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Incentivos y educación

9 marzo, 2017 Carroll Rios

Debatimos sobre cómo mejorar la calidad educativa en Guatemala. Debemos revertir los incentivos perversos que imperan sobre las autoridades y los maestros.

Desde que ContraPoder publica anualmente el ranking de los colegios con base en la prueba que realiza el Ministerio de Educación a los graduandos, es notable la lucha por mejorar en calidad. Colocarse a la cabeza del ranking mejora la reputación de un centro educativo y asegura su éxito: este año, los colegios a la cabeza del listado se diferencian por puntos decimales.

El ranking además transparenta el hecho que, usualmente, los colegios privados ofrecen servicios de mayor calidad que las escuelas públicas. En 2012, los guatemaltecos encuestados por la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI) dieron una calificación promedio de 6 a la educación privada y de 5.4, a la educación pública. Ambas puntuaciones estaban por debajo de la media regional (6.6 y 5.8, respectivamente). El patrón se sostiene a lo largo de los años.

Los investigadores que intentan explicar la brecha público-privada deberían revisitar lo escrito por Adam Smith en La riqueza de las naciones (1776). Adam Smith intuyó la clave para asegurar la calidad educativa al enfocarse en la reputación, el financiamiento y el papel que juegan los sindicatos.

Cuando el ingreso de un maestro depende de su reputación, este se esforzará en prestar un servicio de calidad. “Depender del afecto, gratitud e informe favorable de quienes acuden a él para instruirse”, hace que el maestro se esfuerce por merecer y reciprocar el sentimiento, ejerciendo sus obligaciones con habilidad y diligencia. Un maestro sensato evitará dictar lecciones sin sentido o propósito. Cuando, por el contrario, el ingreso del maestro “es igual si desempeña o no su laboriosa obligación, ciertamente es de su interés, ya sea obrar con absoluta negligencia”, o, si responde a una autoridad, entregarse a la mediocridad. Algo similar ocurre a un plantel particular que recibe fondos estatales o una donación cuantiosa. Se acomodan, descansan sobre sus laureles y paulatinamente dejan de priorizar la excelencia.

Adam Smith nota el alcance limitado de la supervisión ejercida por las autoridades en el Reino Unido del siglo XVIII, así fuera un obispo, un gobernador o un ministro de Estado. Podían exigir del maestro una cantidad de horas determinadas al frente del aula, pero no podían obligarlo a hacer buen uso de ese tiempo. Por otra parte, Smith considera que la “ignorancia y el capricho” son probables al ejercer la supervisión, pues un fiscalizador con poder arbitrario no necesariamente enarbolará la excelencia educativa como parámetro principal.

¿Y qué pasa cuando el poder está en manos de los mismos maestros y supervisores, y ellos están sindicalizados? Si el fiscalizador es un cuerpo colegiado integrado por maestros, y el evaluado es uno del grupo, “ellos tenderán a hacer causa común; serán indulgentes unos con otros, y cada persona consentirá que su vecino incumpla sus labores, siempre y cuando él también pueda hacer lo mismo”. Smith agrega un duro ejemplo de lo afirmado: “En la universidad de Oxford, la mayoría de los profesores públicos han, durante estos muchos años, renunciado del todo incluso a la simulación de la enseñanza”.

Smith se lamenta que un profesor inmerso en este marco de incentivos perversos obligue al alumno a escuchar su clase-farsa, pues el sistema efectivamente niega al estudiante, o a sus padres si es menor de edad, la posibilidad de elegir el lugar y la forma en que será instruido.

En conclusión, una reforma educativa efectiva buscaría recompensar el mérito, fomentar la competencia y la variedad en la oferta educativa, y dar más espacios de elección a los padres de familia y los estudiantes respecto de su educación.

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