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La internalización de costos por el Estado

18 agosto, 2017 Abelardo Medina

El sector público no debe asumir costos que corresponden al riesgo normal de funcionamiento del sector privado.

Roberto Ibarra, renombrado profesor del Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos (Cemla),  decía que en Latinoamérica los gobiernos están acostumbrados a hacer válida la máxima de “privatizar las ganancias y socializar las pérdidas del sector privado”.    Las ganancias empresariales deben ser privadas, siempre y cuando cumplan con los cuatro elementos de la responsabilidad social empresarial: derramar bienestar a las comunidades en donde producen; proteger el medio ambiente; pagar buenos salarios, y pagar sus impuestos; pero si las ganancias son privadas, también las pérdidas son privadas.

Guatemala es un buen ejemplo de corporativización estatal, en donde decisiones económicas que implican riesgos o pérdidas para segmentos del sector privado con capacidad de lobby, se busca que las asuma el Gobierno, aduciendo el alcance de un bienestar público superior.   Así, los gobiernos han subsidiado las pérdidas del sector cafetalero; del sector transporte; se han cubierto los desfalcos en el sector bancario, entre otros, pérdidas que solo le competen a la iniciativa privada.  Es decir, cuando han existido ganancias, las mismas han sido privadas, pero cuando hubo pérdidas las hemos pagado todos los contribuyentes.

Nuevamente el Banguat y la Superintendencia de Bancos (SIB) están a la carga, tratando de lograr que el Estado financie las eventuales pérdidas de los bancos que,  como consecuencia de su actividad, se encuentren en una situación financiera difícil.  El propósito, argumentan, es garantizar la estabilidad del sistema financiero que ofrece un bienestar mayor para la sociedad, y que por ende debe ser el Estado quien financie dichos riesgos.  Por supuesto, si el Gobierno financia las pérdidas, lo tendrá que hacer de los impuestos cobrados, lo que implica que todos los contribuyentes tendremos que pagar los manejos inapropiados de los dueños de los bancos y que no fueron detectados oportunamente por la SIB.    Ambas instituciones tienen razón en el sentido que el sistema financiero tiene una función social, debido a que canaliza el dinero que emite el Banguat para la liquidez de las operaciones, y si el sistema financiero hace bien su trabajo es una útil herramienta en el mercado de fondos prestables.   Esta última función, no obstante, tiene como condición que el mercado sea competitivo, lo que no se observa en Guatemala, dado a que cuatro bancos, de acuerdo a la misma SIB, concentran más del 80 por ciento de las operaciones activas y pasivas, lo que lo convierte en un oligopolio financiero.

Que el gobierno financie riesgos del sector bancario puede dejar tranquilas a las autoridades monetarias, con seria colusión con el sector bancario, pero implica al menos cuatro formas de injusticia social:   a) Dado que la tributación es regresiva, implica que los más pobres financian los potenciales errores de los más ricos;  b) Dado que los bancos ya pagan un seguro para los ahorrantes menores, los riesgos que se cubrirán serán los de los dueños de los bancos y los grandes ahorrantes; c) Mantiene la condición del mercado financiero en donde las tasas pasivas son muy bajas y desalientan el ahorro, y el crédito para inversión y para el sector informal,  o no existe, o es limitado a tasas muy altas, lo que restringe el crecimiento económico nacional; d) Implica la potencial desviación de recursos públicos dirigidos a financiar  programas para el bienestar general, en beneficio de los que más tienen.

Es cierto, el sistema bancario es importante para la estabilidad financiera del país, pero, como diría mi mamá “al que quiera celeste, que le cueste”, por lo que para proteger a los grandes ahorrantes y a los bancos, que de las ganancias de estos últimos se contrate un seguro para cuando sea necesario. Si las ganancias son privadas, también lo deben ser el costo de mantenerlas y evitar pérdidas.

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