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La recomposición del poder

7 marzo, 2017 Samuel Perez

Sin duda el 2015 y las movilizaciones urbanas de las clases medias implicaron cambios marginales en el sistema político. Sin embargo, este tsunami fue efímero y superficial, y sus efectos corren riesgo de empezar a menguarse a dos años de haber comenzado. La victoria de Jimmy Morales, su elección de asesores y la integración de la bancada de FCN-Nación es un claro ejemplo de la recomposición de poderes tradicionales. Esta consolidación puede traer riesgos tan graves como la destitución de la pieza clave que inició con las movilizaciones urbanas: Iván Velásquez.

Las consecuencias reales de las movilizaciones de 2015 se vieron principalmente en una insuficiente reforma a la Ley Electoral y de Partidos Políticos, la continuidad de la CICIG y algunos cambios en la ley orgánica del MP y la SAT. Por otro lado, los grupos tradicionales de presión continuaron impulsando con éxito su agenda. Esto es evidente al considerar que junto con las exiguas reformas políticas, se amplió el plazo para los privilegios fiscales, se bloquearon las reformas constitucionales al sector justicia y los fusiles en las calles y las tácticas de desinformación y propaganda en insertos de prensa migraron a asesores presidenciales y páginas en redes sociales.

Ahora bien, a inicios del 2017, luego de un período de inestabilidad esperada, como resultado de la elección de un outsider, los poderes tradicionales se han dado a la tarea de cercar sus círculos y protegerse las espaldas. Sumado a esto, la Juntita, el núcleo duro asesor de Jimmy Morales, similar al comité de crisis de Otto Pérez Molina, fue cooptado por exmilitares y posibles implicados en casos de corrupción (en el mejor de los casos) y con la intención de un autosabotaje lo han convencido de que existe riesgo de un golpe de Estado.

Estas estrategias de desinformación e inestabilidad no resultan novedosas para un país con la historia política de Guatemala, y por lo tanto parecen creíbles y posibles. Las marchas contra la corrupción no fueron capaces de erradicar los prejuicios ni de elevar el nivel de debate en la sociedad. Esto representa un riesgo pues la difusión de propaganda y las campañas de desprestigio encuentran terreno fértil en una sociedad acostumbrada a la polarización.

En este contexto se ha reiniciado la campaña de desprestigio contra la CICIG y específicamente el comisionado Iván Velásquez. Esta campaña tuvo eco e incidencia en 2015, cuando debía ser renovado el mandato de CICIG y, de no haber sido por la presión social, quizá hubiese tenido éxito. Ahora, las primeras expresiones de la rearticulación de esta campaña responden a un reacomodo de fuerzas de poder. Las expresiones de rechazo van desde la censura en medios hasta videos de diputados oficialistas.

Considerando que la CICIG y el MP son las instituciones con mayor apoyo de la población, resulta irracional que existan actores políticos y mediáticos que explícitamente se pronuncien en contra de una institución que se ha comprobado imparcial, eficiente y con un actuar bajo el estricto cumplimiento de su mandato. Esto deja entrever que las intenciones parecen ser o un último intento apologista para ganar capital político antes de que las investigaciones terminen involucrándoles o bien, un intento de recuperar el poder perdido ante el surgimiento de nuevos actores sociales, incluyendo la CICIG.

En suma, las marchas de 2015 permitieron un espacio de reformas que no se ha aprovechado y sus resultados han sido insuficientes. La reestructuración de poder de actores sociales tradicionales y un contexto de desinformación ha permitido la difusión de propaganda y el discurso ha empezado a permear, como lo hizo en 2015. Esto podría implicar que cuando llegue el momento de renovar el mandato de CICIG su percepción positiva haya caído ante una sociedad poco crítica y acostumbrada a los dogmas, pero también podría ser un precedente para campañas de desprestigio contra nuevos actores sociales.

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