido denunciados en repetidas ocasiones e incluso la jueza sexta de la niñez y la adolescencia había decretado la necesidad de “transformar” la institución, sin resultados. Durante los meses anteriores a la tragedia, muchos menores habían intentado huir. Nueve de las sobrevivientes del incendio, según se informó, estaban embarazadas.

Veintiún internas murieron calcinadas en su habitación y muchos aún se preguntan por qué las puertas de lo que debió ser un “hogar”, se encontraban bajo llave al momento de la catástrofe y no fueron abiertas para que las internas pudieran escapar, condenándolas así a morir a causa de las llamas o asfixiadas por el humo.

Lo cierto es que las dudas que existen en torno a este caso son más de las que han sido respondidas. El presidente Jimmy Morales no logra responder la avalancha de preguntas de los medios y ciudadanía en general y hasta inicios de esta semana, no se habían deducido responsabilidades.

Por otro lado, el caso ha evidenciado algo que era un secreto a voces: la extrema vulnerabilidad y desprotección en que se encuentran los niños y niñas en una sociedad egoísta y enferma de violencia, donde muchos padres y madres –sin educación emocional y violentados a su vez–, carecen de la capacidad necesaria para hacerse cargo de los hijos que procrean.

Las instituciones del Estado, por otro lado, carecen de la voluntad para asumir el rol para el que fueron creadas, porque la corrupción y la perversión –al igual que ha ocurrido en otros ámbitos– han calado hondo en la cosa pública y el cuidado de menores se ha convertido en un negocio macabro, donde personas inescrupulosas obtienen lucro a costa del sufrimiento de personas indefensas.

Y aunque la indignación de la ciudadanía es siempre mejor que la indiferencia, para resolver el problema se precisa algo más que una llamarada de tusa. Se requiere de la generación de políticas públicas que hagan que los niños y niñas de este país se conviertan en prioridad del Estado y la sociedad.

Que un menor desamparado no sea presa fácil de redes de pedofilia o de personas inadecuadas para su cuidado. Que la violencia en los hogares –tanto física como emocional– comience a ser tomada en serio, que se vea reflejada en las estadísticas nacionales y sea asumida como el principal problema a resolver, sobre todo, tomando en cuenta que la violencia familiar es el origen de muchos de los males que hoy día nos aquejan.

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