Informe de Comisión de la Verdad: CICIG debe rendir cuentas

La "Comisión de la Verdad" del Congreso realizó recomendaciones a la OEA, ONU y países cooperantes, luego de recopilar el testimonio de personas agraviadas por la Cicig en el país. 

La “Comisión de la Verdad” del Congreso realizó recomendaciones al MP, OEA, ONU y países cooperantes, luego de recopilar el testimonio de personas agraviadas por la CICIG en el país.

Millonaria inversión y desvío de funciones

La Comisión presentó su informe la semana pasada, luego de entrevistar a ciudadanos que expresaron haber sido agraviados por la CICIG.

Estos son algunos de los puntos que resalta la Comisión de la Verdad:

El informe detalla que CICIG recibió al menos 167 millones de dólares de países e instituciones donantes y expresan que CICIG se extralimitó en sus funciones.

La CICIG no determinó la existencia de Cuerpos Ilegales y Aparatos Clandestinos de Seguridad (CIACS) para lo cual fue concebida.

Además, según el informe, se “arrogó atribuciones propias de la PNC y del MP sin ningún límite”, y por tanto cometiendo excesos.

En desmedro de no identificar a los CIACS, el informe expresa que CICIG se “dedicó a realizar persecución política y selectiva a sectores específicos de la sociedad”.

Los abusos de la Cicig, según los agraviados

La Comisión del Congreso, luego de los testimonios de los afectados, identificó en su informe que CICIG cometió violaciones de los derechos fundamentales y debido proceso, con la negación de medidas sustitutivas dando paso a “prisión provisional por medidas espurias”.

Algunos casos que evidencian la extralimitación de CICIG según el informe de la verdad, son el de Max Quirín quien fue encontrado inocente tras tres años en prisión preventiva y el del Coronel Chiroy a quien por fin se le concedió medida sustitutiva tras seis años en Mariscal Zabala.

El informe detalla detenciones ilegales y vulneración en el cumplimiento de plazos constitucionales, que resaltan la inexistencia legal de la prisión preventiva.

En este punto, la Comisión se pregunta en el informe en “dónde estaba el Procurador de Derechos Humanos”, durante estas detenciones espurias.

Otra de las faltas cometidas por CICIG según el informe, fue la “omisión de notificar la causa de detención”, aludiendo a que eran los investigadores de la entidad extinta, quienes dirigían los operativos, incurriendo en una inconstitucionalidad.

Malas prácticas procesales

CICIG junto a la FECI, cometieron la mala práctica procesal al no informar a los detenidos sobres sus derechos constitucionales, expresa el informe.

A causa de ello, fueron interrogados en forma “intimidatoria, extorsionados y obligados a declarar en contra de otras personas”, señala el informe.

Los testimonios acusan a la comisión de haber cometido allanamientos ilegales, vulnerar el debido proceso, y usurpar las funciones del MP al tramitar las órdenes de captura; y también que en las audiencias públicas no existieron garantías judiciales y derecho de defensa.

Por último hace incapié en el abuso y tergiversación de figuras procesales como el anticipo de prueba, testigos falsos y diligencias en las que no se permitió la participación de los sindicados y sus defensores.

Colaboradores eficaces

En la parte final del informe, la Comisión refiere que los agraviados señalan a César Rincón de la CICIG y Juan Francisco Sandoval de la FECI, de solicitar a los sindicados volverse colaboradores eficaces.

Esto según el informe, para “declarar e inculpar a otras personas sobre hechos que no eran de su conocimiento y ofreciéndoles dinero, cambio de identidad y viajes a Canadá”.

Por otro lado, la Comisión resalta el ocultamiento e implantación de medios de convicción y de pruebas.

También recalca que CICIG, violó el principio de inocencia al exponer a los sindicados a los medios de comunicación: algunos casos fueron mediatizados por medio de los “Jueves de Cicig”, presentando al ojo público a los sindicados sin haber sido previamente indagados por un tribunal.

En esa línea, el informe habla de haber trasladado escuchas telefónicas a ciertos medios de comunicación violando el artículo 15 de la Ley contra la delincuencia organizada.

MP debe investigar a Cicig y cooperantes conocer las denuncias

Ante ello, la Comisión recomienda que el pleno del Congreso emita punto resolutivo para condenar los desmanes de la CICIG y sus funcionarios.

El informe ya fue enviado al MP para que “gestione las órdenes de captura” al ejercer el monopolio del ejercicio de la acción penal pública.

También se le envió a la ONU y a la OEA, para que sea divulgado entre las naciones integrantes y que conozcan las ilegalidades denunciadas contra la Cicig.

Finalmente se compartió con a Relaciones Exteriores para que lo traslade a los países donantes de la extinta Cicig: Alemania, Argentina, Canadá, Chile, Colombia, España, Estados Unidos, Francia, Italia, Noruega, Países Bajos, Perú, Suecia Uruguay y la Unión Europea, entre otros.

Sobre todo, a los Parlamentos de esas naciones para que “los contribuyentes tengan conocimiento de la forma en que fueron invertidos sus impuestos”.

Archivo CA

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