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Jueces y magistrados habrían beneficiado a reclusos con resoluciones

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3 marzo, 2018 Jerson Ramos

En el Organismo Judicial se tramita la solicitud de antejuicio número 58-2018, en el cual se agrupa a cinco jueces de Ejecución Penal y tres magistrados de la Sala Tercera de Apelaciones del Ramo Penal, a quienes se señala de, supuestamente, vender resoluciones judiciales a favor de reclusos.

La denuncia del caso fue planteada en 2017 por la relatora contra la Tortura Silvia Villalta, contra los magistrados Jaime González, Zonia de la Paz y Beyla Estrada, así como los jueces Javier Sotamora, Oscar Rivas, Ingrid López, Enma Vásquez y Coralia Contreras.

En la Fiscalía contra Delitos Administrativos se recibió la denuncia de Villalta, y como resultado del análisis de los hechos descritos se determinó trasladar el caso a la Corte Suprema de Justicia, donde se encuentra desde el pasado 20 de febrero, para que allí se resuelva si corresponde retirar el derecho de inmunidad a los juristas, con el fin de profundizar en las pesquisas.

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Sótano de la Torre de Tribunales, donde se encuentran las carceletas que resguardan a los procesados que permanecen en prisión preventiva, mientras esperan sus audiencias. Foto: Fabricio Alonzo / Diario Digital

Resoluciones irregulares

Según Villalta, los jueces y los magistrados negociaban resoluciones para dictaminar su libertad de reclusos ya condenados.

En el expediente se detalla que los jueces se habrían reunido en varias ocasiones con los magistrados, con la intención de coordinar el monto que se pediría a los privados de libertad a cambio de emitir fallos que les permitieran regresar con sus familias, entre otras situaciones.

La única jueza de Ejecución Penal que no es señalada en este caso es Mireya Betancourt, quien se habría opuesto a la manera de operar de sus colegas.

Dormitorios en una prisión de mujeres. Foto: Flickr Mingob

Casos que tramitan

Los magistrados de la Sala Tercera de Apelaciones del Ramo Penal aún tienen en sus manos conocer el antejuicio planteado en contra del alcalde capitalino Alvaro Arzú y determinar si se le retira el derecho de antejuicio por su presunta vinculación con el caso Caja de Pandora.

La sala en mención también conoció las apelaciones que beneficiaron a José Morales Marroquín y Samuel Morales Cabrera, hijo y hermano del presidente Jimmy Morales, vinculados al caso Estado como Botín: Registro General de la Propiedad.

Asimismo, los recursos legales que han beneficiado a Gustavo Alejos en el caso Negociantes de la Salud.

En este sentido, el juez de Ejecución Javier Sotamora es investigado por la orden de libertad falsa que permitió al mexicano Ramón Yáñez Ochoa fugarse de la cárcel, pese a que estaba purgando 28 años tras ser condenado por el delito de narcotráfico.

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