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Jefe, ¡págueme lo que quiero!

14 julio, 2017 Jorge Benavides

Según CEPAL (2013), un trabajador en la formalidad tarda 21 meses en duplicar su primer ingreso, mientras que en la informalidad, 45 meses.

Es hasta la consolidación de la Revolución Industrial, posterior a la Revolución Francesa, que la remuneración del trabajador por parte del empleador alcanza algún tipo de relevancia, entendida como un beneficio contractual derivado del libre cambio de mano de obra.  Concretamente, es hasta 1890, con la Employers and Employees Act que los trabajadores del estado de Victoria, en Australia, logran por primera vez la definición de un salario legal respaldado por la autoridad de Gobierno.

Derivado de este hecho, distintos movimientos han buscado establecer el monto del salario a partir de un criterio no transaccional, tomando como base estándares de alimentación mínima, condiciones del hogar, acceso a servicios e incorporación de ajustes por poder adquisitivo.  Ahora bien, es necesario profundizar sobre los efectos que tal medida ha tenido.

Posterior a revisar datos para 196 países, se encontró que en 122 existe alguna reglamentación sobre salario mínimo (OIT y OECD, 2015). Partiendo de esta base, se contrastó el salario mínimo vigente con los niveles de productividad para los 102 países que cuentan con información pública para ambas variables, ajustando los valores por paridad de poder adquisitivo. Los resultados muestran una relación bastante fuerte y positiva entre salario mínimo y productividad, con un coeficiente de correlación cercano a 76 por ciento. Siguiendo esta línea argumentativa, para Guatemala, el salario mínimo está sobrevalorado entre un 62.64 y un 66.01 por ciento en relación con la productividad laboral actual.  En pocas palabras, según el nivel de productividad, en lugar de un salario mínimo (dato 2015) para actividades no agrícolas de Q2,497.04 mensuales (más Q250 de bonificación incentivo), el salario mínimo debiera ser entre Q 1,504.18 y Q 1,535.35 (más Q250 de bonificación incentivo).  Dicho de otra forma, para que los guatemaltecos ganen el salario mínimo actual, la productividad laboral tendría que incrementarse en un 60 por ciento, aproximadamente.

El análisis busca identificar el efecto de la imposición de un salario mínimo, por encima del nivel de productividad.  Políticamente, podría decirse que la negociación colectiva ha sido exitosa con el incremento sostenido del salario mínimo en los años más recientes, incluso bastante por encima de los estándares internacionales ajustados a la productividad (mientras que en Guatemala el salario está 60 por ciento por encima de lo que se esperaría dada la productividad laboral, en México está 60 por ciento por debajo de lo que se esperaría dada su productividad laboral). 

Sin embargo, al revisar la información disponible para los últimos15 años (INE e IGSS), sale a luz que, de la mano con el incremento del salario mínimo, ha habido una continua reducción de la tasa de formalidad, la cual ha pasado de 23.37 en 2001 a 20.28 por ciento de la población ocupada en 2015.  El coeficiente de correlación para dicha serie es superior al 87 por ciento.

En pocas palabras, aunque el incremento del salario mínimo ha sido una victoria política, en términos reales ha sido una pérdida económica. Mientras esté en la informalidad, ningún trabajador es propietario de su salario, carece de la capacidad de exigir que se cumplan disposiciones contractuales y pierde todo incentivo para que, ya sea él o su empleador, busquen incrementar su productividad a través de la capacitación técnica. El problema del salario mínimo es que introduce una barrera muy grande que hay que superar para alcanzar los beneficios que pretende lograr.

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