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¿Justicia o injusticia?

11 febrero, 2017 Andres Castillo

La justicia pasa por momentos difíciles. Se cuestiona su imparcialidad, profesionalismo y, por supuesto, celeridad. El principio constitucional de la presunción de inocencia establece que una persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario. En Guatemala, algunos medios de comunicación irresponsables ejecutan un juicio paralelo.

El juicio paralelo aparece cuando, al informar de una captura o de un proceso pendiente de sentencia, los medios de comunicación y redes sociales emiten juicios de valor y apreciaciones sobre el acusado, provocando en la sociedad un veredicto anticipado de culpabilidad o inocencia. Es difícil creer que los juzgadores no se vean afectados e influenciados por estos juicios paralelos que condenan socialmente, muchas veces sin fundamento. Esos juicios paralelos hacen que la presunción de inocencia que garantiza la Constitución y que rige el proceso penal guatemalteco, quede olvidada.

Nadie niega la primacía del principio de legalidad y el sometimiento de todos a la justicia, pero sin menospreciar la defensa legítima y sin incurrir en judicializaciones abusivas; es decir, sin politizar la justicia.

En los últimos años hemos observado un show mediático, cuya legalidad debe ser cuestionada. Este show se ha convertido en un juicio paralelo y empieza a evidenciarse que el derecho de presunción de inocencia no se está respetando. La sed de justicia (o venganza) nos exalta, perdemos la objetividad, y muchos se enardecen pidiendo prisión y castigo. Es algo comprensible y resulta fácil contagiarse de este sentir. Sin embargo, debemos ser objetivos y procurar que se fortalezca un sistema de justicia imparcial.

En ese sentido debemos cuestionarnos el uso o abuso de la figura que algunos jueces le han dado a la prisión preventiva. Medida que, no sería descabellado pensar, muchas veces se dicta por la presión mediática y social que se produce de forma irresponsable por algunos medios de comunicación, ya que el arraigo o el arresto domiciliario ha quedado en el olvido. No me cabe duda de que debemos tener criterio y habrá personajes que definitivamente merecen una prisión preventiva, pero debe de hacerse un análisis de la persona y sus antecedentes para determinar qué medida es la más adecuada.

La prisión preventiva es una disposición que restringe la libertad individual, pero de forma temporal y limitada. Tiene por objeto asegurar la presencia del imputado en el proceso y resguardar los fines del mismo, especialmente el cumplimiento de la sentencia, si esta fuera condenatoria. La duración de la prisión preventiva no puede ser mayor a un año, la ley busca que se haga un juicio imparcial y rápido. No se vale que los acusados pasen años esperando ser juzgados.

Recordemos lo que señala el artículo 7.5 de la Convención Americana de los Derechos Humanos: un proceso penal, cuya tramitación supera el plazo razonable, lesiona el derecho del imputado a ser juzgado rápidamente y afecta sus derechos fundamentales y garantías procesales.

No se trata de defender a nadie, sino de defender los principios del sistema jurídico. La prisión preventiva no puede ni debe jugar el papel de prepago de una condena que no se ha dado, ni violar el debido proceso. Mucho menos cuando el acusado no ha sido vencido en juicio. Y si el Estado no tiene la capacidad de concluir un juicio en los plazos razonables, el imputado debe enfrentarlo mientras sigue su vida económica, social y espiritual.

¿Dónde está el procurador de los Derechos Humanos? Es su obligación investigar y denunciar comportamientos administrativos lesivos a los derechos humanos de las personas. Tanto el procurador, como los jueces están sometidos al imperio de la ley y son responsables de sus actos en el ejercicio de sus funciones. Por cierto, las leyes extienden esa responsabilidad a los ámbitos penal, civil y disciplinario. Más pareciera que al procurador de los Derechos Humanos le interesan más otro tipo de actividades “políticas” y de coyuntura, que aquello que la misma ley le manda a hacer.

Así como exigimos sanciones ejemplares contra los corruptos, también debemos exigir a los operadores del Sistema de Justicia conductas que no violen principios constitucionales, las cuales son tan irresponsables y punibles como los delitos que se quieren combatir.

No se puede hacer justicia cometiendo injusticia, irrespetando el debido proceso y atropellando los derechos Humanos.

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