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Las élites ante la encrucijada

28 julio, 2017 Eduardo Mayora

El desafío qué plantearle a un consejo de notables, sería el de generar una propuesta de reforma constitucional del sistema de justicia, con total independencia.

Opino que la encrucijada ante la cual se enfrentan las élites en estos momentos marcará de manera muy profunda el futuro de Guatemala. Y, por tanto, el futuro de las élites, también. Veo esa encrucijada en términos de intentar una de dos cosas: constituir ahora un sistema de justicia verdaderamente independiente, por un lado, o intentar que el régimen actual resista hasta que llegue una mejor oportunidad, por el otro.

La primera opción es compleja porque, evidentemente, ya la comunidad internacional, por conducto de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), ha dado el primer paso. Ese primer paso es una iniciativa de reforma constitucional (que en su día hicieron propia los presidentes de los tres poderes del Estado) que incluyó elementos sumamente controversiales, como lo son los del derecho consuetudinario indígena y la jurisdicción de los pueblos indígenas.

La inclusión de ese elemento produjo una polarización política radical, no solamente respecto de este punto sino en cuanto a la iniciativa en su conjunto. El sector económico organizado y sus círculos de influencia dejaron de entender la reforma constitucional planteada como un proyecto de buena fe, suscitándose en cambio la impresión de que se trata de un plan disfrazado. Un plan a favor de las izquierdas.

La segunda opción, es decir, que el régimen actual aporte un nivel mínimo de “apariencia de justicia” hasta que llegue el punto en el que, sin la injerencia de la comunidad internacional, quepa una reforma que no se salga de su control, también es sumamente compleja. Para empezar, hay unos escándalos de corrupción que tienen que llegar a resolverse sin más dilación. Luego está “el riesgo país”. Sin una reforma a fondo es bastante probable que la calificación del país vaya a peor, con los consiguientes efectos económicos: menos inversión nacional y extranjera, y menos y más costosa financiación en los mercados internacionales. 

Creo, empero, que hay una tercera opción. Pienso que las élites todavía pueden intentar una reforma basada en los principios universales del derecho y la justicia y su expresión contemporánea. Esto podría lograrse si, por ejemplo, convocaran por medio de un procedimiento abierto y transparente, a un “consejo de juristas y politólogos”; un grupo compacto de especialistas cuyas credenciales y trayectoria fuesen dignas de crédito, como ciudadanos también. 

El desafío qué plantearle a un consejo de notables como ese, sería el de generar una propuesta de reforma constitucional del sistema de justicia, con total independencia. Esa propuesta tendría que concebirse y completarse en un plazo no mayor de tres meses y se pondría a disposición de la sociedad y del Congreso de la República, como punto de comparación, como una fuente de elementos de juicio, como una guía a considerar. Naturalmente, una propuesta de ese tipo pudiera llegar a iluminar el contenido de la iniciativa de reforma constitucional actualmente sujeta a debate parlamentario, e incluso pudiera convertirse, en todo o en parte, en otra iniciativa de reforma constitucional del sistema de justicia.

En esta encrucijada está en juego la gobernabilidad del país, la posibilidad de que se reencauce su vida institucional y de que, con mucho esfuerzo y acierto, su sistema constitucional se acerque un poco más al ideal del imperio del derecho.

Creo que no es una encrucijada en la que las élites puedan limitarse a decir “no”, sin faltar gravemente a sus responsabilidades como tales, y sobre todo, en la que tienen mucho qué ganar.

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