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La historia se repite

1 abril, 2017 Christians Castillo

A 22 años de la reforma constitucional, nos encontramos otra vez en la necesidad de modificar nuestra carta magna y depurar los órganos del Estado.

Los guatemaltecos somos expertos en repetir los errores de nuestros antepasados políticos. El debate actual respecto de la reforma a la Ley Electoral y de Partidos Políticos, mediante goteo, ya lo vivimos en las reformas del 2004-2006 en donde, a una tibia e incompleta reforma, le sucedió una reforma de “armonización”, que buscó enmendar errores cometidos en la primera, todo antes del proceso de elecciones generales de 2007.

Ahora, en el 2017, nuevamente estamos atrapados por la arena movediza de la reforma del Decreto 26-2016, que tuvo amplio apoyo de oenegés, pero que con el transcurrir del tiempo quedó en evidencia que requiere modificaciones de “segunda generación”, que eviten vulnerar las capacidades del ente organizador de elecciones y nos salven de un colapso en el 2019 –debido al exceso de funciones conferidas al Tribunal Supremo Electoral (TSE), sin recursos pertinentes– año en el que se convocará a elecciones generales en enero y, coincidirá con el proceso de comisiones de postulación para el relevo de la Corte Suprema de Justicia y las Cortes de Apelaciones.

Por si fuera poco, otro hecho que nos relata de qué manera, como sociedad volvemos reiteradamente a chocar con la misma piedra política, es el proceso de reformas constitucionales de 1994, el cual utilizó como acicate de movilización ae voto de la consulta popular, un hecho de indignación colectiva: un Congreso tan desprestigiado el transero que acompañó a Jorge Serrano Elías, que él mismo desconoció en su autogolpe. Posteriormente, el expresidente Ramiro de León Carpio solicitó una consulta popular para pedir la renuncia irrevocable de los diputados. 

La demanda de depuración de aquel Legislativo (1993), sirvió como movilizador pírrico de una consulta popular que aprobó la reforma constitucional con un 85 por ciento de abstencionismo y en la cual se promovieron, no solo las reformas propiamente al texto constitucional, sino además la depuración del Congreso, sin que ello significara una violación al período constitucional para el que fueron electos los diputados. Todo acomodado en disposiciones transitorias y finales del texto reformador.

El actual ambiente de descontento, instalado ahora en la exigencia de #DepuraciónCongreso, es la continuación del mecanismo de revocatoria de mandato, aplicada a Otto Pérez Molina mediante la demanda de #RenunciaYa, con la diferencia de que el relevo secuencial de mandato permite que el vicepresidente asuma.

No obstante, en el caso del Congreso, la depuración judicial en curso –a la fecha con 29 diputados señalados ante la justicia– no garantiza un relevo virtuoso, toda vez que los diputados suplentes que llegan por el mecanismo de corrimiento, tampoco son garantía de un cambio sustancial en las prácticas políticas oscuras y los compromisos adquiridos, al integrar listados cerrados y bloqueados.

Por las limitantes temporales contenidas en el Artículo 157 constitucional, el 25 de mayo de 1993, la Corte de Constitucionalidad emitió una resolución que estableció que dicho período solo puede ser modificado con una reforma constitucional.

Aun cuando el momento político ha variado, la estrategia puede apuntar a repetir esa mezcla de depuración con reforma constitucional, con el agravante de que a dos años de los movimientos en la plaza, ahora sí hay suficiente fuerza social, como para matar estos dos pájaros de un solo tiro. No hay otra forma democrática, dentro del orden constitucional, que viabilice tal demanda de depuración.

Mucho pueden desconocer los votantes a sus “representantes”, o mucho descontento puede haber contra una legislatura, pero el mandato recibido, nos guste o no, fue conferido mediante el voto popular, que es el ejercicio de la soberanía que radica en el pueblo (Artículo 141 de la Carta Magna).

Solo hay tres caminos: se continúa con la depuración judicial –aunque sigan llegando personajes que no garantizan cambio–;  se espera un nuevo evento electoral; o se repite lo de 1993, esa melcocha que nos heredó una mala reforma constitucional. Prepárese, porque sí o sí, le va a tocar volver a votar.

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